Discriminación en la “high society”

El Diario, 18 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores Respeto a quienes no estén de acuerdo con un matrimonio entre dos mujeres, respeto incluso a los homofóbicos, respeto todas las creencias, pero esto no es un asunto de moral o principios, se trata de un asunto de derechos”: Carla Herrera. La valientísima postura de la ganadora del Premio Nacional al Mérito Cívico, otorgado por la Secretaría de Gobernación por su trabajo a favor de los invidentes y débiles visuales, a través del Centro de Estudios para Invidentes AC (CEIAC), y ex directora de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación del Gobierno estatal, Carla Herrera, al protestar, primero, y luego buscar la conciliación, para finalmente demandar a los directivos del Club Campestre porque a éstos se les ocurrió impedirle, a ella, a sus hijos y esposa, el ingreso y uso de las instalaciones, para que sus “hijos hagan deporte” en ellas, a pesar de ser fundadora del mismo, ha puesto el dedo en uno de los asuntos que más rispidez provocan en los sectores más conservadores de la sociedad chihuahuense, y no solamente en los directivos de uno de los clubes más selectos de la capital chihuahuense. Y es que lo hecho por Carla Herrera y Lilia Victoria Aún, al casarse en el DF y arrostrar las consecuencias de un acto que en muchas latitudes del mundo desarrollado es algo común, se ha convertido en un catalizador de un asunto al que las “buenas conciencias” prefieren eludir, olvidar o, simplemente hacerlo a un lado y simular que no existe. Que algunas personas del mismo sexo, lejanas en la distancia, en el afecto o en el conocimiento se casen, es algo digno de rechazo para muchísimos integrantes de las capas medias, sobre todo de la capital del estado, y que finalmente les incomoda, pero que una persona que se ha distinguido por sus aportaciones a la sociedad, que forma parte de las familias con mayores recursos económicos y cuya conducta pública es digna de encomio ha puesto en crisis las concepciones de numerosas personas al confrontar la realidad del Chihuahua de hoy con sus creencias religiosas. Pero como lo ha planteado certeramente Carla Herrera, aquí no se trata de atentar en contra de tales creencias o convicciones, sino de derechos, no solamente instituidos por la Asamblea Legislativa del DF, sino ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró constitucionales las reformas legales que hicieron posible los matrimonios homosexuales, y hasta la adopción de niños por éstos. La negativa de la directiva del Club Campestre motivó la presentación de una denuncia de carácter penal, por discriminación, que incluye al ex presidente del club, porque fue el primero en negarle la aceptación “a su cónyuge argumentando que se violentaban los principios de la institución privada”. (Nota de Orlando Chávez, El Diario de Chihuahua.16/X/12). La denuncia fue presentada contra Pedro Matías Ramírez Godínez, Eugenio Vázquez Quintana, Manuel Russek Valles e Ismael Rodríguez Gallegos, presidente, vicepresidente, secretario y ex presidente del Club Campestre de Chihuahua, respectivamente, por el delito de discriminación cometido contra Carla Herrera y Lilia Aún Caraveo. Al informar de la denuncia, Herrera hizo notar que durante más de un año buscaron la conciliación, por lo que se descarta la búsqueda de notoriedad, o de “reflectores”, pero que sin ninguna duda pondrá en la mesa de las discusiones estos temas, no porque sean los de “moda”, sino porque se refieren a la preservación de los derechos humanos de una parte de la sociedad, que poco importa si son muchas o pocas las personas a las que estamos obligados a entregárselos como a cualquier otro integrante de la sociedad. Reiteraron que los derechos humanos no pueden estar sujetos a votación en ninguna parte del mundo, razón por la que debieran recibir la solidaridad de todos, especialmente de quienes representan a la ciudadanía. El martes, la presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia en el Congreso del Estado, la diputada Patricia Flores González, al tiempo que reivindicaba el derecho de Herrera, como si fuera un asunto cualquiera, de carácter privado, y no el de la defensa de derechos fundamentales, es decir, oponerse a la discriminación, adujo que el Congreso del Estado no podía hacerle un exhorto a la directiva del Club Campestre. Pues no, diputada, esa es precisamente una de sus funciones para evitar que se cometan actos discriminatorios. H