¿El gobierno no sabía de las negociaciones DEA-Narcos?

El Diario, 12 de enero de 2014

Luis Javier Valero Flores

A la información publicada por El Universal el lunes pasado se sumó la ofrecida por Proceso de esta semana en la que unos ex policías mexicanos afirman que en las torturas aplicadas al agente norteamericano Enrique Camarena Salazar, estuvieron presentes los entonces secretarios, de Gobernación, Manuel Bartlet, y de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui.

En todos estos eventos, la participación de elementos de las agencias norteamericanas, especialmente de la DEA, fue el signo común, el exceso lo representaron las negociaciones de esta agencia con los narcotraficantes a fin de que integrantes del Cártel de Sinaloa les otorgaran información del resto de las bandas criminales y con ello originar la más violenta de las olas homicidas en el país.

Sin embargo, la información de El Universal establece el hecho de que los funcionarios gubernamentales mexicanos ignoraban los acuerdos de la DEA y sus informantes. 

Algunos hechos de tan espantosa época podrían llevarnos a, por lo menos, sospechar que no es así. El gobierno de Felipe Calderón abrió, como ningún otro, el país a la abierta intromisión de las dependencias norteamericanas en la administración federal, lo que implicó, incluso, la elaboración y vigilancia de las distintas estrategias y programas gubernamentales mexicanos, particularmente las referentes a la seguridad pública.

Espanta saber que desde el gobierno norteamericano se diseñó la estrategia de “combate” al narcotráfico; que se financió en parte merced a los recursos generados de la Iniciativa Mérida, que instrumentaron distintas operaciones para “monitorear” el curso de las armas introducidas ilegalmente a México; que establecieron dos políticas en el trato con los narcos, por una parte decían combatirlos y por la otra establecían los mecanismos y la información para que las corporaciones mexicanas y una de las bandas criminales intentaran arrasar con el resto de los cárteles y que determinaran cual agrupación militar nacional era “confiable”.

Así, como bien lo documentó El Diario de Juárez en distintos momentos, el porcentaje de detenidos del Cártel de Juárez era inmensamente mayor al de los integrantes del Cártel de Sinaloa. Proporciones semejantes arrojaban las cifras de ejecutados.

Por ello no es una mera casualidad que durante esos años el mayor número de víctimas mortales se presentaran en el estado de Chihuahua -especialmente Juárez-, La Laguna (y tangencialmente, la capital de Durango) y el estado de Michoacán, entidad que había adquirido una especial importancia debido a que en sus costas eran arrojadas cantidades inmensas de embarques de droga procedentes de Sudamérica.

Pero no sólo en territorio chihuahuense, lo mismo ocurría en otra decena de entidades. El mapa sangriento de esa época mostró un claro acentuamiento en las regiones que tenían las mejores rutas de introducción de droga a EU, y en las que se disputaron el control de esos territorios y el de los apoyos “institucionales”, es decir, las redes de funcionarios involucrados en el tráfico de drogas.

Llegó a tal extremo la intromisión norteamericana que hasta se encargaron de fiscalizar que los recursos aportados por su gobierno, mediante la Iniciativa Mérida, fueran “bien aplicados”.

Descrita así la conducta del gobierno norteamericano no ofrece racionalidad alguna, mucho menos la del mexicano de esos momentos; la intromisión de los gobernantes estadounidenses era más que evidente. Duele aún más la increíble sumisión de quienes conducían al país en ese momento, y el asombro ante su enorme irresponsabilidad ante la matazón desatada en poco más de la mitad del territorio nacional.

“El gobierno de Estados Unidos conocía y autorizó las reuniones, así como las negociaciones con miembros de cárteles mexicanos, especialmente con el de Sinaloa, para obtener información de sus rivales, y con ella se lograron aseguramientos de cargamentos, así como detenciones, lo que detonó la violencia en México durante el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón”. (Nota de El Universal, 6/I/14).

“Los agentes de la DEA construyeron una red de informantes de narcotraficantes quienes firmaban acuerdos de cooperación, sujetos a resultados, para que pudieran obtener beneficios futuros, entre ellos la cancelación de cargos en Estados Unidos… En ocasiones los agentes de la DEA o el gobierno de Estados Unidos proporcionaron datos obtenidos de esas reuniones, sin citarlas, al gobierno de México para que los policías o militares mexicanos realizarán detenciones. En el sexenio de Calderón 12 de las importantes detenciones de narcotraficantes fueron producto de la DEA, esto último de acuerdo con reportes de la agencia antidrogas. (Ibídem).

Tan solo en un proceso, el que se le sigue a Vicente Zambada Niebla, se da cuenta, mediante declaraciones de agentes de las dependencias norteamericanas de por lo menos 50 reuniones entre éstos “con miembros de alto nivel del cártel de Sinaloa”. “El Chapo dio su aprobación y el señor Loya-Castro comenzó a entregar información que recibía de El Chapo a los agentes", indicó en su declaración del 24 de Octubre de 2011 el abogado Fernando A. Gaxiola, quien fungió como intérprete legal para la defensa de Vicente Zambada-Niebla. (Ibídem).

