Caso Leyva-Congreso, ruta esperanzadora

El Diario, 30 de enero de 2014

Luis Javier Valero Flores

La decisión de la Junta de Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado, de no presentar el recurso de revisión al amparo otorgado por la justicia federal al abogado Rodolfo Leyva Martínez, en su litigio con el Poder Legislativo por el nombramiento de 2 consejeros propietarios y 5 suplentes se ha convertido en una bocanada de aire fresco al enrarecido ambiente político en que se desenvuelve la relación de la sociedad chihuahuense con la administración pública, y no sólo en el ámbito estatal; las quejas y malestar de un sector de la sociedad provocadas por la reforma fiscal se incrementan con el paso de los días.

Al resolver que se allanarían a lo decidido por el juez Ignacio Cuenca, los diputados locales han abierto una veta que permitirá -claro, si no aparecieran más imponderables- transparentar los procesos de designación de los integrantes de distintos órganos de la vida pública en Chihuahua y le quitarán una enorme capacidad discrecional a los partidos políticos y sus legisladores, cuyos abusos en los nombramientos de los integrantes de diversos organismos “ciudadanizados” han echado al traste el espíritu con el que fueron concebidos y han conculcado los derechos ciudadanos que se creía deberían preservar.

En adelante, por lo menos en Chihuahua, en los procesos de designación de los integrantes del Poder Judicial -y su ratificación-, de los órganos electorales, de la Comisión de los Derechos Humanos, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), los legisladores estarán obligados a “fundar y motivar” su elección por determinado ciudadano a uno de esos cargos; ya no podrán, como el fue el caso impugnado, simplemente votar por el que se les ocurra, independientemente de los conocimientos demostrados por cada uno de los aspirantes, ni podrán, a contrapelo de estas determinaciones, acatar a pie juntillas las indicaciones recibidas de quien -o quienes- todo lo deciden, sin percatarse que en las democracias eso está superándose.

La diferencia para que eso ocurriera, se encuentra en las disposiciones legales existentes, por supuesto, propuestas y aprobadas por los integrantes de los mismos partidos a los que pertenecen los que han sido, no solamente impugnados, sino puestos en ridículo con la sentencia del juez Cuenca.

Y es que, al contrario de otras legislaciones, la chihuahuense en la elección de los consejeros del Ichitaip trazó una ruta a fin de que los mejores aspirantes (por su capacidad, conocimientos, disposición y desempeño) pudieran acceder en primer lugar a ese órgano, precisamente para que se ocuparan los puestos de ese Consejo por los aspirantes con los mejores perfiles y que tales características pudieran dar una cierta garantía de imparcialidad e independencia, en su desempeño frente a los 3 poderes del Estado, a fin de garantizar la vigencia del derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública y evitar, por tanto, que ese organismo se convierta en una valladar para la transparencia en Chihuahua.

Pero al allanarse a la resolución judicial, el Congreso del Estado nos mostró la ruta que en adelante los chihuahuenses pueden seguir en la elección de los integrantes de los organismos mencionados, es decir, que emitió el mensaje de que sus actos, en adelante, por lo menos en esta materia, se harán conforme a los procedimientos tan bien señalados en la legislación y que ayudan a disminuir el poder de los partidos políticos en la conformación de estos organismos que se soñaron “ciudadanizados”, que al paso del tiempo se convirtieron, solamente, en el lugar del reparto de cuotas de poder entre los principales partidos políticos y cuya máxima expresión se alcanzó -por lo menos en el ámbito federal- cuando el hasta entonces muy reconocido jurista, Sergio García Ramírez, votó en el Consejo General del IFE para negar la existencia de las tarjetas Monex en el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto, luego que se había excusado de participar en el debate por tener, dijo, “un conflicto de interés”.

Ese fenómeno -de las cuotas de los partidos- llegó a alcanzar carta de naturalización. Hoy ha sufrido un serio quebranto. Tampoco lanzamos las campanas a vuelo. En esta materia, como en prácticamente todo lo que atañe a la administración pública, también dependerá del talante democrático de los gobernantes.

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