¡Qué espectáculo!

El Diario, 12 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Tarde, por un lamentable descuido, expreso mi pesar por el fallecimiento de Héctor Salayandía, luego militante de la izquierda chihuahuense, integrante, en su tiempo, del Partido Comunista Mexicano. A sus familiares, amigos y compañeros mi más sentido pésame. Dolió su partida.

Peor final no podría tener el sexenio de José Reyes Baeza Terrazas, por lo menos en lo político. El espectáculo ofrecido por integrantes de los tres poderes es verdaderamente lamentable. Pero en ese concurso, lo protagonizado por algunos integrantes del Poder Legislativo y por el titular del Judicial, se llevaron las palmas.

Los dimes y diretes, las acusaciones cruzadas entre abogados, las reformas y las contrareformas legislativas, todo a consecuencia de aprobar con premura las propuestas duartistas, convertidas en iniciativas de ley, para reformar una buena cantidad del marco legislativo en materia de procuración de justicia, y las acusaciones de “trajes a la medida”, nepotismo e improvisación ocuparon los lugares centrales de los medios de comunicación –y quién sabe si de la mayoría de los chihuahuenses-.

Si algo debemos lamentar es lo desvelado en el Poder Judicial. Ante las acusaciones de nepotismo, efectuadas, primero publicadas en El Diario, y luego reforzadas por un grupo de abogados –entre ellos un ex representante jurídico de Gobierno del Estado en tiempos de Patricio Martínez y un ex subprocurador- en contra del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Rodolfo Acosta Muñoz, las reacciones develaron infinidad de cosas a cual más de repudiables.

Ante las acusaciones, aparecieron sendos desplegados, firmados por decenas de abogados, a favor de Acosta Muñoz, descalificados por los denunciantes por haber sido, dijeron, inducidos por ser parte de los beneficiarios, y por haberse incubado al interior del Poder Judicial.

Pero al cúmulo de señalamientos de los denunciantes, Acosta respondió de tal modo que desveló, si bien no lo estrictamente criticado por los abogados –nepotismo, al dar ocupación a sus parientes desde el puesto que ocupa hoy- sino la forma en que se ha ido construyendo la burocracia de los niveles más altos en el ámbito estatal, esto es, a partir de las recomendaciones de sus familiares que funcionarios de unas dependencias efectúan a los de otras, precisamente para evadir la ley, y para -¡Oh, bendito ADN, tan terco en reproducirse, diría Don Carlos García Gutiérrez- reproducirse en el seno de la burocracia, o de los primeros niveles de gobierno.

Quizá no sabía lo que decía, o bien, les parece tan natural que no se dan cuenta de lo desmesurado que ocurran fenómenos como los relatados aquí. Don Rodolfo fue dando las fechas en las que cada uno de sus familiares ingresó al Poder Judicial, mientras él ocupaba la Dirección de la Facultad de Derecho, una diputación por el PRI, la rectoría de la Uach, la Dirección General del Colegio de Bachilleres y luego, a partir del 2005, magistrado del STJE, cargo en el que, asegura, ningún familiar ingresó al Poder Judicial.

Puede no haber movido un solo dedo a favor de sus parientes, pero concita muuucho sospechosismo que tantos familiares suyos ascendieran en el Poder Judicial mientras él se desempeñaba en cargos de primera importancia en el ámbito del partido gobernante.

Pero si fuera el único caso podría considerarse como una excepción; por desgracia no es así, no son pocos los hijos de destacados integrantes de la clase política que obtienen tempranos acomodos en la estructura burocrática estatal y que, de ese modo, inician largas y fructíferas carreras profesionales. Es que es el ADN, siempre presto a reproducirse.

Y de todo da la mata, ahí están los casos de varios de los detractores, en los que alguno de sus vástagos se desempeñan en la administración municipal, o estatal, o que, como lo hizo Acosta, al tratar de descalificar a sus descalificadores, mostró un talante verdaderamente menor para las dimensiones políticas y profesionales acorde con las máximas responsabilidades en la aplicación de justicia en la entidad.

