Peculado electoral panista

El Diario, 28 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Un aspecto no bien resaltado de las controvertidas elecciones internas del PAN chihuahuense del domingo 19, para designar a sus candidatos a senadores, y que ha sido denunciado por el aspirante Javier Corral, es el relacionado con la probable comisión de delitos electorales, entre otros, por Arturo Urquidi, y de –como se asienta en los expedientes judiciales– quienes resulten responsables.

Porque no se trata solamente de las denuncias de “acarreo” que, por lo demás, en el ámbito externo no merece sanción alguna, salvo si se demuestra condicionamiento para la emisión del voto, y eso en los procesos electorales constitucionales (podría ser que también en las elecciones internas, pero esa es una veta aún no explorada pues se pueden argumentar violaciones a los derechos de los ciudadanos), pero importa, y mucho, el uso de recursos públicos, tanto en el “acarreo”, como en el condicionante a votar.

Las denuncias de Corral apuntan, en este sentido, no solamente a los funcionarios del ayuntamiento de Ojinaga, también a los de Meoqui y a algunos delegados federales, entre ellos al de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Eduardo Esperón.

Pero no es el único de los participantes de esa contienda memorable para los panistas que ha denunciado el uso de recursos públicos en la contienda interna. Cruz Pérez Cuéllar, en su portal de Facebook, al momento que le pedía a Carlos Borruel reconocer su derrota, lo acusó de contar “con al menos el triple de recursos que nosotros gracias al financiamiento del principal extorsionador de constructores en Chihuahua que es Eduardo Esperón delegado de la SCT en nuestro estado y el ilegal e indebido apoyo del delegado estatal de Oportunidades, Jorge Bermúdez”.

La respuesta no pudo ser más contundente, el delegado Esperón le dijo que “para hacer ese tipo de declaraciones, se deben tener las manos limpias”.

Con estas acusaciones se estrenará la nueva titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electoral (Fepade), Imelda Calvillo, a quien el PRI acusó de ser una funcionaria “a modo” de Felipe Calderón, a fin de intervenir en el actual proceso electoral.

A tales denuncias se sumará una aun más preocupante, la del PRD a Felipe Calderón, a quien acusa de cometer el mismo delito, por el hecho de haber presentado una encuesta –en la que se leía en la parte inferior, “Fuente, Presidencia de la República”– en la que señaló el nombre (a juicio de la mayoría de las fuentes citadas) de Josefina Vázquez Mota y expresar que ya solo había una diferencia de 4 puntos entre la candidata del PAN y el del PRI, Enrique Peña Nieto, y no mencionar al de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, y expresar que la contienda presidencial sería muy competida.

Por supuesto que tales declaraciones no guardan inocencia política alguna. Las lanzó en el seno del Consejo de Administración del Banco Nacional de México, en el curso de una intervención en la que Calderón insistía en convencer, a uno de los grupos de los hombres más ricos de México, que el rumbo tomado por la actual administración es el correcto, y de manera tangencial, como no queriendo la cosa, mandar el mensaje de que vale la pena darle continuidad en la persona de la abanderada del blanquiazul. Igual que seis años atrás hacía Vicente Fox, al que tanto denuesta hoy al actual ocupante de la residencia presidencial.

Asombran las coincidencias. Los propietarios de esa institución bancaria fueron de los más beneficiados de la obra de gobierno de Fox –el principal accionista, Roberto Hernández había sido compañero de estudios del entonces presidente–, y en una de las propiedades del banco el guanajuatense vacacionó entre el 2 de julio y el 1 de diciembre del año 2000, además de que un edificio fue ocupado en ese período por quien sería descrito por Fox como el equipo que trabajaba “por amor a la patria”.

Hoy se les intenta seducir por quien debería mantenerse ajeno a la contienda presidencial y que, por pura coincidencia, es el jefe de la responsable de la persecución de los delitos electorales.

¿Investigará a su jefe, y a los funcionarios de su mismo equipo, denunciados por el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, es decir, Javier Corral, su compañero de partido?

Nunca, dirían en mi rancho.