Los tentáculos de tan enredada estrategia llegaron hasta la estructura de la policía municipal de Juárez. Ahora resulta que era un “secreto a voces” la participación del grupo especial de la agrupación, en la administración municipal anterior, conocido como “Jaguares”, al mando directamente de Julián Leyzaola, Secretario de Seguridad Pública, al que se le achaca haber realizado infinidad de detenciones, realizadas de manera ilegal, en coordinación con la DEA e, incluso, haber entregado a muchos de los detenidos a las agrupaciones norteamericanas, en clara violación al marco legal.

“Muchos casos de abuso del equipo especial –que realizaba actividades de inteligencia y detenía de forma extrajudicial a personas que fueron entregadas a otras autoridades nacionales o estadounidenses– no se hicieron públicos por el temor de los afectados, ya que los amenazaban con detener o matar a sus familiares, aseguraron”. (Nota de Martín Orquiz, El Diario de Juárez, 9/I/14).

“Era una situación común que se denunció en su tiempo, sobre todo en los juzgados federales, a donde llegaron muchas personas detenidas por ellos de forma sumaria (extrajudicial) y entregados a la PGR o a autoridades de los Estados Unidos”, expresó el abogado Salvador Urbina Quiroz. (Ibídem).

Es de tal consistencia la información que el alcalde juarense, Enrique Serrano, se vió obligado a afirmar que “no vamos a tener acuerdos extraoficiales con autoridades norteamericanas. Los acuerdos serán oficiales, nada extraoficial”. (Nota de Antonio Rebolledo , El Diario, 10/I/14).

¿Será posible aceptar que las autoridades juarenses no supieran de la información ahora aportada por El Universal? Aquí hemos consignado el hecho de que un alto mando de la Policía Federal intentó convencer a un distinguido juarense de las bondades de la táctica del gobierno mexicano, la de primero “acabar” con la banda criminal establecida de Juárez y luego “ir” por la otra, la que disputó en una guerra sin cuartel a la “local”.

Pero el hecho, ocurrido en Juárez, que más evidencia la política norteamericana  fueron las reuniones celebradas en el antiguo Paso del Norte, a principios de 2010, de los funcionarios estatales, algunos federales y el embajador de EU en México, Carlos Pascual, en lo que fue caracterizada como una “auténtica reunión cumbre de seguridad”, que tuvo como principal consecuencia quitar el mando del Operativo Conjunto Chihuahua (que en adelante se denominaría Operación Coordinada Chihuahua) al Gral. Felipe Espitia y se le entregaría días después a Vidal Díaz Ochoa, nuevo coordinador de la Policía Federal (PF).

A esa reunión asistieron el gobernador Reyes Baeza, la procuradora del estado Patricia González Rodríguez, Víctor Valencia de los Santos, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el alcalde José Reyes Ferriz y Facundo Rosas, titular de la Policía Federal, entre otros funcionarios. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario de Juárez, 16/I/10).

Luego seguirían los escabrosos episodios del operativo “Rápido y furioso” de los norteamericanos, que le entregaría más de 2 mil armas al Cártel de Sinaloa; la eliminación de Héctor Beltrán Leyva, justamente después de que éste resolviera deslindarse de Joaquín Guzmán y, destacadamente, el del asesinato del agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Jaime Zapata, en el que resultara herido su compañero, Víctor Ávila, antiguo agente destacado en El Paso y con vínculos familiares en Chihuahua.

¿Qué hacían dos agentes de EU de tal rango, y de esa dependencia, en un tramo carretero a más de 400 kilómetros de la capital mexicana, a pesar de que los protocolos de seguridad se los prohiben, los mismos que los obligan a viajar por vía aérea cuando lo hagan a distancias superiores a esa?

¿Cómo era posible que una ventana de su vehículo -prácticamente a prueba de todo, como si fuera extraído de una película de ficción- se abriera y por ahí “les dispararan” a los agentes?

¿Acaso no sería una reunión de ellos y sus agresores?

Una semana después, y luego de operativos policiacos en 150 localidades norteamericanas, Brasil, El Salvador, Panamá, Colombia y México y la detención de más de 500 personas en EU, se dio a conocer la identidad y detención de los presuntos asesinos. Se dijo que eran miembros de los Zetas. (Nota de Karla García, El Diario de El Paso, 25/II/11).

Con estas informaciones, y otras, tenemos derecho a dudar del supuesto desconocimiento de los gobernantes mexicanos a los acuerdos de la DEA-Narcos.

Podríamos suponer que el cese de tales acuerdos sería uno de los factores para la disminución de la ola homicida en Chihuahua.

A lo mejor…

DEBATE PENDIENTE. La respuesta de José Díaz al artículo (os) de un servidor y sus encubiertos (y otros no tanto) señalamientos acerca de que los gobernantes que tanto critica el escribiente -según afirma- me “dan espacios democráticos y mucho dinero para que tengas buenos negocios periodísticos, radio, tele y revistas, en los que ejerzas libremente tu derecho a la ‘crítica”. En la visión de Díaz los gobernantes “apoyan” a los medios de comunicación para que ejerzamos la libertad de expresión, así les salgamos, como dice, “muy caros”. Solo que lo hacen con los recursos públicos y eso da pie a una buena reflexión sobre la publicidad gubernamental y los medios de comunicación.

Por otra parte, qué bien que mi sedicente amigo (Dicho de una persona: Que se da a sí misma tal o cual nombre, sin convenirle el título o condición que se atribuye: RAE) haga uso del “nosotros” para defender la obra de gobierno ¿De cuál? El que sea, el de Peña Nieto, el de Duarte o el de Garfio, independientemente de sus acciones.