“No más armas”

El Diario, 19 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
A poco más de dos años de la masacre de Villas de Salvárcar, Felipe Calderón visitó nuevamente Juárez, en una gira cuyo objetivo principal fue el de hacer patente que el gobierno federal ha realizado su “tarea” y con la cual pretendió lanzar el mensaje al país, dentro de su estrategia poco encubierta de influir en el proceso electoral, de que su administración es parte fundamental en el descenso de la criminalidad en el antiguo Paso del Norte.

Pero cuando la realidad es muy distinta a los discursos oficiales –y en el presente gobierno, por desgracia, es la tónica central– aparecen, indefectiblemente, las evidencias de tales contradicciones.

En esta ocasión no podía de ser de otra manera. La realidad es que algunas de las cifras delictivas han ido a la baja en todo el 2011 y el presente año, entre ellas las de los homicidios, pero de ahí a presentarlas con una disminución de casi el 60%, tal como lo asentó Felipe Calderón en esta visita, hay un mundo de diferencia.

No es el único hecho extremadamente criticable de quien hoy ocupa la silla presidencial. En una actitud rayana en lo ridículo, presidió el acto mediante el cual se instaló una manta –fabricada, la estructura, con material producto de armas decomisadas– en la que, a la manera de los manifestantes de cualquier lugar del orbe, le exigió a un destinatario –en este caso desconocido– cesara el tráfico de armas a nuestro país.

Por supuesto que todos sabemos –o la mayoría de los mexicanos, quizá– que tal demanda se le hace al gobierno norteamericano, pero al actuar de esa manera, la actual administración mostró su verdadero empaque, pues en lugar de hacerlo con la altura que le ofrece ostentarse como el gobierno legal, representante de una nación, se rebajó (por supuesto que tal expresión no lo es para quienes, desde la filas de la organización civil así lo hacen) al nivel de cualquier organización no gubernamental, o, incluso, al de las organizaciones criminales que en los últimos cinco años han usado tal medio como uno de los mejores para atacar verbalmente a sus contrincantes, o para lanzar amenazas a particulares y autoridades.

Pero si el difundir sus consignas y reclamos a través de este medio es una de las principales características de la sociedad civil del mundo contemporáneo, y cuya razón estriba en la carencia de los instrumentos necesarios para colmarlas, no lo es, de ninguna manera para un gobierno establecido, y menos en esta materia, en la que el gobierno federal cuenta con todos los instrumentos necesarios para impedir el ingreso a nuestro país de la enorme cantidad de armas existentes.

Así, en vez de pretender ocupar el lugar de los manifestantes, Calderón debería ordenar que los retenes hoy colocados de manera anticonstitucional a lo largo del país, para intentar impedir el ingreso de estupefacientes y migrantes a los Estados Unidos, debiera colocarlos en sentido distinto para detectar el ingreso de armas a nuestra nación y no sobajar aún más la deteriorada imagen del presidente de la república. ¿Se imaginan las carcajadas de Barak Obama y de todos los titulares de las dependencias norteamericanas relacionadas con este tráfico? Y ya no digamos las risas de los más altos funcionarios de esas dependencias, sino las de los fabricantes de armas, las de los jefes de los cárteles, las de los delincuentes mismos, y las de los ciudadanos más informados acerca de la dignidad que deben guardar los jefes de Estado.

No es el único desatino realizado por Calderón en la que puede ser su última visita a Juárez. Con el ánimo de llamar al optimismo y con ello a que la sociedad evalúe mejor a su gobierno, nuevamente mintió en el mejoramiento de las estadísticas criminales del antiguo Paso del Norte.

Ya lo había hecho en visita previa, cuando comparó el número de ejecuciones presentadas en el mes de octubre de 2010 y las sucedidas en febrero de 2011, y con ello dio por hecho que la caída en el número de este índice era el correcto. Ya en aquel momento ubicó el descenso en el 60%, lo que era una flagrante mentira, la que tuvo su origen en las cifras proporcionadas por Alejandro Poiré, entonces vocero del Consejo Nacional de Seguridad Pública y hoy flamante Secretario de Gobernación, testigo de las nuevas cifras-mentiras de su jefe.

