Impunidad incurable

El Diario, 9 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

Sin duda alguna que atacar el fenómeno de la delincuencia -y de la ola homicida preferentemente- deberá abordarse desde las más variadas vertientes, que necesariamente deberán contemplar el manejo del tráfico de drogas de una manera radicalmente distinta a la hasta ahora usada; pero todas las estrategias usadas, o las que debieran emplearse, atraviesan por el principal problema existente en el país en el tema de la procuración de justicia, el de la impunidad.

A pesar de las optimistas expresiones de la cúpula gobernante en Chihuahua, elogiada por sus similares del ámbito nacional, en el sentido de que en la entidad, y sobre todo en Juárez, han disminuido contundentemente las cifras delictivas (algo que nadie ha refutado, porque es un fenómeno que se aprecia en la calle, referente sin igual) el comportamiento de las curvas delictivas, como debiera esperarse de una comunidad con las características geo-socio-económicas del antiguo Paso del Norte, no sigue el patrón que las autoridades -y la sociedad- deseáramos.

Ante la oleada homicida de los primeros días de febrero, el Gobernador César Duarte encabezó una reunión de seguridad en Juárez para afrontar el hecho de la presentación de 17 ejecuciones en el mes (hasta el sábado 8), lo que haría un promedio de 2 diarios, cifra que al proyectarla al año llevaría la cuenta a más de 700 homicidios, inferior al número presentado en 2012 y casi al doble del año 2007, lo que pondría la tasa a 56 homicidios por cada 100 mil habitantes (Pccmh), también duplicando las más altas tasas en el mundo, y muy lejos de las sociedad desarrolladas agrupadas en la OCDE que mantiene promedios por debajo de los 3 Pccmh, es decir, ¡Casi 20 veces más que en aquel mundo!

Y como siempre, como lo han hecho a lo largo de ya casi 5 décadas, el titular de la Fiscalía General del Estado presentó como evidencias de los “avances” en el combate al tráfico de drogas, el hecho de que se “aseguraron” más de 4 toneladas de mariguana en los últimos días en el Valle de Juárez.

 Pero tales manifestaciones optimistas palidecen frente a la siniestra realidad de la procuración de justicia y, por consiguiente, ante los niveles de impunidad prevalecientes en Juárez y el Valle de Juárez y que, además, no son muy distintos a los presentados en el resto de la entidad… y en el país, para nuestra desgracia.

Dos memorables trabajos periodísticos dan cuenta de dicho fenómeno.

Las “cabezas” de El Diario de esos días fueron impactantes: “Impunes aquí 7 de cada 10 asesinatos del año pasado”. (Nota del Staff, Con información de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario de Juárez, 19/I/14).

“Quedan impunes miles de crímenes en la ciudad”, (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 5/II/14).

La primera de ellas, en plena etapa de remisión de la ola homicida, hacía énfasis en el escaso número de homicidios en vías de resolución, “Durante este periodo (el año 2013), los tribunales de Garantía únicamente resolvieron la situación jurídica de 136 acusados del delito de homicidio de los 485 que se registraron en la ciudad”, de acuerdo con los datos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). (Ibídem).

De las 485 personas asesinadas el año anterior, la fiscalía presentó ante los jueces a “35 personas sospechosas de homicidio simple, a 91 presuntos responsables de homicidio agravado y calificado y a otros 10 acusados de homicidio en riña”, es decir, por lo menos en esa fase de los procesos, sólo se había resuelto el 28% de los crímenes.

A estas cifras aún debemos descontar a aquellos acusados que demuestren en los tribunales no ser los culpables, o que la única evidencia en su contra sea la declaración autoinculpatoria (como antes, como siempre, cuando bastaba con declararlo “asesino confeso”) y entonces los niveles de impunidad crecerán exponencialmente.

A estas preocupantes cifras, el abogado Héctor González Mocken, presidente estatal de la Confederación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, le agrega otro factor, igualmente demostrativo de los elevados niveles de ineficiencia en la procuración de justicia, el de la escasa capacidad investigadora de las agrupaciones policiacas y ministeriales pues, dice, la mayoría de las detenciones se realizan dentro del término de flagrancia. (Ibídem).

