“A confesión de parte, relevo de pruebas”

El Diario, 13 de marzo de 2014

Luis Javier Valero Flores

Ya existían bastantes casos que habían prendido las luces de alerta acerca de la pretendida eficiencia de las agrupaciones policiacas en el combate al narcotráfico, en su modalidad de la extrema violencia que azotó al país, y especialmente, como a ninguna otra ciudad, a Juárez.

La ola violenta abarcó a la entidad y ubicó, durante largas semanas, a las dos principales urbes chihuahuenses en los dos primeros lugares de los más violentos del planeta.

Ante ello, las agrupaciones policiacas federales y militares establecidas en la entidad desplegaron una operación que tuvo como eje central la detención de cientos, quizá miles, de jóvenes a los que, sin más trámite, señalaron como responsables de los delitos por ellos imputados.

Quedará, probablemente para siempre, la duda de si la mayoría de los detenidos eran responsables de los hechos achacados, lo cierto es que fueron sometidos a distintas prácticas ilegales con tal de obtener una declaración autoinculpatoria, la que creímos erradicada de Chihuahua, que constituyó el eje del viejo sistema de justicia penal y cuya mejor representación gráfica la constituía el concepto de que se trataba de delincuentes “confesos”.

Poco importaban los hechos, lo esencial era que el detenido se declarara culpable de los hechos que la autoridad le imputara. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, era la máxima del pasado, en ella centraban autoridades y abogados su trabajo.

Y por supuesto, poco importaba el método usado para obtener la declaración y mucho menos si el “confeso” era el verdadero culpable.

Como la legislación federal así lo sostenía, las fuerzas federales siguieron al pie de la letra el viejo cartabón, nada les importaba que el homicidio seguía siendo un delito del fuero común, para el cual ya existía una nueva regulación en Chihuahua, en la que la declaración autoinculpatoria ya no era la prueba reina de los juicios.

Los resultados están a la vista, la liberación de cinco de los imputados del bombazo a una patrulla federal en 2010 en Juárez ejemplifica, como otros muchos casos, la excesiva deficiente actuación de los grupos encargados de procurar justicia y prevenir los delitos.

Puesta en vigor en lo más candente de la ola violenta, la nueva legislación penal evidenció en muy pocas semanas lo endeble, no del nuevo sistema de justicia penal, sino del total de las instituciones encargadas de la procuración y aplicación de la justicia.

No hay problema, para eso eran mayoría quienes sostenían que se debería regresar a los viejos tiempos. Modificaron el sistema de justicia penal e introdujeron una reforma que en los hechos se constituyó en la contrarreforma penal, la de aceptar la presentación en los juicios orales las declaraciones obtenidas antes de esa etapa, realizadas ante la policía o los fiscales, con lo que se abrió la puerta para que la vieja práctica regresara y, por tanto, la posibilidad de que las denuncias por la comisión de torturas contra los implicados se vaya convirtiendo en lo cotidiano.

De este modo, en lo que va del 2014, se han presentado 10 denuncias contra la Policía Ministerial Investigadora por tortura ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a las que se suman las “80 quejas de tortura contra diferentes corporaciones policiacas” presentadas en 2013, según informó el presidente de esa institución, José Luis Armendáriz. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Juárez, 11/III/14).

La consecuencia de tales prácticas ilegales, no solo conlleva la liberación de presuntos responsables -que en muchos casos han demostrado ser absolutamente inocentes, después de tortuosos y dolorosos procesos-, sino, más preocupante aún, la prevalencia de la impunidad pues luego de la detención de algunos acusados con estos procedimientos cesa toda la actividad investigadora -¿Para qué, si ya tenemos a éstos en el “tambo”?.

No son pocos, ni poco impactantes los casos en que, luego de largos meses, al presentarse la liberación de los acusados, nos encontramos con que ya no hay nada para encontrar a los auténticos responsables ¡Viva la impunidad!

Por desgracia, esa es la lección que nos dejan hechos como la liberación de los acusados de haber participado en el referido bombazo, como antes el caso de Israel Arzate, acusado de participar en la masacre de Villas Salvárcar.

Torturados, declararon lo que querían los policías. Culpables éstos imputados, o no, los hechos siguen impunes.

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