Y es que Felipe Calderón afirmó que la tasa de homicidios ha bajado en Juárez en el 57% desde la vigencia del programa “Todos somos Juárez”. Dicha cifra choca con la obtenida por El Diario de Juárez (Nota de M. Coronado/R. Chaparro, El Diario, 18/II/12) ubicada en el orden del 33% “de acuerdo con las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado”, pues en 2010, según “los protocolos diarios que ha publicado la Fiscalía sobre este delito en los últimos dos años, desde que arrancó el programa” mencionado, “en 2010 se registraron un total de 3 mil 115 homicidios, en tanto que en 2011 el conteo oficial fue de 2 mil 086 asesinatos”. (Ibídem).

No es sólo eso. Los reporteros encontraron que en el blog de la Presidencia de la República, Calderón escribió que la reducción era del 45%, para luego manejar la anotada líneas arriba del 57%, merced a la misma maniobra estadística efectuada en la visita previa, cuando comparó las cifras de sólo dos meses, y no, como lo hacen todos los estadígrafos profesionales, períodos completos.

El panista comparó el número de crímenes cometidos en enero de 2011 –269– contra los 117 homicidios registrados el pasado enero de 2012 y dejó de lado que el año 2010, justamente el del inicio del programa mencionado, a raíz de la masacre de Villas de Salvárcar, fue el peor en materia de ejecuciones en Juárez y que, como lo sostienen varios de los entrevistados en la nota de referencia, tal fenómeno se presentó a pesar de la presencia de los contingentes del Ejército Mexicano y la Policía Federal.

Sin embargo, tales afanes por edulcorar o matizar la siniestra realidad de la ciudad que aún mantiene el liderazgo en esta tragedia no son exclusivos de la autoridad federal.

En otro descollante trabajo del Staff de El Diario de Juárez (13/I/12) se develó que la “página oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que presenta datos generales de la incidencia delictiva de todo el 2011, registra un número menor de asesinatos al de los documentados por ellos mismos a través de sus protocolos”.

El hallazgo consistió en que dicho portal informaba de la presentación, de enero a diciembre de 2011, de mil 682 homicidios, la que luego cambió, una semana después, en el mismo sitio, a mil 541. Las contradicciones siguieron. No es una novedad asentar que El Diario de Juárez ha establecido un seguimiento de este tipo de delitos, basado en los reportes oficiales de la Fiscalía General, los que mostraron, en el período mencionado, de una cifra de mil 973 homicidios.

De ese modo, el descenso, tan solo en las estadísticas oficiales, es de poco más de 400 asesinatos, que impactan seriamente cualquier estadística y echan por tierra la confianza ciudadana en las ofrecidas por las instancias correspondientes.

En descargo parcial de tal hecho, deberá anotarse que la nota informa que al día siguiente de su publicación, el vocero de la Fiscalía, Carlos González, “reconoció que esta cifra estaba equivocada, por lo que comenzaron a trabajar en ella para corregir el error” y ubicaron el total de homicidios registrados en 2011 en 2 mil 86 asesinatos, pero “la cifra hasta ayer por la tarde no había sido actualizada en la página de la FGE”. (Ibídem).

Tales errores y dislates en nada ayudan a mejorar la percepción ciudadana acerca de la seguridad pública, al contrario, llaman a la desconfianza, más en una época en la que numerosas organizaciones y organismos de distinta índole efectúan muy serios estudios sobre la realidad delictiva del país. Así, de acuerdo con un informe elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, las urbes mayores de Chihuahua, Juárez y Chihuahua, se colocaron, durante el 2011, entre las 10 ciudades más peligrosas del ¡mundo Juárez en el segundo lugar, solo debajo de San Pedro Sula, de Honduras, con una tasa de 148 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en tanto que la capital presentó 83, debajo de Torreón con una tasa de 88, Chihuahua con una tasa de 83 y apenas por encima de Durango con una tasa de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes. (Nota de Martha Elba Figueroa, El Diario 13/I/12).

Lo dicho, la realidad es terca, muy terca, y esa es la que debe cambiarse.