Deben juzgarlos autoridades civiles

El Diario, 31 de enero de 2012
Luis Javier Valero Flores
La impactante información publicada ayer por el periódico –y agencia– Reforma, consistente en que el General Mayor del Ejército mexicano, Manuel de Jesús Moreno Aviña, “ordenó al menos siete ejecuciones entre 2008 y 2009, cuando estuvo al frente de la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua”, concitará una gran indignación.

El jefe militar y 31 elementos más están detenidos en la prisión militar de Mazatlán y sujetos a proceso de la justicia militar, en el que han salido a relucir la comisión de una cantidad indignante de abusos por los acusados, que van de los homicidios, al tráfico de enervantes y al robo de vehículos y objetos de distinta clase a numerosas personas en aquella frontera.

El reportaje, basado en una carta enviada por la Secretaría de la Defensa Nacional al periódico, recupera parte de las declaraciones de los soldados en las que “acusan al jefe militar de recibir sobornos de narcotraficantes, de obtener información de ex sicarios del grupo delictivo La Línea y de quedarse ilegalmente con vehículos, permitir cateos sin orden judicial, sembrar armas a detenidos y decidir cuáles de éstos eran remitidos al Ministerio Público y a cuáles desaparecer”.

Entre las ejecuciones ordenadas por el general se cuentan las de una secretaria del Ministerio Público Federal en Ojinaga, Chihuahua, Patricia Gardea González, asesinada el 23 de julio de 2009, del policía ministerial José Escárcega Meléndez, (al que acusaron de vender droga para Marco Rentería, supuesto líder de La Línea) y del policía municipal Jorge Luis Olivas Carrasco, a raíz de que detuviera al general por conducir en estado de ebriedad.

Las declaraciones de los acusados revelan la existencia de un verdadero narco poder en manos de los militares, (entre los acusados se encuentran otros dos oficiales de alto rango en el Ejército) que aprovecharon las circunstancias especiales aparecidas a partir de la declaratoria de guerra por Felipe Calderón a los narcotraficantes, en las que la violación a la legalidad se convirtió en una cosa más frecuente de lo que piensa y sabe la mayoría de la población.

Muchos lo dijeron, no se puede combatir a los ilegales usando la ilegalidad porque entonces no habrá quien pueda cerrar la puerta y dar paso a la legalidad, y porque en el proceso acudiremos (así lo escribimos al inicio de esta oleada de sangre, justamente al momento del inicio de la Operación Conjunta Chihuahua, a fines de febrero y principios de marzo de 2008) a la muy frecuente violación del Estado de Derecho por parte de quienes están obligados a hacerlo respetar; a las ejecuciones extrajudiciales, a la posible creación de grupos paramilitares y a la simbiosis de las fuerzas oficiales y las de la delincuencia.

Por desgracia, las evidencias de la aparición de tales fenómenos aparecen cada vez con mayor frecuencia y ahora agravadas por una circunstancia aún peor.

Durante casi todos estos años, las fuerzas armadas han presionado a la clase política a fin de que se aprueben diversas reformas a los códigos, tanto penal, como militar y otros ordenamientos legales para que se conservara el fuero militar, sin embargo, tanto la Constitución General de la República, como las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia marcan un aspecto que, en el presente caso, prácticamente estalla en la cara, no solamente a las víctimas y sus familiares, sino al conjunto de la sociedad mexicana.

La Constitución es clarísima. Establece que en la comisión de un delito, por elementos de las fuerzas armadas, en el que estuviese involucrado un civil, el caso será atendido por la autoridad civil correspondiente, es decir, en este caso, el ministerio público federal y el Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, ni la letra, ni la intención de los legisladores al aprobar un articulado de esta especie son respetadas por el total de las autoridades federales, incluidas, por supuesto, las militares, las que en lugar de enviar un documento en el que pretenden convencernos de que la Secretaría de la Defensa Nacional no admite impunidad alguna, lo que debiesen hacer es poner a disposición de un juez federal a los acusados y con ello devolverle a la institución parte de la credibilidad perdida en esta guerra irracional (no por los objetivos, sino por los métodos) pues con su conducta lo que hacen es aumentar la suspicacia popular que cree ver en tales actos la intención de aligerar, o esconder, las faltas cometidas por integrantes de tal instituto.