Inaudito

El Diario, 16 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

“El fenómeno violento que vive México está directamente ligado a la torpeza, la incapacidad y la corrupción del Estado mexicano”: E. Buscaglia, “Vacíos de poder en México”.

Arturo Gallegos Castrellón, alias “El Farmero”, presunto jerarca de la pandilla Barrio Azteca, ha sido sentenciado en El Paso por haber asesinado en Juárez, el 13 de marzo de 2010, a Lesley Ann Enríquez, empleada del Consulado de EU en Juárez y a su esposo, Arthur Redelf, oficial del Sheriff de El Paso, así como a Alberto Salcido Ceniceros, esposo de otra empleada del Consulado norteamericano en Juárez.

Le encontraron culpable, además, de otros once delitos.

Lo anterior es un supremo acto de connivencia con el crimen organizado. Los delitos fueron cometidos en territorio mexicano y solo hasta ahora las autoridades mexicanas -por cierto, ninguna chihuahuense- han expresado que se le “podría” seguir un proceso en nuestro país por los homicidios cometidos en México (sobre personal del Consulado norteamericano) por lo que debería ser juzgado aquí, antes que allá.

Pero es de tal fragilidad la procuración de justicia que hasta las más doctas opiniones aceptan como natural que este acusado, y otros, hayan sido procesados en EU. Lo más preocupante es que ese proceso, y la falta de los que deberían concretarse en Chihuahua, dejan incólume la estructura criminal a la que declararon pertenecer todos los acusados… y todos los testigos.

Bueno, es de tal precariedad nuestra confianza en la aplicación de justicia que, para lograr testimonios incriminatorios en contra de Gallegos Castrellón, las autoridades norteamericanas ¡Le perdonaron la comisión de por lo menos otros 800 homicidios y a uno de los testigos de cargo, 23 homicidios, todos cometidos en México y en agravio de mexicanos!

¡Y ninguna autoridad ha iniciado los procesos legales que debería para traer a México a esos testigos-sicarios a que respondan de tales homicidios!

El gobernador César Duarte ha expresado su inconformidad a tales mecanismos, calificó como inaceptable que se compense a criminales con beneficios “extraordinarios” por parte de Estados Unidos. (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez, 14/II/14).

“Es un tema que necesitamos conocer, en realidad si hubo trato de esa naturaleza sería inaceptable que se compense a criminales con actos de esa naturaleza”, dijo, y en su declaración podrían encontrarse elementos que nos podrían llevar a pensar que sí estarían en disposición de iniciar los procedimientos legales que llevaran a colocar ante los tribunales mexicanos a quienes han declarado la comisión de una parte importante de los crímenes ocurridos en Juárez, postura a la que se sumó el alcalde juarense, Enrique Serrano, aunque éste abogó por pedirle a la cancillería haga “un exhorto fuerte porque el tratamiento especial a delincuentes juzgados en ese país a cambio de información, lanza señales que no son convenientes para Juárez”.

Ahora sólo resta esperar que la Fiscalía General del Estado, concrete tal rechazo y le exija a las autoridades norteamericanas -vía extradición- le sea entregado tal sentenciado, en virtud de que la declaración del acusado forma parte de un proceso legal ante las cortes estadounidenses y de ninguna manera los acuerdos celebrados entre éste y las autoridades de aquel país lo eximen de ser castigado por la comisión de tales crímenes, sobre los cuales los norteamericanos no tienen jurisdicción, a menos, claro está, que las autoridades mexicanas ya la acepten.

A eso nos opondremos terminantemente y deberá exigirse -las actuales autoridades judiciales deberían- la inmediata investigación de los procesos de extradición -si es que los hubo- o de entrega de algunos de los testigos-acusados a los norteamericanos, en lo que es el peor acto de pérdida de soberanía en todo un siglo por autoridad mexicana alguna.

Muchos podrán argumentar a favor de que las cosas ocurran como en el caso aquí comentado. Nada más lejos de lo que nos conviene como sociedad. 

¿Vamos a esperar que sólo los asesinatos de empleados del gobierno norteamericano se resuelvan?

No es cualquier cosa lo que nos está ocurriendo. El entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, acusaron a Gallegos Castrellón de ser el responsable del “80 por ciento de las muertes de los últimos 15 meses (2009-2010) en Ciudad Juárez”, pues se le acredita -y ahora en evidencias aparentemente irrefutables, como las grabaciones hechas por la DEA de los operativos criminales de los acusados, presentadas en el juicio recientemente terminado- ser el principal operador de “La Línea” y no develar, de modo alguno, la vasta estructura financiera necesaria para llevar al cabo tal cúmulo de operaciones y, al mismo tiempo, mantener intacta la operación de introducción de droga a los EU.

¿De veras podremos creerles que un grupo de sicarios, por su cuenta, fue capaz, sin el apoyo logístico de organizaciones empresariales, de sostener tan cruenta y prolongada guerra?

