Sorpresa electoral

El Diario, 26 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Pocos pudieron no sorprenderse la mañana del lunes anterior cuando, en el curso de la presentación de la memoria del proceso electoral del 2010, a cargo del presidente del Instituto Estatal Electoral, Fernando Herrera, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, anunció la presentación de una reforma para ampliar a cuatro años los períodos de los alcaldes y de los integrantes del Poder Legislativo, así como el de acortar el período de la siguiente administración estatal a fin de empatar –hacer coincidentes– las elecciones de gobernador del estado con las federales de mitad de sexenio.

Pero mayor fue la sorpresa al saberse que al día siguiente, César Duarte presentó personalmente ante el Congreso del Estado la iniciativa de reforma.

Duarte afirmó que tal iniciativa estaba abierta a la consideración de los chihuahuenses, lo que ratificó instantes después al abordársele por el escribiente. No puede esperarse cosa distinta del Poder Legislativo, pues si bien es una propuesta, en lo general, bien recibida, deberá acompañarse de una discusión que no deje de lado un conjunto grande de reformas al marco electoral, y de aspectos que pudieran obligar, al poco tiempo, a la reconsideración de una reforma que es de hondo calado.

La exposición de motivos aborda de manera tangencial el tema de la reelección continua, asunto en el que aparentemente ya no hay diferendos entre las fuerzas partidarias, y que en el documento pareciera que sus autores deploran el hecho de que se requiera una modificación constitucional –de la república– para concretarla.

La reforma afectará tanto la dinámica político-electoral que obliga al Poder Legislativo a actuar de manera distinta a lo hecho hasta hoy en el poco más de un tercio de su gestión, es decir, deberá, además de abrir la discusión a los chihuahuenses, invitar a expositores del más alto nivel en esta materia y a legisladores y gobernantes de otras latitudes a ofrecer sus experiencias a quienes seremos beneficiarios de tal reforma.

De entrada, además de los beneficios aparentes que se derivarían del alargamiento del período de los alcaldes –ya es una certidumbre más o menos generalizada– que, se dice, podría hacer que los equipos gobernantes se consolidaran en el ejercicio de la administración pública, hay un aspecto que puede redundar en beneficio de la sociedad, esto es que de acuerdo con la propuesta, se reduciría mucho el efecto “chapulín”, esto es, el abandono de una responsabilidad derivada de una elección por la intención de ir a ocupar otra, sin haber terminado el período para el que fue electo el aspirante.

Más allá de tales alcances, y de la posibilidad de que las fuerzas políticas finalmente le impongan a la sociedad la reelección inmediata, el hecho de prolongar la gestión de alcaldes y diputados, sin antes aprobar la reglamentación de las diversas figuras de la democracia participativa, hace que las reformas propuestas aparezcan más como una necesidad de la clase política que de la sociedad.

Pero el hecho de acotar el efecto “chapulín” sí que es para reflexionarlo. Los gobernadores, por lo menos a partir del próximo ya no llegarán acompañados de sus compañeros candidatos a las diputaciones, más aún, se abre la posibilidad de que los grupos hegemónicos de legisladores no sean de las simpatías del nuevo gobernador, independientemente del partido, pues los legisladores tendrán ya dos o tres años en sus encargos cuando arribe el nuevo mandatario. Eso no ocurrirá en el siguiente período (y se repetirá hasta el 2033) pues en 2021 se elegirán el mismo día el gobernador, los legisladores locales, los alcaldes y los diputados federales, y así cada 12 años.

Para ilustrarlo mejor, asentemos las elecciones a celebrar, por lo menos hasta el año 2022, en caso de aprobarse la reforma: En 2013 elecciones de alcaldes y diputados; 2014 sin elecciones; 2015, elección de diputados federales; 2016, de gobernador; 2017, alcaldes y diputados locales; 2018, presidente de la república, senadores y diputados federales.

Las siguientes elecciones son hasta el 2021, de gobernador, alcaldes, diputados locales y federales; 2024, presidente y diputados federales; 2025, alcaldes y diputados locales, etc.

