El Diario, 26 de enero de 2014
Luis Javier Valero Flores
En ocasión de la visita de los dirigentes nacionales de los 2 más importantes partidos en el escenario chihuahuense, -PRI y PAN- César Camacho y Gustavo Madero, respectivamente, no dejan de llamar la atención que los esfuerzos de sus más representativos militantes en la entidad -César Duarte y el dirigente nacional blanquiazul- se hayan dirigido a tratar de desmentir los intensos rumores -en el caso del gobernador Duarte- y las insistentes acusaciones -para Gustavo Madero- de la posible comisión de actos de corrupción en sus respectivas gestiones, del gobierno del Estado Grande para el ballezano y la del Comité Nacional de su partido para el empresario hotelero.
En tanto que a Gustavo Madero todas las notas informativas le destacaron la parte defensiva de su discurso -“en el PAN no hay corrupción”- los priistas sacaron su faceta festiva para recibir a su líder nacional, luego que un día antes, en un inesperado giro de su política de comunicación social, el Gobernador César Duarte rechazó las innumerables acusaciones que corren como rumores en una buena parte de los lugares de reunión de los chihuahuenses y, sobre todo, en las redes sociales de la internet.
“Hay quien dice, el Gobernador está haciendo un hotel en Parral, que soy el dueño del (hotel) Soberano, que el Gobernador anda comprando muchos ranchos, cuando me dediqué a que la gente recuperara las calles, la paz, la tranquilidad”. (Nota de la Redacción, El Diario de Chihuahua, 24/I/14).
No dejó fuera del desmentido ninguno de los rubros por los que tanto se le cuestiona en los medios de comunicación alterna: “No me he dedicado a endeudar el estado, como han pretendido hacer creer. Los resultados ahí están. Hay seguridad, hay educación, hay empleo; fuimos el estado que más creció en economía el año pasado. Nadie nos lo regaló, me ocupé de eso, no de los rumores que me andan inventando…”.
La diferencia estriba en que para el priista las acusaciones y rumores provienen de la sociedad y de los opositores a su gobierno, -aunque no necesariamente piense el escribiente que fueron diseñados y ejecutados por éstos- cuyo nivel de difusión es de tal magnitud que obligó al mandatario a salir al quite y desmentirlos; en cambio, las acusaciones arrostradas por Madero provienen de sus compañeros, muchos de ellos del mismo nivel de dirigencia, ya sea el Comité o el Consejo nacionales e involucran a varios de sus más cercanos colaboradores.
El encono es tanto que los simpatizantes del senador Ernesto Cordero (allegado a Felipe Calderón, ex secretario de Hacienda en la gestión presidencial de éste) resolvieron celebrar diversas actividades un día antes de la visita de Madero, quien vino a Chihuahua con el sambenito de “informar” de su gestión y de las leyes secundarias con “el ADN panista” que habrán de aprobarse, luego de la puesta en vigor de las reformas impulsadas por su partido, en especial la energética.
Nadie se lo creyó, menos en el PAN; Madero vino a una reunión proselitista en la que, si bien no llamó a sufragar por él, dados los antecedentes del evento y su entorno, no era necesario que lo hiciera.
Podrá ganar la contienda que se realizará a mediados de año, pero el daño “colateral” -como dijo su compañero Felipe Calderón- está hecho; la acusación y las distintas evidencias de la corrupción en el manejo y conducta de algunos de los integrantes de los grupos parlamentarios de su partido, y la directa vinculación de varios de ellos con el actual dirigente nacional, le ha otorgado al blanquiazul un nuevo motivo de preocupación: Muy difícilmente se podrá negar que los niveles de corrupción en el PAN han llegado a magnitudes insospechadas todavía muy poco tiempo atrás.
Les costará caro en la siguiente etapa electoral… y aún les falta el ingrediente estatal en el que la demanda de la renuncia del dirigente estatal, Mario Vázquez, por parte de algunos de los aspirantes a la dirigencia estatal, ha sido, hasta ahora, el principal tema hacia el interior de este partido.
En cuanto haya convocatoria, si decido participar, dijo Vázquez, me separaré del cargo.