Este episodio constituye un ejemplo paradigmático de lo que el especialista en análisis sobre el crimen organizado, Edgardo Buscaglia, describe en su obra “Vacíos de Poder en México” cuando sostiene que “… una de las tantas caras que tiene la inacabada transición mexicana es la existencia de un sistema judicial descoordinado y sin dientes que no puede controlar, ni castigar de verdad las manifestaciones antisociales…” y que tampoco está en capacidad de ufanarse de obtener éxito en el combate a la criminalidad en su fase más violenta, la de las ejecuciones, pues “… dado el colapso del sistema judicial, el Estado mexicano no posee la capacidad de dilucidar qué proporción de los homicidios está vinculada o no con grupos criminales” porque, dice, “las tasas de homicidios disminuyen bajo dos supuestos: un más efectivo sistema judicial punitivo o preventivo (ambas condiciones claramente ausentes en México) o una consolidación de grupos criminales dividiéndose territorios y mercados en ‘orden’ bajo la tutela de un Estado cautivo e impotente. En otras palabras: pax mafiosa…”.

Quizá ahí se encuentren las explicaciones de lo que ahora vivimos. Gallegos Castrellón fue hallado culpable de los 11 cargos que enfrenta ante la justicia estadounidense, entre los que se encuentran “lavado” de dinero, delincuencia organizada y confabulación para distribuir drogas, “la decisión del jurado se dio a pesar de que el acusado se había declarado no culpable y la defensa argumentara que los testigos presentados fueron pagados con documentos migratorios” y podría enfrentar 10 cadenas perpetuas. (Nota de Luis Chaparro, El Diario de El Paso, 14/II/14).

Pero para llegar a tal sentencia, las autoridades norteamericanas usaron todo el arsenal de “estímulos” para obtener confesiones, suponemos muchas de ellas a modo: “Miguel Nevárez, alias ‘Lentes’, uno de los testigos principales contra Arturo Gallegos Castrellón, acusado del triple homicidio del caso Consulado, dijo que le fueron eliminados 23 cargos por homicidios a cambio de cooperar con el Gobierno de Estados Unidos”. El acusado informó que lo amenazaron. "Me dijeron que si yo no cooperaba iban a deportar a un familiar mío que está aquí legalmente”. (Nota de Luis Chaparro, El Diario de El Paso, 12/II/14).

Además, le retiraron las acusaciones por participar en los atentados con un coche-bomba. Confiado, afirmó que "Yo no tengo ningún cargo ni acusación formal en México”, y además le ofrecieron otorgarles residencia permanente a cuatro familiares suyos. (Ibídem).

En el juicio, el defensor de Gallegos Castrellón detalló algunos de los homicidios confesados por Nevárez, todos cometidos en Juárez. Resultado de lo anterior, el gobierno norteamericano “ha otorgado más de 20 documentos de residencia permanente –‘green cards’–, y una naturalización a familiares de los testigos. Asimismo, ha desembolsado alrededor de 220 mil dólares libres de impuestos y ha pactado tres reducciones de condenas mayores para quienes han dado su testimonio inculpando a ‘El Farmero”. (Nota de Luis Chaparro, El Diario de El Paso,  | 2014-02-13 | 23:29

Es impresionante: “Documentos mostrados a El Diario de El Paso por una fuente federal exhiben que Chávez, arrestado en julio de 2010, y quien confesó el homicidio de al menos 800 personas en Ciudad Juárez, incluyendo el multihomicidio de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, obtuvo a cambio de su declaración la residencia permanente estadounidense para tres de sus familiares y para él mismo”. Además, su familia recibió 92 mil dólares en cinco pagos libres de impuestos por parte de una agencia federal estadounidense. (Ibídem).

Siendo todo lo anterior altamente criticable, desde todos los puntos de vista, no sólo de la formalidad legal y de la renuncia del Estado mexicano a su responsabilidad en la persecución del delito, hay otra faceta aún más inquietante: La participación de las agencias norteamericanas en las bandas criminales en lo más alto de la ola homicida.

Ahora sabemos que no solamente proveyeron de armas a una de las bandas mediante el operativo de “Rápido y furioso”, que embarcaron cantidades hasta ahora desconocidas de dinero para “seguirle” la pista a las redes financieras de los grupos criminales, sino que de 2010 a mediados de 2012 estaban en el control de las conversaciones -en tiempo real- de los integrantes del “Barrio Azteca” y “La Línea”, además de videograbaciones, a través de la participación de un especialista en radiocomunicaciones -denominado como “E.Q.”- quien “recibió de la Agencia Antidrogas (DEA) más de 125 mil dólares libres de impuestos a cambio de su cooperación para aprehender a los acusados en el caso, al tiempo que recibía más de 500 dólares mensuales por continuar trabajando con el Barrio Azteca. Obtuvo, además de la propia, cuatro residencias permanentes estadounidenses para miembros de su familia”.

Pero no todo está perdido, luego de la sentencia a Gallegos Castrellón, el delegado estatal de Procuraduría General de la República (PGR), César Peniche Espejel, informó que aquel será regresado a México, luego del proceso penal del triple homicidio, para que responda de cargos en México por delincuencia organizada. 

Ajá…

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