De julio a octubre son muchos meses

El Diario, 26 de septiembre de 2010
Luis Javier Valero Flores
Vaya nuestro pésame a los familiares, amigos y compañeros de David Reyes Castro, prominente asesor de, prácticamente, todos los últimos gobernantes chihuahuenses emanados del PRI.

Los Tigres del Norte lo cantaron, hace ya muchos años, en uno de sus corridos más críticos (Al filo del reloj, canción integrante de uno de sus mejores álbumes, Corridos prohibidos –1989–), y quizá más “políticos”. En otro contexto, y refiriéndose al ambiente político de aquella época, la de cuando el PRI era el partido todopoderoso, deploraban el enorme lapso entre el último informe del presidente saliente y la toma de posesión del nuevo mandatario:

¿Cuántas horas tiene un año?

¿Y cuántas un sexenio?

De septiembre hasta diciembre

Las cuentas se pasan haciendo

Y ahí empiezan a olvidarse que

Son empleados del pueblo

No es ese el sentido de la presente reflexión, sino en el del sentido más amplio, referente a todo el quehacer gubernamental en períodos como el actual, cuando una administración termina y otra inicia.

En aquellos años –cuando el priismo gobernaba– entre octubre y diciembre del año anterior, y cuando ya el candidato presidencial del PRI viajaba por el país –en campaña, se decía– el presidente saliente designaba a un nuevo secretario de Hacienda. Se entendía que ese nombramiento se hacía de común acuerdo con el cuasi-presidente para evitar que el relevo significara un entorpecimiento de las tareas propias de esta dependencia y, sobre todo, para enviar a los inversionistas el mensaje de que se mantenía el control sobre todos los aspectos relacionados con las finanzas públicas y las variables financieras.

Durante muchos años pensamos que tales calendarios no eran tomados en cuenta por las bandas del crimen organizado. Quizá lo que ahora acontece en Chihuahua sea producto, no de ese espacio en el que las autoridades salientes dejan de tener el control (así sea subjetivamente) y las entrantes aún no lo toman, sino de la propia dinámica de tales grupos, en sus propósitos criminales y en la guerra que sostienen entre sí, y esa, vaya que sí es una auténtica conflagración bélica.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que en los más recientes meses la matazón se incrementó notablemente en la capital del estado, hasta llevarla a padecer, por lo menos hasta el mes de julio, una tasa de homicidios muy cercana a la de Juárez, y que después de esa fecha probablemente se haya incrementado, posiblemente al parejo de esta última urbe que, por lo demás, ha visto incrementarse dicha tasa a los más altos índices de su historia.

Así, si bien las ejecuciones en Juárez mantenían una tasa creciente durante los primeros seis meses, de tal modo que superarían las efectuadas el año anterior, a partir de julio la tragedia se ha incrementado grandemente en las dos principales urbes chihuahuenses.

Si faltara un elemento para reafirmar la percepción descrita líneas arriba, la renuncia, separación del cargo, o vacaciones del titular de la CIPOL no hizo más que evidenciar el vacío que muchos ciudadanos perciben en el actual relevo gubernamental.

A cualquier circunstancia que obedezca la separación de Saúl Hernández de su cargo, en tanto la nueva estructura aprobada por el Congreso del Estado no se pusiera en marcha, pone en más grave riesgo la endeble seguridad pública existente en la entidad y muestra la necesidad de instalar nuevos esquemas institucionales para el relevo de las actividades centrales de la administración estatal.

Más en las condiciones actuales, en las que la situación empieza a mostrar el enorme hartazgo de la sociedad ante la inoperancia de las instancias gubernamentales y que ha llevado a no pocos ciudadanos a la desesperación y a muchos más a la conclusión, dicen, de imitar lo que los ciudadanos de Ascensión realizaron para detener, y luego linchar, a dos de ocho secuestradores que habían asolado aquella región; o de los ciudadanos que han logrado enfrentar, con resultados exitosos para ellos, y funestos para los delincuentes, al victimar a sus asaltantes.