En tanto, la frecuencia con la que tendremos elecciones cada año se acortará o se alargará, conforme a la coincidencia de las fechas electorales, y la variación será que en algunos sexenios habrá elecciones en tres años y en otros, cuatro, de tal manera que el ahorro económico y anímico –respecto del hartazgo electoral de la ciudadanía– realmente es poco.

Por supuesto que hacer modificación tendrá un efecto directo en el abatimiento de la enfermedad del “chapulín”. Ya no los veremos, por lo menos no tan frecuentemente, saltar de un puesto de elección popular a otro como ahora pues en la mayoría de los casos, quienes busquen un cargo local y después uno federal, deberán esperar uno o dos años para tal acontecimiento. Por supuesto que esto no evita que algunos busquen la diputación local desde la alcaldía, o desde las regidurías, y viceversa.

Del mismo modo, los alcaldes que ansían la gubernatura ya no deberán dejar la presidencia municipal para alcanzarla, ni los diputados locales, a menos, claro, que sean los que están en funciones.

Y esa sí que es una afortunada ventaja. Solamente cada 12 años tendremos la posibilidad de que los alcaldes y diputados locales en funciones sean acosados por tan temible virus del poder político, pues sólo hasta que transcurra dicho período vuelven a coincidir las elecciones de tales funcionarios.

El enfoque deberá abordarse en otra de las facetas de la reforma propuesta. En la de las ventajas de alargar los períodos gubernamentales de alcaldes y diputados, pero en las que necesariamente debería ir acompañado de otras múltiples reformas al quehacer legislativo, en primer lugar al de la importancia otorgada al trabajo de las Comisiones Legislativas, que en este momento es prácticamente nulo.

Sólo para dar un ejemplo de tal aserto. La clase política chihuahuense ahora se ufana de haber impulsado, primera en el país, la prisión vitalicia para sancionar diversos delitos y que hasta en el ámbito federal ya se inició el proceso legislativo para ello.

Pero si hiciéramos una revisión del trabajo de investigación efectuado, ya no por los iniciadores de la reforma –el Poder Ejecutivo–, sino por los más directamente responsables de aprobarla, los legisladores, nos encontraremos que las comisiones respectivas no realizaron trabajo alguno de investigación, ni de confrontación con las legislaciones de otros países que les hubieran allegado más elementos para argumentar que tal reforma incidió directamente en la disminución de los delitos a perseguir con una legislación de este tipo.

Pues bien, tales aristas del quehacer legislativo son las que se deben cambiar, es decir, efectuar una gran reforma de la ley orgánica del Poder Legislativo porque así como están los cuatro años se antojarán eternos, hasta para los mismos diputados.

Pero apenas empezamos el debate sobre la reforma.

Insensata e ilegal detención— No podían fallar, como en prácticamente todos los procesos electorales celebrados a partir del año 2000 en nuestra entidad, las fuerzas federales se dan el tiempo necesario para encarcelar a alguno de los dirigentes sociales chihuahuenses.

Ahora es el caso de Francisco Hernández Ochoa, miembro de la dirigencia del Movimiento Amplio de Resistencia Civil en Chihuahua, y de la Red Nacional de Resistencia Civil en Contra de las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, a quien acusan de “robo de energía eléctrica”, que seguramente tiene su origen en las múltiples manifestaciones y acciones realizadas por este grupo de la sociedad civil de la capital del estado, en contra de la elevación de las tarifas del servicio eléctrico.

Por razones semejantes a las del episodio aquí relatado, años atrás el hoy fallecido dirigente campesino, Armando Villarreal Marta, debió pasar poco más de dos años en la cárcel, después de recibir la solidaridad de todas las agrupaciones sociales y campesinas de Chihuahua, incluida la ofrecida en su momento por la dirigencia estatal y nacional de la CNC, a la que entonces pertenecía el hoy gobernador del estado, César Duarte.

Igual solidaridad y atención merece Francisco Hernández, hombre al que sólo puede achacársele su inveterada militancia social al lado de los más desamparados durante más de tres décadas.