Apariencias

El Diario, 14 de enero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Tres distintos eventos, todos ellos ocurridos en Juárez, pero que se repiten a la saciedad en el territorio nacional, evidencian la creciente influencia de la empresa privada en el curso de la administración pública. 

Ya en el pasado, como prueba cimera de tal tendencia, justamente cuando se cernía sobre la entidad la peor ola de violencia, las autoridades celebraron infinidad de reuniones de seguridad pública en las que, fuera de los funcionarios de la materia, sólo eran invitados los representantes (o los que el Estado consideraba lo eran) de los empresarios chihuahuenses; el resto de la sociedad estaba fuera de las consideraciones gubernamentales.

Tal conducta cambió, de alguna manera, luego de la masacre de Villas de Salvárcar, con el establecimiento de distintos mecanismos, por medio de los cuales, así sea pobremente, las diversas voces de la sociedad se dejaron escuchar en los ámbitos oficiales.

Está bien que debamos ponderar bien a esta clase social, los empresarios, especialmente los más poderosos, -dada la estructura económica existente- pero otra, muy distinta, es que la estructura estatal se rinda ante ella. No en balde, el marco legal surgido de la Constitución de 1917 tomaba en cuenta dicha realidad, para proporcionarle, a las clases subordinadas, la tutela del Estado en los conflictos sociales de todo tipo y no sólo en los laborales.

Al parecer, todo eso forma parte de la historia.

El primer ejemplo, de los usados hoy, pareciera no ser importante. La imagen no da lugar a la duda: En las instalaciones de la Profeco de Juárez, en la sala de espera de los usuarios de la dependencia se encuentra un módulo de la compañía de gas natural -“Gas Natural de Juárez, empresa que da confianza”-, cual si fuera una dependencia más del gobierno federal y en la que no solo aparecen sus logotipos, también sus lemas, uno de los cuales es emblemático de ella: “… en gas hablamos con la verdad…”.

¿También se encuentran módulos parecidos de otras empresas y dependencias denunciadas por los ciudadanos?

No, solo de la empresa gasera a la que se le ha demostrado, judicialmente, que realiza mil y una trapacerías para aumentar sus ganancias. En el pasado grupos de usuarios reclamaron y obtuvieron fallo favorable acerca de las tarifas cobradas por la empresa. Ahora, pretendieron cobrar 16% de IVA en los consumos de diciembre. La falló que deberían cobrar el IVA del 11%.

Afortunadamente, usuarios indignados impidieron el funcionamiento del módulo en las instalaciones de la Profeco. (Nota de Francisco Chávez, El Diario de Juárez, 13/I/14).

Del mismo modo, días atrás, el cabildo juarense decidió cambiar de nombre una parte de la avenida Manuel Clouthier e imponerle el de un hombre “ilustre” de Juárez. Se llamará Robert Boch. Su apellido es el de una inmensa cantidad de refacciones y artículos automotrices y de otro tipo industrial ¡Vivan los héroes que nos dieron patria!

Pero si los ejemplos anteriores pudieran considerarse banales, el caso de la tragedia de la empresa Blueberry es más que emblemático. La autoridad resolvió que no había delito que perseguir, luego que los propietarios habían obtenido que una empresa norteamericana, contratada por ellos, participara en los peritajes de la explosión e incendio, merced a los cuales fallecieron 5 trabajadores y sufrieran lesiones decenas de ellos.

Luego de casi tres meses, un grupo de familiares de las víctimas anunciaron ayer que interpondrán denuncias penales y civiles, en contra de quienes resulten responsables “por la muerte y lesiones de sus seres queridos”. Las demandas por la vía penal serán por la comisión de los “delitos de homicidio, lesiones y omisión, mientras que por la vía civil, por daño moral y lo que resulte”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario de Juárez, 13/I/14).

Prácticamente desde el mismo día del accidente, y por vía del alcalde juarense, Enrique Serrano, se supo la identidad del propietario de la empresa: Eloy Vallina.

A partir de ahí, las suspicacias se despertaron en cada momento de la investigación, hasta su culminación: Las autoridades estatales determinaron que no hay responsabilidad de la empresa.

No lo creen así los demandantes. Su representante afirmó que buscarán el caso  sea atraído por “la Procuraduría General de la República (PGR) porque presumen que a nivel local hay ‘intereses importantes’ que dificultan el acceso a la justicia a las víctimas”. (Ibídem).

¡Cuánto ha cambiado -para mal- el país!

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF