Delincuentes menores

El Diario, 12 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
Recurrentemente alguno de los gobernantes vuelve a un tema que es cardinal en el desarrollo de la ola delictiva del país, y no solamente en el caso concreto de la sufrida por los chihuahuenses a partir del 2008: El recrudecimiento de la participación de los niños, adolescentes y jóvenes en el crimen y la consecuente petición de elevar las penas a quienes delinquen desde temprana edad. El tema volvió a la actualidad por dos eventos, aparentemente separados uno del otro, pero que muestran los tumbos que da la sociedad chihuahuense ante tanta violencia e impunidad.

Por un lado, el ridículo caso del menor de 7 años de edad que enfrenta un juicio, derivado de un accidente de tránsito, en el que con su motocicleta de plástico –me la trajo Santaclós, dice el infante– chocó con un vehículo propiedad de una funcionaria del municipio de Juárez. Hoy debe enfrentar, así lo plantearon los agentes de Tránsito, cargos por provocar el accidente, no portar licencia de manejo, causar daños a un vehículo y su caso fue turnado a un ¡Agente del Ministerio Público del fuero común

El otro caso es el planteado por el alcalde de la capital, Marco Adán Quezada Martínez, quien pidió a los diputados locales reformar el marco legal de los menores infractores para que reciban castigo justo por los delitos y crímenes que cometen. A tal razonamiento lo llevó el hecho que en las últimas semanas la Dirección de Seguridad Pública Municipal registró un aumento en las detenciones de menores que cometen delitos o crímenes, y que por su edad “no reciben el castigo que merecen, a pesar del daño que ocasionan a la sociedad con sus actos”, afirmó en entrevista a los medios de la ciudad de Chihuahua.

Si hubiera un caso que ilustrara hasta dónde hemos perdido la brújula para ubicar el origen –o los orígenes– del problema de la elevación de la delincuencia juvenil, es precisamente el del infante con reporte de tránsito, quien simplemente es inimputable y es hasta una grosería el que los agentes de Tránsito catalogaran como vehículo automotor a la motocicleta regalada por Santaclós.

¿A dónde hemos llegado?

Tanto los agentes de Tránsito, como las autoridades prejudiciales, lo que debieron hacer –como debiera hacerse en el resto de los delitos– era turnarlo al ámbito de las responsabilidades ¡de los padres, bajo cuya tutela se encuentran los menores de edad, pero todas las autoridades involucradas, actuando como representantes de Satán ordenaron resguardar el susodicho juguete en el corralón de Tránsito Municipal, como justo castigo a tan alevoso muchacho, émulo de sicarios y malvivientes que pululan por las calles de nuestras ciudades.

¡Válgame Dios

Igual sucede con los menores delincuentes, en lugar de buscar el siguiente eslabón de la cadena comercial –que eso son las cadenas de la delincuencia en la absoluta mayoría de los casos– la política oficial de la última década se ha centrado en la elevación de los castigos a niños y jóvenes delincuentes y en la disminución de la edad penal, como si ahí se encontrara la solución al incremento de la delincuencia.

Sólo preguntémonos: ¿A quién le venden el cobre que por toneladas se roban de las líneas del agua potable, partiendo del hecho que en ese robo, por poner un ejemplo, participan una buena cantidad de jóvenes y adolescentes?

Igualmente, los jóvenes que roban vehículos, a mano armada o no, ¿a quién se los venden? ¿Y las partes de los vehículos? Vayamos más lejos, ¿los jóvenes y niños sicarios que asesinan, no por placer, sino por solicitudes, órdenes y/o regalos –y entre éstos las drogas juegan un papel central pues quienes les ordenan les pagan en esa especie– por órdenes de quienes lo hacen?

Y luego, ¿dónde se encuentran los centros gubernamentales en donde se puedan rehabilitar los niños, adolescentes y jóvenes presos –víctimas– de las drogas y tengan una oportunidad de rehacer sus expectativas de vida? No, lo que se debe buscar, tal como lo dijo el padre de la criminología mexicana, Alfonso Quiroz Cuarón, es seguirle la pista, ahí donde hay un delito, al dinero.

Y si más nos apuran, ¿no sería mejor que fuera el Estado Mexicano (así, con mayúsculas) el que proveyera la droga a quienes fueran adictos a ella, y no los delincuentes de a de veras que tienen a su disposición carne de cañón a pasto?