A discusión Ley de Seguridad Nacional

El Diario, 7 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores

"No queremos unas fuerzas armadas vulneradas por las decisiones equivocadas de su mando civil, ni tampoco envilecidas por una guerra también equivocada que las involucra en tareas que no les corresponden o por actos fuera de la ley de alguno de sus integrantes, que las llevan a enfrentar, no la amenaza exterior, no la defensa del territorio ni el auxilio en caso de desastres, sino a la población civil, a los mismos mexicanos, lo que las degrada de custodia de la nación a policía interior (…) Reiteramos que no sólo estamos hasta la madre de la guerra, sino también del engaño y de la simulación que la hacen posible y la acompañan”: Javier Sicilia.

¿Será que de pronto los legisladores recuperaron la mesura, la sensibilidad y la racionalidad, o que ya inició la campaña electoral?

Pueden, incluso, haber obrado con buena fe pero es que los antecedentes, en lo general, y en este caso en particular, nos llevan a pensar que sus acciones tienen, generalmente, motivaciones electorales.

Apenas en el curso de la semana, una vez que en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados se aprobó la minuta de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, aprobadas por la Cámara de Senadores y desatara la contundente reacción de Javier Sicilia y el Movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad, catalogándola como traición, el viernes las fuerzas políticas acreditadas en el Congreso de la Unión concretaron la decisión de convocar a una discusión bicameral, con la participación de la agrupación de Sicilia, en lo que significa, a no dudarlo, un notable giro en las posiciones de los principales partidos.

Las reformas aprobadas por los senadores, para convertirse en ley, deberían aprobarse sin cambio alguno por los diputados y enviarse a la presidencia para su publicación. Tal escenario es el que se podía prever luego que fueron aprobadas en lo general, pero reservados para su discusión todos los artículos, en una decisión que bien podía interpretarse como la puertita para que se aprobaran algunos de los temas que más interesan a los impulsores de estas reformas, Calderón y la cúpula de las fuerzas armadas.

Los legisladores de los tres principales partidos realizaron tal maniobra. En lugar de votarla en contra en lo general y entonces sí dar pie a la discusión de la sociedad, solo los integrantes –¡Quién lo iba a decir– del Partido del Trabajo, casi todos ellos participantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dirigido por Andrés Manuel López Obrador, rechazaron de plano tal propuesta y argumentaron que “contradice la Constitución y los principios del estado de derecho”, pues insiste en los “añejos” conceptos de seguridad nacional surgidos durante la Segunda Guerra Mundial. “La reforma contribuye a acentuar los problemas del actual marco legal” y porque –y ese es el meollo de la reforma– “le otorga al Ejecutivo federal en turno la facultad para que pueda por decreto declarar zonas de afectación, que en lenguaje liso y llano es la suspensión de garantías”.

En contraposición al espíritu de la reforma, argumenta el especialista electoral, Lorenzo Córdova, “el bien último a tutelar no es la emergencia, sino las libertades y los derechos de los individuos, para cuya garantía y protección se debe el Estado y se debe proteger al Ejército y su prestigio como institución clave de la democracia”.

Ante la aprobación de la minuta del Senado, la respuesta de la agrupación de víctimas –de la guerra de los cárteles y de Calderón (los señores de la guerra y la muerte, les llamó en los pasos iniciales del movimiento)– más estructurada, más cohesionada y con mayor presencia en el país, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), fue tajante, decidió suspender unilateralmente el diálogo sostenido con el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal, porque el primero “deshonró” la palabra empeñada al aprobar el dictamen de la ley aprobada en la Cámara de Senadores el 27 de abril pasado y porque diversos integrantes del segundo expresaron su beneplácito por tal aprobación.

Tenía razón el ex alcalde juarense, Reyes Ferriz, cuando afirmó, en distintas ocasiones, vanagloriándose, de que lo efectuado en Juárez por las fuerzas armadas era el plan piloto. Hoy sabemos que entonces ensayaban lo que pretenden elevar al ámbito nacional, es decir, establecer, de facto, una parcial suspensión de las garantías individuales, sin la declaratoria legal por el Poder Legislativo que establezca la duración de tal suspensión, ni los alcances de la acción militar, en aras de preservar un confuso concepto de “seguridad interna”, confuso desde el punto de vista legal.

El plan piloto implicaba el uso de las fuerzas armadas como policías, con todas las consecuencias que ello implica, es decir, privilegiar los conceptos bélicos, a los de la procuración de justicia, conducta congruente, por otra parte, con la concepción que dio origen a la “guerra” de Calderón y que hoy, lejos de distanciarse de ella, la refuerza, a pesar de los abrazos y besos otorgados por Sicilia a varios de los conspicuos integrantes de la cúpula política del país.

Pero recorrer el camino de dialogar con los gobernantes era un esfuerzo necesario de realizar; la esperanza deberá mantenerse hasta el último de los alientos, más si es el caso, como éste, de preservárselos a otras decenas de miles, que pueden sumarse a las del medio centenar de miles que lo perdieron en una guerra sin fin y que ahora Calderón y las fuerzas armadas pretenden convertirla en perenne.

Digámoslo claramente, las fuerzas armadas, para no verse desprotegidas, dicen, en una labor para la que, obviamente no están preparadas, impulsaron por todas las vías posibles la aprobación de estas reformas en las que existe una gravísima vulneración al Estado de Derecho (si se aprobara) pues, sin cambiar el texto constitucional del artículo 29, pretende adjudicarle al Presidente de la República atribuciones meta-constitucionales.

Esto dice tal artículo: “Artículo 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías (subrayado de LJVF) que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde”.

Tal facultad, la de que solo puede declarar la suspensión de las garantías constitucionales, si es aprobada por el Congreso, la pretenden cambiar por el procedimiento contenido en la reforma (diversos artículos) consistente en que, a solicitud de un congreso estatal, o de un ayuntamiento, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente declarará la suspensión y una vez declarada, y solo hasta que haya terminado, informará al Congreso de la Unión ¿Y si nunca la declara terminada, cuándo le informaría al Senado?

De ahí la pregunta de la ex presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, ante la premura del total de los senadores de su partido ¿Por qué tanta prisa si todavía no somos gobierno?

Más aún, la reforma aprobada por los senadores le otorga al Presidente amplias facultades discrecionales para enfrentar “mediante las fuerzas armadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y por medio de la represión, el espionaje a los ciudadanos e interrogatorios a civiles, estados de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligro para la seguridad interior”. (Editorial de La Jornada, 21/IV/11)

No es el único punto peligroso, en aras del confuso concepto de “seguridad interna”, cuando, a juicio del Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Pública se vea afectada, el jefe del Ejecutivo federal podrá usar a las fuerzas armadas contra movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, en una modificación que recuerda, en mucho, la persistencia de Calderón, en 2006, de exigirle a Vicente Fox usara la fuerza para desalojar el plantón de la avenida Reforma, promovido por López Obrador.

Ahora, todo eso, dicen los legisladores, será puesto a discusión y se declaran abiertos a aceptar argumentos contrarios a la reforma aprobada ¿Les creemos?