Sin embargo, el 16 de enero, el Fiscal General del Estado, Jorge González Nicolás, había afirmado ante las autoridades federales que “Ciudad Juárez mantiene el más alto índice de asuntos resueltos en materia de homicidios, tenemos un 41 por ciento de los homicidios resueltos en el 2013, ese fue el porcentaje final. Y me puede decir que es menos de la mitad, pero recordemos que en el 2010 teníamos un 1.6 por ciento de casos resueltos”.

Pero una investigación más amplia acerca de los niveles de impunidad en esta misma región, a lo largo de una década, arroja cifras de espanto: “Sólo en el 2% de los asesinatos cometidos en los últimos diez años se ha sentenciado a los supuestos responsables”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 5/II/14).

“Como ningún otro municipio en el país, Juárez tiene registrados 11 mil 598 asesinatos de 2003 a 2013, revelan datos de la Fiscalía General del Estado, obtenidos a través de Transparencia. De ese histórico número, 10 mil 340 carpetas se encuentran en estatus de ‘investigación’. Además, en 670 archivos existen acusados y sólo en 206 casos judicializados un Tribunal de Garantía dictó sentencia, destaca el informe. Es decir, sólo el 1.9% de los asesinatos de la última década han sido investigados y el probable responsable sentenciado”. (Ibídem).

Al sumar los asesinatos cometidos en los municipios del Valle de Juárez (Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero) la cifra asciende a 11 mil 939. (Ibídem).

Las cifras oficiales de homicidios cometidos en la década, son las siguientes: En 2004, 208 personas; 2005, 241; 2006, 261; 2007, 337; 2008, mil 600; 2009, 2 mil 675; 2010, 3 mil 158; 2011 concluyó con mil 970; 2012, 803 y 2013, 535. 

En ese lapso, miles de jóvenes de dos generaciones fueron abatidos. Del total, 9 mil 603 eran menores de los 40 años, es decir, el 80% de las víctimas. De ellas, “620 (eran) niños y adolescentes; en 5 mil 586 de las víctimas sus edades oscilaban entre los 18 y 30 años. Asimismo, 3 mil 397 victimados tenían de 31 a 40 años…”. (Ibídem).

De ese modo, podremos encomiar distintas medidas puestas en vigor para abatir la criminalidad, como la de ofrecer la cobertura universal a los aspirantes a la educación media superior y superior, y los distintos programas sociales de los gobiernos de los tres niveles, pero si la impunidad es el principal rasgo de la procuración de justicia en Chihuahua, muy poco avanzaremos en el abatimiento de las cifras delictivas; si quienes cometen delitos de manera consuetudinaria tienen la certeza de que existen muy pocas posibilidades de ser castigados, lo seguirán haciendo, y otros seguirán ese ejemplo.

Máxime si esta sociedad, la suya, a la que no se sienten pertenecer, no les ofrece opciones de ninguna especie; entonces no hay elección, como lo dicen muchos de los jóvenes involucrados en el crimen organizado, más vale unos cuantos años con todos los lujos que les pueden proporcionar las actividades delictivas, a vivir sin la expectativa de una vida digna que, afirman, no es vida.

En cambio, si, como ocurre en las sociedades desarrolladas, existe la certeza casi plena de que la comisión de un delito implica la aplicación de una sanción, entonces habremos empezado el camino del abatimiento de las cifras delictivas.

Y todo ello sin abordar el otro factor generador de éste y otros muchos fenómenos a cual más de perniciosos, el de la profunda desigualdad socioeconómica de la sociedad mexicana del siglo XXI.

No le faltaba razón al político más repudiado de la élite política y de no pocos integrantes de las capas medias de la población, Andrés Manuel López Obrador, cuando pregonaba en la campaña presidencial del 2006: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Basta con darse una vueltecita por los penales de Chihuahua, el pobrerío los puebla.

CARGOS.- El PRI municipal de Chihuahua designó a Liliana Álvarez, directora de la Facultad de Administración de la Uach, como coordinadora de “Vinculación con profesionistas”.

A este paso, con tal inercia ¿Quien de los rectores, Enrique Seáñez Sáenz, de la Uach, o Ricardo Duarte, de la Uacj, será el encargado estatal de esa coordinación priista?

Debiéramos desenterrar una de las frases de Ernesto Zedillo: Que exista la “sana” distancia entre el gobierno y el partido. Y en ello las autoridades universitarias debieran dar el ejemplo.

Digo, porque hay cada caso que nos pone a temblar…

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