“El Diego”

El Diario, 2 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
Imposible desligar las publicitadas detenciones de destacados delincuentes, según el gobierno federal, de su afán por mostrar, a la brevedad y conforme se acerca la elección presidencial, avances en el combate al crimen organizado.

Pero al hacerlo, revela, a plenitud, sus enormes carencias y deficiencias. Probablemente no alcancen a percibirlo, pero ya llevan suficiente tiempo en el gobierno como para no haberse percatado de sus enormes incapacidades.

¿Qué hace diferente a las agencias norteamericanas dedicadas a combatir el crimen organizado, de las mexicanas? ¿Cómo es posible que la DEA, por ejemplo, lleve al cabo mejores indagatorias sobre la actividad de los narcotraficantes mexicanos, en México, que las dependencias nacionales encargadas de los mismos asuntos?

No es novedad que al momento de la detención de uno de los delincuentes más peligrosos –como dicen ellos–, con un toque de orgullo, los jefes policiacos mexicanos informen que la misma obedeció a la coordinación sostenida con la DEA, como sucedió con la aprehensión de José Antonio Acosta, a quien ubican con el seudónimo de “El Diego”.

¿Una dependencia policiaca extranjera, con apenas unos cuantos elementos en el país, tiene una mejor labor investigadora que todas las mexicanas juntas?

Entonces es grave el problema que tenemos. La confirmación nos la entregó ayer mismo la PGR al anunciar la separación de 22 delegados de la dependencia en el país, se dice que por no haber pasado los controles de confianza.

Y si lo anterior es cierto, entonces las pintas elaboradas por elementos del crimen organizado, en las que amenazaban a la DEA, corroboran la elevada injerencia de los agentes norteamericanos, más allá, no solamente de las atribuciones legales que pudieran tener y de las violaciones al marco legal existente, que les marca límites muy precisos, sino porque evidencian la enorme incompetencia de las dependencias mexicanas, incapaces de ubicar a los jefes más sobresalientes del crimen organizado, lo que sí hace, al parecer, la dependencia norteamericana.

Siguiendo con las informaciones dudosas, Ramón Eduardo Pequeño, jefe de la División Antidrogas de la PF, al informar de la detención de “El Diego”, afirmó que en su declaración Acosta Hernández aceptó haber ordenado “el homicidio de aproximadamente mil 500 personas”.

Cuesta trabajo aceptar que a delincuentes de este talante, en cuanto los detienen, sufran una especie de diarrea verbal –no verborrea– y acepten, como en el presente caso, ser los autores de infinidad de crímenes y ya ¡Caso resuelto... en las oficinas de la PGR o de la PF, porque en cuanto llegan a las manos de los jueces, estos encuentran tal cúmulo de errores y deficiencias en el expediente, para acreditar la responsabilidad del detenido, que se ven obligados a liberarlos.

Y los elementos los ofrecen las mismas autoridades. Las federales dicen que ya está confeso de ser el autor intelectual de esa cantidad de crímenes ¿Habrán tenido la precaución de que esa declaración la hiciese frente a la autoridad correspondiente y acompañado de su defensor? Porque si no, entonces estaremos ante la posibilidad de que pueda ser liberado.

Así, los funcionarios federales dicen que ya confesó pero las autoridades estatales informan que Acosta no tenía órdenes de aprehensión.

Sin embargo, la extinta Procuraduría General de Justicia, la del sexenio anterior, ubicó a este personaje como el principal operador de varios de los homicidios más estremecedores.

Ahora bien, la sumisión de las autoridades mexicanas ante las norteamericanas se hace patente a cada paso. En el presente caso, igual que en la eliminación de Arturo Beltrán Leyva, la ubicación del presunto delincuente la otorgó la agencia norteamericana y Ramón Eduardo Pequeño, dijo que “por su relación con los homicidios del Consulado norteamericano, sea requerido en extradición por Estados Unidos”.

¿Cómo está eso de que asesinan a tres personas, de origen norteamericano, en territorio mexicano y que sean las autoridades norteamericanas las que exigen la entrega del presunto responsable, para ser procesado en Estados Unidos por haber cometido un delito en México?

¿Acaso el territorio norteamericano abarca, ya hasta Samalayuca? ¿Cómo está eso? ¿Por qué no nos avisaron para ya no pedir la visa norteamericana?

Híjole.