Ese es el camino, casi gritan, cientos, miles de ciudadanos hastiados de la incontenible ola delictiva, desatada a partir del recrudecimiento del enfrentamiento de las bandas criminales que se disputan la hegemonía en el territorio chihuahuense.

Importa reflexionar sobre la pertinencia de tal modo de afrontar a la delincuencia. Parte esencial lo constituye, no podía ser de otra manera, las características propias de aquella población, cuya acción se ha llegado al grado de calificar como propia de una rebelión.

Fue fruto de la desesperación, no de una respuesta organizada, pensada, ni trazada para que fuera de ese talante; más bien, como sucede en casi todos esos casos, en los que aún existe un entramado social muy sólido, derivado de vínculos familiares y sociales muy cercanos.

Más aún, la acción de los habitantes de Ascensión, a pesar de todo, se posibilitó por la presencia de los contingentes del Ejército y la Policía Federal (los mismos que, sostuvieron, más en el caso del último agrupamiento, protegía a los delincuentes) pues de la crónica de los hechos se desprende que los delincuentes volcaron al verse perseguidos por los militares.

Pero más allá de tales circunstancias, la detención de los secuestradores de Ascensión sólo vino a reafirmar las evidencias del hartazgo prevaleciente en la mayoría de los chihuahuenses, muestra del cual lo constituyó el editorial de El Diario del domingo anterior –¿Qué quieren de nosotros?– que se constituyó, caso inédito en nuestro entorno, en la nota principal de infinidad de medios de comunicación del mundo entero y que vino a confirmar la enorme incapacidad de los gobernantes mexicanos, de todos los niveles, para afrontar tan difícil circunstancia.

Fue de tal magnitud la denuncia ofrecida por ese editorial, y la consiguiente crítica, sobre todo al gobierno federal, principal responsable de la seguridad pública y de la seguridad nacional, que no se nos olvide, que la respuesta a tal postura del periódico debe mover a honda, muy honda preocupación.

Sí, porque que alguien intentara engañar a los directivos del periódico, simulando ser el dirigente nacional del PAN, César Nava, para hacer declaraciones tan desproporcionadas como las de que le había propuesto a Calderón pactar con el crimen organizado, no se circunscribe solamente a imitar el tono de voz de Nava, sino, sobre todo, a discurrir ideas de tal modo que haga creíble la imitación.

¿Quién, quienes están en esas condiciones? Da pavor imaginar quienes puedan ser los autores de tal engaño y que, por fortuna, El Diario, rápidamente, reconoció ser víctima de uno de tales proporciones.

Y encima de lo anterior, el relevo gubernamental, que ofrece infinidad de aportaciones a la picaresca nacional, de la cual son casi exclusivos aportadores los políticos, como el enfrentamiento de la mayoría de regidores priístas con el alcalde ¡priísta Reyes Ferriz y la terquedad de éste en poner en marcha un programa de transporte urbano; o el tumulto formado días atrás en las oficinas del municipio de la capital, de ciudadanos en busca de su despensa, y la rampante declaración de los funcionarios responsables de tal programa que culminaría en el mes de septiembre, y la prisa por aprobar el inicio de infinidad de obras municipales. Todo ello a quince días de dejar sus cargos.

De ahí la preocupación acerca del vacío legal que norme el proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales y estatales. Y no solamente en lo referente a la documentación, sino a aspectos más importantes, como el de la seguridad pública, el financiero, protección civil y los relacionados con la seguridad social y la atención médica.

En esos rubros debiera haber una especie de entrega “adelantada”, es decir, que el mandatario saliente removiera a los titulares de dependencias como la Procuraduría, (en adelante la Fiscalía General), Finanzas, Salud, Protección Civil y Obras Públicas, y que nombrara a quienes ya designara el mandatario triunfador de las elecciones, con lo que urgiría una modificación a la legislación electoral a fin de adelantar los plazos en que los tribunales de ese ámbito deban resolver las querellas y permitir, por tanto, el relevo gubernamental en mejores condiciones que las actuales.