En cambio, el fin de semana no fue tan agradable para el partido en el poder en Chihuahua y el mandatario estatal.
A las comentadas declaraciones del gobernador Duarte -que tienen un inocultable trasfondo de creciente rechazo a su administración- deberíamos agregar que en la presentación del informe del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz (quien se ganó un merecido reconocimiento), se supo del requerimiento del presidente de la CNDH, Raúl Plasencia, acerca de la postergada disculpa pública exigida por este organismo ante las denuncias presentadas por la activista Marisela Escobedo, por la inacción del gobierno estatal en la investigación del asesinato de su hija, Rubí Frayre.
Ante ello, el Fiscal General, Jorge González Nicolás, anunció que se realizará “un pequeño” evento con ese motivo, en el que asistirá la “mayor parte de familia que pueda ir y el Estado dará lectura a un documento donde se mencionarán las omisiones en que se incurrió y ofrecerá la disculpa pública”, dijo.
Dicho de esa manera, pareciera revestir no tanta importancia. No es así, es una severa reprimenda al sistema de procuración de justicia de Chihuahua, a la que debiera responderse con la mismísima participación del titular del Poder Ejecutivo en ese evento.
No puede aceptarse cosa menor luego de la larga, dolorosa y sangrienta noche vivida en la entidad, y más cuando debieron enfrentar otro ejemplar revés jurídico, con el amparo otorgado al abogado Rodolfo Leyva en la designación de los consejeros del Ichitaip, al que decidieron allanarse y convocar, por tanto, a una nueva elección, en acatamiento a la orden judicial quien, además, les ordenó “fundar y motivar” la elección de los consejeros y, como si fuera poco, aplicar ese mismo criterio a la hora de votar y no incluir como consejero propietario a Leyva.
El Congreso acatará la sentencia del juez Octavio Cuenca, por lo tanto convocará a una nueva elección de los dos consejeros propietarios y 5 suplentes del Ichitaip, en lo que se aprecia como una atinada decisión para no afrontar, nuevamente, una posible sentencia en su contra, en ocasión de un evento semejante, como lo fue el caso de la ratificación del Magistrado Carlos Flores Silva.
No son los únicos asuntos controversiales de difícil digestión para el priismo que festejó la toma de protesta de sus nuevos dirigentes municipales. La muy mencionada operación de renovación del titular del Poder Judicial se vio, de pronto, sometida a nuevas eventualidades en el momento en el que el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Alberto Vázquez Quintero, anunció que no renunciará a su cargo, que llegó para quedarse 3 años, dice, pese a que insistentemente se rumoraba que sería prontamente relevado, en lo que era otro episodio, acusaban en las redes sociales, de la extrema injerencia del mandatario en los asuntos de los otros poderes del Estado.
Más aún, las tragedias del Aero Show (incomparablemente en un nivel superior ésta) y la de la fábrica Blueberry, están sometiendo al priismo local a fuertes cuestionamientos.
Por una parte, el señalamiento a la administración municipal saliente en la capital, realizado por el Síndico Héctor Barraza (de extracción perredista, pero de una cercanía extrema a la cúpula priista) y al renombrado empresario priista Eloy Vallina, en el segundo caso, ponen en serio predicamento a las administraciones municipales de extracción priista pues, en ambos, el componente de las presuntas corruptelas es el principal.
Lo dicho, parecían diferentes entornos; no se aprecia así, podrá, el panismo, remontar lo adverso de su elección -tanto local como nacional- pero crece la percepción ciudadana de que el cáncer de la corrupción ha crecido a tal grado que es inmanejable.
En tanto, la administración priista en Chihuahua deberá inventar y realizar muchas cosas para poder revertir lo que se antoja como irreversible: La percepción ciudadana le es desfavorable.
asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
La resolución del Tribunal Unitario acerca de los militares procesados por el asesinato de Estrada Reyes, caso por el cual la activista Cipriana Jurado recibió innumerables y ominosas amenazas -que ubicó en elementos del Ejército Mexicano- ante las que resolvió solicitar asilo político al gobierno de EU y que éste, insólitamente, le concediera.
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