Son todo un compendio las descalificaciones que hace Acosta de sus acusadores. Señaló al actual director de la Facultad de Derecho de la Uach, Rubén Portillo Acosta, como el autor de los ataques en su contra. Lo acusó de practicar el nepotismo, “pues tiene en la nómina de esa institución a su esposa, Flor Aidé Sánchez, y a su hermano Julio César Portillo”; además, dijo, de nombrar como maestro a un hijo de “la magistrada Jurado y su esposo, el licenciado Chavero, así como a otro licenciado de apellido Flores Legarda quien lo ha atacado en reiteradas ocasiones”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, 9/9/10).

Luego acusó al Lic. Villasana de nunca pararse “a dar clases”. Y de Oscar Castrejón, ex subprocurador, deploró que se ostente como representante en Chihuahua del llamado “Gobierno Legítimo” que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y “dijo que tiene dos asuntos pendientes de desacato a la autoridad”. (Ibídem).

Pero las acusaciones de nepotismo y los deslindes acerca de ese asunto, que en el fondo tienen como sustento la reelección, o no, de Acosta Muñoz, palidecen ante la picaresca presentada en el Poder Legislativo a raíz de la aprobación de la Coordinación para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. La aprobaron porque así nos la mandaron, dijeron los diputados -¡Increíble- del PAN, pero luego de informarle –fuera de libreta, es decir escondiéndose- a El Diario que ese puesto lo había pedido “como un favor personal”, el líder de los diputados priístas, Fernando Rodríguez Moreno, para, a continuación, en la práctica, desdecirse y luego, igual que todos, que el gobernador Reyes Baeza, que la mayoría priísta, ante la avalancha de críticas, dar marcha atrás a algo que Víctor Quintana se los señaló desde el principio.

Así, antes de que se publique en el periódico oficial, es decir, antes de que sea legal la creación del comisionado, ya recibieron la contrapropuesta del gobernador Reyes Baeza.

Pero de todos, el papel más lamentable fue el del diputado Antonio López, quien, al inquirírsele por la aprobación de tales reformar, sin empacho declaró: “Yo no soy borrego, y creo que mis compañeros tampoco, para andar en el limbo a ver qué pasa, o a ver lo que se decide al fin de cuentas”.

Para, a continuación, justificarse de brillantísima manera: “… así nos mandaron las reformas, así las aprobamos…”.

¿Y el papel de legisladores, y más, los de oposición, es que no están ahí para revisar si las cosas se hacen bien?

Por otra parte, se sabía, se intuía, un enfriamiento de las relaciones entre Reyes Baeza y Rodríguez Moreno, no porque tuviese interés generalizado el estado de sus relaciones, sino por las responsabilidades que poseen; ahora casi lo sabemos, a juzgar por las secas respuestas del líder parlamentario, en las que, ante los cuestionamientos, éste envió a los reporteros a preguntarle al gobernador.

¿Y los denunciantes qué? Algo debe haber de fondo pues cinco ex presidentes del Colegio de Abogados afirmaron que “hace cinco meses (el Colegio) denunció ante el diputado Fernando Álvarez Monge todas las irregularidades del Poder Judicial que hoy se ventilan públicamente, legislador que tristemente mintió a la prensa recientemente declarando que desconocía la situación del Poder Judicial”. Pidieron, entre otras cosas, la “Revisión del nepotismo existente en el Poder Judicial del Estado, específicamente del presidente Lic. Rodolfo Acosta Muñoz”, la derogación del cargo, motivo de las querellas de la última decena y la perla del pastel: Que el Congreso se pronuncie por la “no reelección del presidente del Supremo Tribunal de Justicia”.

Ya encarrerados, los abogados denunciantes pidieron la desaparición de la sindicatura y del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) como si sus denuncias y la última desaparición guardaran congruencia entre sí.

¿Cómo pedir la desaparición de la sindicatura si ésta se ha convertido, por lo menos en los casos en que el síndico proviene de partido distinto al del presidente municipal, en un formidable contrapeso a las presuntas corruptelas de los alcaldes?

Del mismo modo ¿Cómo piden la desaparición de un organismo, garante del derecho al acceso a la información pública? Pidan, en todo caso, la remoción de sus actuales consejeros y mecanismos distintos para evitar la partidización de sus nombramientos, pero de ahí a exigir la desaparición del organismo como tal es una verdadera agresión a lo poco avanzado en materia de transparencia.

¿A dónde iremos a parar?

NOTA UNO. En el acuerdo de las fracciones parlamentarias, si lo hubo, según fuentes del columnista, el aún diputado panista, Roberto Lara, no participó, pero ese es tema de otra entrega.

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