Inmediatez

El Diario, 18 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
Presos de la inmediatez, no solamente en el caso abordado ahora, sino prácticamente desde la aparición de la actual ola de violencia –desatada a partir de los primeros meses del 2008– no son pocas las ocasiones en que los gobernantes pretenden efectuar acciones, de diversa índole, destinadas, no sólo a enfrentar el incesante incremento delincuencial, sino también para incidir en la percepción ciudadana sobre la seguridad pública, que se transforman en garrafales errores. Más aún, se ha insistido tercamente en la vertiente de la elevación de las penas para prevenir el aumento de la incidencia criminal, a pesar de que continuamente se advierte que los resultados de tal tendencia, en muy poco, o nada, inciden en tal crecimiento delictivo.

Así, algunos años atrás se elevaron las penas para quienes resultaran culpables de feminicidios. Por lo que vemos ahora, muy pocos asesinos de mujeres tuvieron conocimiento de tal medida, pues en tan solo en lo que va del año más de 280 mujeres han sido asesinadas en territorio chihuahuense, a pesar de las sanciones penales incrementadas, cifra que supera a los asesinatos de mujeres cometidos en una década.

No es el único ejemplo de tal aserto, en Texas hace tiempo establecieron la pena de muerte y hasta ahora ese delito no ha disminuido. Entonces, incrementar las penas –por sí sola– no incide en la frecuencia con la que se cometen los delitos.

De este modo podríamos relatar una variada gama de acciones gubernamentales, especialmente las modificaciones legales, que en muy poco inciden en la realidad criminal del Chihuahua de hoy. En ese largo recuento podemos ubicar la Ley Estatal de Extinción de Dominio que prácticamente ninguna autoridad ha usado para acusar a algún delincuente.

Días atrás el gobernador del estado envió al Congreso una propuesta para reformar la composición de los tribunales de juicios orales y de casación, ahora conformados por tres jueces, para integrarlos por un solo juez o magistrado.

A primera vista, con los argumentos usados por la administración estatal, tal modificación adolece del mismo defecto señalado líneas arriba, pues se aduce que “el aumento de los niveles de violencia en nuestra entidad, ha obligado al Estado a responder con mejores mecanismos y operativos para detener y sancionar a los delincuentes, lo cual ha generado el incremento del número de causas penales, propiciando, así, que el Poder Judicial aumente la cantidad de Jueces de Tribunal Oral para constituir más ternas y celebrar más audiencias de debate”.

Pero tal argumentación no la hemos escuchado de parte de los principalmente interesados, es decir, los integrantes del Poder Judicial, y por las informaciones a la mano, podemos inferir que el principal problema del incremento de la violencia en la entidad no radica en el número de jueces, sino en las evidentes carencias y deficiencias del Ministerio Público.

Tal propuesta deja de lado un aspecto, crucial para entender el fracaso del viejo sistema de justicia penal, el de depositar en manos de un solo individuo las más importantes decisiones judiciales. Transferirlas a un tribunal, integrado por tres personas, hacía que se viera con optimismo el futuro de la realidad penal en Chihuahua; hoy se pretende regresar a aquel viejo esquema.

Representa un retroceso. La argumentación de la reforma destaca que “la sociedad podrá apreciar una mejor impartición de justicia al retomar la tradición de nuestra entidad, de conformar estos órganos jurisdiccionales de manera unipersonal”. Precisamente, muchas de las voces contrarias al nuevo sistema de justicia penal, cuando se discutía su aplicación en Chihuahua, decían que era contrario a las tradiciones chihuahuenses, exactamente cuando llegaba a inmensos niveles de repudio ciudadano el sistema de aplicación de justicia, en los que ocupaba lugar preponderante las dudas sobre la honorabilidad de los jueces.

No parece radicar, el problema de la aplicación de justicia, en la reducción del número de jueces en los tribunales, sino en el número de casos impunes, por encima del 90 por ciento, según todas las estadísticas, y si así están las cosas ¿Por qué no mejor confiarle los casos a tres individuos y de ese modo nos aseguramos –por lo menos con un menor margen de error– que se aplique mejor la ley?