Relaciones inexistentes

El Diario, 30 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
La dimensión de la tragedia de Monterrey, y la secuela de acontecimientos eclipsó a otros ocurridos previamente, por desgracia casi todos ellos relacionados con la ola de violencia que azota al país. Entre ellos la reunión nacional de alcaldes, celebrada a principios de la semana anterior en la capital del estado.

Más allá de la trivial polémica desatada por el coordinador de los diputados locales, Héctor Ortiz, que la descalificó y enderezó severos cuestionamientos contra el alcalde de la capital, Marco Adán Quezada, los resolutivos de la reunión pública levantaron serias polvaredas en la capital del país y develaron una muy preocupante situación: La práctica inexistencia de relaciones entre Felipe Calderón y las dirigencias de las tres organizaciones de gobernantes municipales.

Deberá anotarse que cada uno de los tres partidos más votados nacionalmente, ha creado su propia organización de alcaldes; sin embargo, en los últimos años ha existido una especie de coordinación entre ellas y han dado origen a la Federación Nacional de Municipios. Con motivo de la creciente inseguridad y la falta de certeza en la distribución de los recursos para seguridad pública, y preocupados por el inicio de la vigencia de la ley contra el narcomenudeo, se dieron cita los representantes de las organizaciones municipalistas, convocados por el municipio de Chihuahua.

El documento final causó escozor del bueno en el gobierno federal. Independientemente de ello, lo que trasluce es para poner los pelos de punta.

Los alcaldes denunciaron ante la opinión pública que Felipe Calderón no se ha reunido con ellos a lo largo de su administración, que en la Presidencia de la República ni siquiera responden a su planteamiento; exigieron ser incluidos, con voz y voto, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública para superar “la visión de un federalismo excluyente, al dejarnos fuera de la mesa donde se debaten y acuerdan las estrategias nacionales en la materia”; exigieron –a los días se les reintegraron– la entrega inmediata de la segunda parte de los recursos del Subsemun pues “han sido suspendidos o cancelados en forma unilateral y absolutamente injustificada, con sustento exclusivo en los excesivos requisitos burocráticos elaborados desde su origen para no cumplirse por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Tema central de las preocupaciones de los alcaldes, en vísperas de la presentación del proyecto del presupuesto federal, por parte de la Secretaría de Hacienda, exigieron que el Sistema de Seguridad Pública Nacional dejara “de utilizar el Subsemun como un instrumento de coerción en contra de los municipios, al hacer uso sesgado y partidista de dichos recursos que el Congreso de la Unión otorga a los gobiernos municipales, y del cual el Gobierno Federal solamente debería ser un administrador”.

Y se lanzaron a la yugular contra el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, al que demandaron detuviera “las acciones mediáticas de hostilidad en contra de los presidentes municipales del país, al descalificarlos en forma sistemática en los medios de comunicación y hacerlos responsables de todas las incapacidades en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico”, y de paso se deslindaron, pues afirmaron que tales tareas son de “competencia federal establecida claramente en nuestra Constitución y en nuestras leyes”.

Y le pidieron al Congreso de la Unión, cambiara los criterios del Subsemun para evitar de este modo “la discrecionalidad de la burocracia, acotando los criterios de operación de este recurso e impidiendo cualquier manipulación indeseable”. ¡Nomás

Reclamaron que “tan sólo el 3% del Presupuesto de Egresos de la Federación es destinado a municipios; 17% a los estados y el restante 80% es ejercido por el gobierno federal”, causa, dijeron, de una buena parte de las calamidades sufridas a manos de una delincuencia aparentemente incontrolable.

Finalmente, solicitaron el aplazamiento de la puesta en vigor de la ley contra el narcomenudeo hasta diciembre del 2012, en lugar de como fue aprobado, en agosto del mismo año.

Tales posturas motivaron las declaraciones de Héctor Ortiz, quien, tomó como base de sus afirmaciones la expresada por el alcalde Quezada –quien había dicho que llevaban cuatro años sin ser recibidos por Calderón–, obviamente hablando a nombre de todas las agrupaciones de alcaldes, incluidos los emergidos del PAN, pues en representación de ellos había participado el de Camargo, Arturo Zubía.

Perdió la brújula, dijo Ortiz, pero a la luz de ese acontecimiento, de esa falta de relaciones, de los hechos posteriores y de los cuales ahora nos lamentamos y que se ubican claramente, ya, en la senda de terrorismo ¿Quién perdió la brújula en el país?