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El Diario, 23 de agosto de 2011
Luis Javier Valero Flores
El anuncio no puede ser más espectacular: “Hoy Chihuahua y Juárez, muchas veces estigmatizados, dan la nota positiva al país, lo que ningún otro estado de la república ha logrado dar, la de que el 100 por ciento de los jóvenes tienen un lugar en educación media superior y superior”. Así lo dijo el gobernador del estado, César Duarte, en el inicio de cursos de la educación básica.
Hay cosas que se deben elogiar, ésta es una de ellas; podrá tener numerosas aristas criticables, pero sin duda la decisión de empujar –así, literalmente- a todos las instituciones de educación media superior y superior, a aceptar al total de los jóvenes que buscaron un espacio para recibir educación en esos niveles, es un hito en esta materia.
Todos lo dicen, –lo decimos- que el acceso a la educación es una veta, quizá la más importante, para cambiar la estrujante realidad que vivimos, y no sólo por la ola de violencia que nos aqueja, sino también para detener la incesante degradación social, no por nada los países con los más bajos índices de criminalidad y los más altos de tolerancia social, son quienes tienen los más elevados en materia de educación. Por supuesto que también en materia de desarrollo social y de ingresos económicos, pero a mayor nivel de educación, más elevada la participación y la exigencia sociales, de ahí el beneplácito con la medida.
Que tiene numerosos problemas a resolver, ni duda cabe, pero es un cariz que deberá reforzarse casi de manera inmediata, pues en muy pocos días tendremos a la mano consecuencias, no todas positivas, por desgracia, de lo atropellado de la medida. Para empezar, la improvisación de las instalaciones y la adecuación de los espacios, así como el aumento de alumnos por salón escolar, lo que puede acarrear un momentáneo descenso de la calidad académica -aunque no forzosamente- que esperamos sea eso, una momentánea disminución, pero que valoradas las ventajas de la medida no basta para desestimarla.
Son otras las vertientes que deberá afrontar la administración estatal, entre ellas la contratación de más maestros en el nivel de educación media superior y elevar el presupuesto que deberá otorgárseles a las dos universidades públicas que se comprometieron en la medida de aumentar los espacios en sus facultades, la Uacj y la Uach.
Todo ello implica, pareciera que poquito, una drástica reforma a la actual estructura del presupuesto estatal para el año 2012 pues, además de las plazas académicas, deberá presupuestarse lo necesario para las nuevas instalaciones pues es muy probable que ante la decisión de aceptar a todos los que solicitaron un espacio en estos niveles, se desate una mayor demanda el próximo año escolar.
Seguramente que en pocos años tendremos otros problemas, los derivados de la subocupación, o del desempleo "ilustrado" de quienes ingresaron ahora a las facultades y escuelas superiores en un mayor número al acostumbrado y es ahí en donde apreciaremos que, si bien la improvisación actual es bien recibida, por esperada, por necesaria, no será lo mismo si no se adoptan las medidas, de gobierno, destinadas a crear las condiciones necesarias para que la actividad económica en el estado les depare empleo, y bien remunerado.
Pero hay un asunto que, año con año, ocupa la atención de los medios de comunicación, y ese no sería mayor problema, sino porque se constituye en fuente de las preocupaciones de miles de padres de familia: Las cuotas de las asociaciones de padres de familia de las escuelas de educación básica, conocidas popularmente como de inscripción.
El principal argumento esgrimido consiste en que el gobierno estatal no aporta recursos económicos para el mantenimiento de las instalaciones escolares. No hay pretexto válido, además de la legislación existente -la educación impartida por el Estado, deberá ser gratuita y laica- hay otro argumento, más tangible: El presupuesto de egresos de la Federación incluye cada año una partida para cada gobierno estatal, destinada precisamente a ese rubro, el del mantenimiento de las instalaciones escolares.
En el curso de 10 años, del 2000 al 2010, se entregaron a las entidades, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), "poco más de 36 mil millones de pesos para rehabilitar y construir escuelas de educación básica". (Nota de Reforma, 27/IX/10).
El FAM está compuesto por tres subfondos, uno destinado a los desayunos escolares, 46% del total; otro para infraestructura educativa, del 35 por ciento, y el último para infraestructura de educación superior.
Es decir, si esto es cierto, y no hay elementos para creer lo contrario, las entidades federativas han contado con lo necesario, o punto menos que ello, para el mantenimiento de las instalaciones escolares ¿Y entonces, las cuotas para qué?
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