Claroscuros

El Diario, 7 de octubre de 2012 Luis Javier Valero Flores Los actos celebrados el pasado fin de semana, uno con motivo del II Informe de Gobierno de César Duarte, y el otro, justamente el de la presentación al Congreso del Estado de ese documento, se convirtieron en la plena confirmación que la clase política no se resigna a abandonar la liturgia principal del presidencialismo mexicano. Cuando la oposición logró convertirse en algo más que presencia testimonial y se cambió la legislación, con lo que el día del informe dejó de ser el del titular del poder Ejecutivo, porque apareció la posibilidad de que fueran increpados gobernadores y presidentes por los legisladores, entonces aparecieron los actos “faraónicos”, y los que no lo son tanto, pero ambos con la característica común de que el único protagonista sería el informador. Todos los partidos políticos determinaron que en adelante, en lo general, solamente dejarían por escrito su informe en el Legislativo y se van a hacer un acto festivo rodeados de los suyos y algunos que no lo son tanto. De ahí las fiestas esplendorosas como la del domingo pasado en el Gimnasio Manuel B. Aguirre, en el que el gobernante chihuahuense se lució con sus invitados especiales a quienes colmó de elogios, curiosamente casi todos, con muy pocas excepciones, como la del rector de la UNAM, José Narro, compañeros de su partido, al tiempo que lanzaba a los chihuahuenses el mensaje de que ha logrado excelentes relaciones con el resto de la clase política. Y entonces el acto oficial, el del verdadero informe, el celebrado en el Congreso del Estado, adquiere una incuestionable menor importancia, tanta, que ni siquiera merece un enlace de alguna estación de radio, al contrario del celebrado un día antes con cadena estatal de radio y televisión que se convirtió en un acto lúdico y autoensalzatorio pues se celebra en medio de los suyos, y de numerosísimos integrantes de la sociedad que no tienen el talante oficial para cuestionar o preguntar sobre algunos de los aspectos informados ya que tal facultad sólo la tienen –por desgracia– los legisladores. El momento culminante de tales afanes fue alcanzado en las extremas lisonjas al presidente electo, Peña Nieto, cuando Duarte dijo que no sería solamente un cambio de gobierno, sino de régimen. Así que ese acto no podríamos afirmar que fue un informe. Tampoco al día siguiente, al hacer uso de la palabra pues el gobernador usó de guión las posturas de los representantes de los partidos acreditados en el Congreso e hilvanó un discurso que retomó los aspectos más importantes de su gobierno en este año, y del precedente, en un formato que sólo refleja la sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo –y no de ahora, y no sólo de los diputados del PRI, que pudiera entenderse, pero no justificarse– y el abierto control de éste sobre aquel pues la ley dice que si el gobernador habla, lo hará al principio y luego los representantes de los partidos lo harán acerca de lo dicho por aquel. Sin embargo, lo sucedido el lunes fue un formato más apegado a la práctica parlamentaria (aunque sólo a la mitad pues faltó la parte final) en el cual el mandatario informa, los diputados preguntan y cuestionan, enseguida el gobernador responde, los legisladores repreguntan para que, finalmente, el gobernador emita su último pronunciamiento. Seguramente que hay muchas obras y acciones dignas de encomiarse y que al hacerse el análisis del informe deberán confrontarse con la realidad, pero que podemos decir que se avanza, como en el caso de las “70 nuevas clínicas para la población en todas las regiones del Estado” y la “modernización a 6 grandes hospitales que atienden en 2o. y 3o. nivel”, así como el ufanarnos de la cobertura total en educación media y superior, con la creación de 35 mil espacios, pero de cuyas perspectivas no se ha hablado. Pongamos por ejemplo la creación de las nuevas escuelas de medicina, en Parral y Cuauhtémoc y “la quintuplicación de la matrícula en Juárez y Chihuahua”. Nos quejamos del elevado número de personas sin atención médica pero ¿Tendrán trabajo quienes egresen de la facultad en cinco años, o serán médicos que instalarán consultorios privados y no tendrán pacientes, ya sea porque éstos no tienen dinero para acudir con ellos, o porque al paso que vamos el total de la población estará inscrita en el seguro popular o en otra institución de seguridad social? ¿Se podrá contratar al total de los estudiantes de ahora, crecerá en esa proporción el sistema de salud? Y ese es un problema que enfrentará este gobierno, deberá prepararse para ofrecer las plazas necesarias para ubicar a los egresados y admitir a cientos de miles en los programas oficiales de salud. Al abordar el tema de la seguridad, a pesar de los inocultables avances en ella, de ninguna manera los podemos llamar “contundentes”. En el más doloroso de los delitos, el de los homicidios tenemos un grave, muy grave problema. Las cifras de homicidios no han disminuido, como dijo el gobernador, en un 70 por ciento, sino 48 por ciento con relación a 2010, el año más violento, según datos de la FGE (“Las estadísticas de Duarte”, LJVF, El Diario, 23/IX/12) pero ni de lejos estamos en los niveles de 2007, o del 2008, y el año 2012 se proyecta con cifras muy por encima de ellos. Por desgracia, para salir al frente de la ola violenta, como si ésta fuera el resultado de la pérdida de vigencia de la ley y no de la impunidad y la ineficiencia policiaca, así como la infiltración del crimen en las corporaciones policiacas las responsables de ella, se efectuaron infinidad de reformas inmediatistas a la legislación penal, sin tomar en cuenta un dato: que de los casi 17 mil homicidios cometidos en Chihuahua entre 2007 y 2011, solo 10 mil están relacionados con el crimen organizado (según cifras de la Fiscalía General del Estado) y 7 mil fueron cometidos por el resto de la sociedad. Frente a esa realidad, se ha reaccionado para obtener la simpatía de una buena parte de la sociedad que ante la inseguridad actúa ultraconservadoramente y exige, casi, la ley del talión. De ahí las numerosas iniciativas para elevar las sanciones, hasta llegar a la aberración de la cadena perpetua (por más que se hagan intentos de edulcorar el término), que convertirá a los penales en verdaderas bombas de tiempo, peor aún de lo que hasta ahora hemos sufrido. Queda la duda, en cuanto a la obra efectuada de si lo informado comprende las obras terminadas o se incluyen las iniciadas. En tal apartado estarían los “mil kilómetros de carreteras nuevas” y el hecho de haber “allanado, recuperado, 68 mil kilómetros de caminos rurales”, o la construcción de 6 presas, o las cifras del empleo, cuando citó que se habían creado 44 mil empleos y haber sufrido un crecimiento del por ciento en el PIB, sin aludir a las pérdidas sufridas en los últimos años. Criticó a la industria maquiladora, y eso está bien, por el giro de la instalada en Chihuahua, el problema del gobernante es acompañar sus dichos con políticas de gobierno. Dijo: “Hemos pagado muy alto el costo del empleo que sólo destruyó a las familias, que sólo abonó a la pérdida de valores. A la desintegración del tejido social, al desprendimiento del valor al respeto de la vida”. Y el tema que no abordó, que lo perseguirá, no sólo porque lo haya abordado en la tribuna el día del informe, sino porque es real, y es una preocupación de un buen número de chihuahuenses, el de la deuda, para el cual no hay, hasta el momento, un informe del gobierno de Chihuahua que aclare las dudas, más allá de las respuestas de que quienes critican el monto tienen motivaciones electorales.