Congruencia y credibilidad ciudadana

El Diario, 20 de marzo de 2014

Luis Javier Valero Flores

El reciente affaire de la deuda pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, escenificado entre el actual Secretario de Hacienda y el ex gobernador José Reyes Baeza, -el primer encontronazo público entre los grupos políticos lidereados por éste último y el gobernante- tiene, además de las evidentes consecuencias y motivaciones políticas, un ingrediente mayor, el desmesurado crecimiento de las “obligaciones” del gobierno estatal.

Más allá de si una es deuda “garantizada” o no con los ingresos propios, o los de las participaciones federales, el asunto de fondo es el del modo en que se gastan los recursos públicos y la manera en que lo perciben los ciudadanos. Eso explica, en gran medida, el rechazo ciudadano a los endeudamientos y en general a la actividad política. 

Existe una creciente percepción del uso inadecuado de los recursos públicos.

¿Cómo no sospechar de un manejo, por lo menos dilapidador de ellos, si los salarios de los funcionarios públicos mexicanos son extraordinariamente superiores, a los de sus similares de otros países?

Y no sólo por el monto, sino, también, por el número de habitantes gobernados, o por el monto del presupuesto público ejercido?

Sólo para poner un ejemplo extremo. El presidente del Uruguay, país que posee una población ligeramente inferior a la de Chihuahua, gana casi 12 mil dólares al mes (alrededor de 162 mil pesos mexicanos), pero de ellos sólo se queda con mil 500, el resto lo ha donado a distintas instituciones privadas ¡Vive con aproximadamente 20 mil pesos!

Por supuesto que ningún político mexicano, no de las “élite”, ni de medio pelo, en general, estaría dispuesto a “sacrificarse” por ese salario, pero lo que debe destacarse es el gesto político.

Si los políticos chihuahuenses (que son los que más importan, porque son los que tenemos y son los gobernantes) emularan ese gesto, probablemente obtendrían mayor credibilidad y, quizá, tendríamos mejores gobernantes.

Por desgracia, las señales en sentido contrario nos llegan cotidianamente. 

Al inicio de las actuales gestiones municipales de Juárez y Chihuahua advertimos una ligera y esperanzadora señal; tanto Enrique Serrano, de Juárez, como Javier Garfio, de Chihuahua (dos de los señalados, del equipo del actual gobernante, por ser de los más serios aspirantes a suceder a César Duarte) anunciaron la disminución de los salarios de los funcionarios de los primeros niveles de estos dos municipios.

En ambos nos topamos, a las semanas, con la realidad. Los regidores priistas de la capital del estado se negaron a disminuirse el salario, y como ellos son mayoría… pues se cuecen aparte del resto de sus compañeros de partido que laboran en la administración municipal, y éstos, sí, con horarios y cargas de trabajo determinadas.

Luego, con pesar, nos enteramos de la existencia de una partida secreta de sueldos en el municipio juarense, “con la que se pagan ‘compensaciones’ salariales al alcalde, directores generales, titulares de Área de la administración municipal y regidores, (que) fue revelada por el Gobierno municipal a través de su portal de Transparencia, donde se indica que los sobresueldos de los funcionarios oscilan entre 10 mil y 28 mil pesos mensuales”. (Nota de Antonio Rebolledo, El Diario de Juárez, 14/III/14).

Como en muchos aspectos de la vida política, pareciera que el pasado regresa en espiral. El hallazgo de la “nómina confidencial” le costó al gobernador panista, Francisco Barrio, la pérdida del aire de “honorabilidad” con la que se mantenían los políticos del PAN.

Años después, la difusión de la existencia de los bonos “por productividad”, que el alcalde de la capital del estado otorgaba a los funcionarios con “mejor” desempeño -en la administración del priista Alejandro Cano- puso en entredicho la honorabilidad de los gobernantes priistas.

En ambos casos, en la siguiente elección fueron derrotados sus partidos y candidatos.

Al inicio de la administración de Marco Adán Quezada, en Chihuahua, el municipio dejó de pagar los bonos, a cambio, los emolumentos reales de los funcionarios de los primeros niveles de esa administración se elevaron. Pero desapareció esa entelequia de que el Tesorero “calificaba” el desempeño de los funcionarios, incluido el del alcalde.

En todos esos años, las administraciones municipales juarenses -tanto priistas, como panistas- presumieron que en Juárez no existían los denominados bonos de compensación, aunque en la administración de Héctor Murguía sí se otorgaron diversos y muy elevados “estímulos”.

Bueno, pues ahora esa historia se acabó; transparentes y todo, las compensaciones discrecionales que se otorgan entre sí los funcionarios municipales no tienen sustento legal y contribuyen a elevar sustancialmente la percepción ciudadana acerca de que los políticos acceden al gobierno sólo para servirse del erario puesto bajo su responsabilidad.

Y luego quieren que no critiquemos los elevados niveles de endeudamiento público.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF