Nueva tormenta sobre el gobierno de Chihuahua

Editorial

Aserto 127, febrero de 2014

De acuerdo con la versión del Lic. Héctor Villasana, uno de los abogados más reconocidos en materia de amparo, el Congreso del Estado de Chihuahua pudiera verse sometido a una nueva tormenta jurídica, debido a que el Poder Judicial de la Federación lo puede acusar de desacato al no ejecutar las sentencias de amparo extendidas a favor de los abogados Rodolfo Leyva Martínez, en el caso de la designación de los consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip); y del ex magistrado Carlos Flores Silva.

A tales supuestos se agrega el hecho que las depuestas consejeras del Ichitaip, María Nancy Martínez y Alma Rosa Armendáriz, -hasta el 13 de febrero, dos días después de fenecido el plazo para que el Congreso del Estado efectuara la nueva elección- aún seguían desempeñando sus cargos, (según nota de César Ibarra, El Heraldo de Chihuahua, 13/II/14) por lo que se podrían hacer acreedoras a sanciones penales (hasta de 10 años de prisión) y administrativas por desacato y usurpación de funciones.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llega a la conclusión que el Congreso de Chihuahua desacató el ordenamiento del juez octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, los diputados, el total de ellos, podrían ser inmediatamente destituidos y consignados. 

Según la apreciación del jurista Villasana, ni siquiera se podría llamar a los suplentes pues no habría autoridad legislativa que así lo acordase.

En ese orden de ideas, y ante la gravedad de la situación, decimos nosotros, incluso, se podría llegar al extremo de la desaparición de poderes en la entidad y entonces el Congreso de la Unión debería convocar a las elecciones extraordinarias a fin de designar a los integrantes del Poder Legislativo.

Razones no les faltarían a los ministros de la SCJN para coincidir en tal hipótesis, el caso del abogado Carlos Flores Silva dista mucho de haberse resuelto. Obligada la legislatura anterior a confirmarlo en su cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, le tomó la protesta de ley. A continuación, Flores y representantes del grupo gobernante en Chihuahua, pactaron una jubilación “en automático”. El problema estriba en que nunca tomó posesión de su cargo, nunca fue instalado en su sala judicial, y eso conforma la falta de ejecución de la sentencia extendida por la SCJN.

Más aún, ni el Judicial, ni el Legislativo han caído en la cuenta que debieron iniciar el procedimiento para nombrar al sustituto de Flores, en ese lugar se desempeña la que fue nombrada antes de éste, pero ese proceso, como el de los consejeros del Ichitaip, es inválido.

Por tal desacato podrían ser destituidos de sus cargos los actuales presidentes municipales de Juárez y Chihuahua, así como el secretario del ayuntamiento capitalino y todos los legisladores del trienio pasado podrían ser consignados por el mismo delito, en un escándalo jurídico-político de proporciones y consecuencias inesperadas.

Pero todo lo anterior es derivado de la comisión de una lista muy grande de errores de quienes dirigen a la actual administración estatal, incapaces -por lo que se ve- de asimilar el nuevo esquema legal vigente en el país.

Durante años nos hemos quejado que el advenimiento de la plena competencia electoral, de la alternancia partidaria en los gobiernos y de mejores y nuevos estadios democráticos electorales, no habían deparado para la mayoría de la población un sensible mejoramiento en los estándares de vida, pero, por lo menos en la formalidad de las leyes y nuevos ordenamientos legales, sí se han abierto vías para limitar los poderes legales y extralegales de los gobernantes.

Esos son los beneficios de los litigios judiciales hoy comentados; en adelante, los titulares del Poder Ejecutivo y del Judicial deberán fundamentar sus propuestas y adecuarlas a lo establecido en las leyes en las propuestas de integrantes de los órganos colegiados, y el Poder Legislativo deberá fundar y motivar sus designaciones; ya no podrán elegir a quienes ellos quieran, sólo por su voluntad, estarán obligados a elegirlos conforme la normatividad elaborada que llevaría, así esperamos todos -o casi todos- a que sólo podrían optar entre las mejores propuestas para integrar órganos como el Ichitaip, CEDH, los órganos electorales y los nuevos integrantes del Poder Judicial.