¿Qué pasa en los penales?

El Diario, 16 de febrero de 2012
Luis Javier Valero Flores
El asesinato de una mujer y el intento de suicidio de su presunto asesino, en una de las salas de visita conyugal, en el penal de San Guillermo en Chihuahua, así como la pobre calificación otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a los penales de la entidad, muestran palmariamente que algo muy grave está sucediendo en ellos y que las autoridades correspondientes están cometiendo una infinidad de omisiones y faltas a la legalidad vigente, y quizá no solamente pues, de acuerdo con la información proporcionada por El Diario de Chihuahua (Nota del Staff, 15/II/12), aparentemente la mujer tenía registros de visitar a varios reos, lo que lleva a la conclusión de la existencia de una red de prostitución en aquel centro penitenciario.

No es el único dato llamativo de este episodio. El reo, de nombre Alberto Guadalupe Reyes García, ya había suscitado un incidente semejante el pasado 12 de enero, cuando intentó privarse de la vida, aparentemente después de sostener un altercado con su mujer e intentar agredirla, pero fue detenido por los guardias. Todo ello en la entonces denominada Unidad de Bajo Riesgo (UBR).

El intento de suicidio fue realizado con un pequeño cuchillo “hechizo” fabricado con un pedazo de lámina. Hasta ahí nada, digamos, “anormal”. El problema estriba en que dicho sujeto fue detenido a mediados de 2009, acusado de pertenecer a un grupo delictivo denominado “La Familia”, que se dedicaba, según la acusación, a extorsionar y secuestrar personas en los estados de Coahuila, Chihuahua y Jalisco, entidad ésta última en donde fuera detenido junto con varios de sus cómplices. (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario de Chihuahua, 11/VI/09).

Todos ellos fueron recluidos en el penal de San Guillermo por su “elevado grado de peligrosidad”, de acuerdo con los reportes de las autoridades de aquel entonces. Entonces ¿Qué hacía el preso en la UBR? ¿Quién determinó que su “peligrosidad” había terminado? Más aún, si ya existía un antecedente de extremada violencia contra una mujer –aparentemente su esposa- y de un intento de suicidio con una arma hechiza ¿Quién autorizó tal visita conyugal, en caso de serlo, y peor, en el caso de no serlo?

Las respuestas a tales cuestionamientos, cualesquiera que fueran, dan pie a concluir que sin ir muy lejos estamos frente a muy probables actos de corrupción en los mandos que debiesen ser de los más ajenos a ellos pues tienen bajo su responsabilidad el cuidado –y ojalá rehabilitación- de miles de personas, muchas de ellas elevadamente peligrosas, tanto por los delitos cometidos, como por las redes existentes al exterior de los penales.

Pero tales preocupaciones se quedan sin respuesta por parte de las autoridades, en una gravísima situación, porque periódicamente los chihuahuenses nos amanecemos con las más trágicas y estremecedoras noticias procedentes de los reclusorios existentes en la entidad y ante las cuales invariablemente se informa que se están haciendo las “investigaciones correspondientes”, después de lo cual sobreviene el silencio… hasta la siguiente tragedia.

Tales hechos vienen a develar la existencia de un océano de corrupción, que en su momento fue revelado, por ejemplo, por Fernando Oropeza Oaxaca, ex subdirector de la UBR, y quien fuera asesinado, después de denunciar públicamente las corruptelas existentes en ese centro penitenciario, dos días después de su destitución, aparentemente causada por la comisión de graves delitos durante el desempeño de ese cargo.

Ojalá se entendiera en las más altas esferas del poder político de la entidad que sanear los penales es una de las urgencias más sentidas por la población, porque hechos como los ahora relatados solo ponen en evidencia que ni siquiera ahí en donde la autoridad tiene todos los instrumentos para controlar a los delincuentes puede hacerlo, y si no puede en esos centros ¿Cómo imaginarse que lo podrá hacer afuera de ellos?

Por supuesto que se hace imprescindible una investigación, solo que con algunas pequeñas diferencias, la autoridad deberá partir del presupuesto que los niveles de confianza de que goza han disminuido terriblemente, razón por la cual debiese efectuarla, pero con el máximo de transparencia y confiabilidad.

Está obligada.