¿A quién se le ocurre?

El Diario, 20 de febrero de 2014

Luis Javier Valero Flores

A muchos -y sobre todo en la esfera oficial- les pareció una exageración que se planteara el modo en que en las distintas esferas de gobierno se perdiera la noción de los límites entre el partido y el gobierno y que se asumiera, con un claro concepto patrimonialista (ése, que creímos superado) que no había “problema” en que las dependencias gubernamentales, cada vez con más fuerza, realizaran trabajos partidarios, o que a sus empleados se les coaccionara a efectuarlos.

Con fuerza, parecía, crecía la noción que estábamos frente a la reconstrucción del Partido de Estado, aquel que eufemísticamente designó Carlos Salinas de Gortari como el “partido casi único”.

A la luz de los últimos acontecimientos en Chihuahua, tal percepción se fortalece casi a diario, con el pleno desconocimiento del marco jurídico vigente o, todavía más grave, que a pesar del conocimiento se viole flagrantemente.

Aún no nos recuperábamos del affaire de la directora de la Facultad de Contaduría de la Uach, cuando aceptó la “invitación” del Comité Municipal del PRI en Chihuahua, para desempeñarse al frente de la Comisión de Vinculación Profesional, cuando campante, el Oficial Mayor del municipio de Juárez, Alfredo Aguirre Carrete, informó que “Unos 120 empleados municipales autorizaron al gobierno local que les descuenten de su salario la cuota que deben aportar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para contribuir con su financiamiento… en su mayoría son jefes y directores generales de la actual Administración Municipal, pero la petición se extendió a otros niveles y supuestamente varios trabajadores aceptaron de manera voluntaria… aseguró que hasta el momento no tiene estimado el monto total de lo que el Municipio recauda para el PRI y que ya se ha entregado…”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario de Juárez, 19/II/14)

Previamente, El Diario había informado de la inconformidad de algunos empleados porque se les descontó sin su autorización, ante lo cual, el funcionario municipal afirmó que “… Ya quedó claro este asunto, a los que se inconformaron, que fueron muy pocos, se les respetó su decisión de no aportar porque finalmente es un asunto de voluntad, ciertamente se pensó que todo mundo tendría la voluntad de apoyar la situación del partido, pero mejor se ofreció esa alternativa”. (Ibídem).

¡Órale! ¡Gracias por recordarles que tienen derecho a decidir que hacen con sus salarios!

No es todo, informó que “a petición del PRI se encargó de hacer el convenio con los empleados” y que la recomendación fue que aportaran el 5% de sus ingresos “o que ellos pusieran la cantidad… Es algo que ya quedó allanado, las inconformidades ya se dieron y ya se solucionaron y a los que no quieren no se les hará ningún descuento”. (Ibídem).

Hay más, en su defensa, alegó que no era una acción ilegal, ni “tampoco representa una carga administrativa para el gobierno, porque de manera regular se lleva a cabo en varios niveles de gobierno y el procedimiento que se sigue es electrónico, a través de transferencias bancarias”. (Ibídem).

Además, dijo, que el resto de los partidos políticos y un sinnúmero de empresas pueden beneficiarse de tal procedimiento, como las vendedoras de muebles, de seguros de vida y servicios funerarios, “que se van pagando mediante la nómina”.

¡Ándele, además de los servicios que ofrece el municipio, también se encuentra el de cobrador de las empresas que así lo soliciten!

El problema, como siempre, estriba en encontrar el lugar en donde están esas facultades dentro de las otorgadas por la ley a esta instancia de gobierno.

¿Dónde, dónde está esa facultad de la tesorería del municipio para hacer descuentos a los empleados y luego transferir los recursos a empresas y partidos?

¿Dónde, que puede convertirse en el departamento de cobranza de empresas y partidos?

No basta con la firma del empleado ¿Y qué tal si un mes decide no pagar el abono del mueble, o de la cuota del partido? ¿Ante quien debe tramitar que le paguen, íntegro, su salario?

Podríamos hasta convenir que se pudiera aceptar en el caso de las empresas ¿Y qué tal si alguna de ellas pertenece a alguno de los funcionarios municipales? ¿Pero en el caso de los partidos? ¿No saben que violan la ley?

No termina ahí la cosa, la controversia no es con el escribiente, sino con el marco legal. 

El Código Penal del Estado de Chihuahua establece:

“Art. 261. Comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades:

…

II. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.

Art. 270. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a quinientos días multa, al servidor público que:

Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo;…”.

A su vez, el Código Penal Federal establece en el artículo 407 lo siguiente:

“Se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de uno a nueve años, al servidor público que:

… 

III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal”.

¿Habremos regresado al pasado y no nos hemos dado cuenta?

Bueno, es de tal magnitud el entuerto, que hasta al alcalde Enrique Serrano podrían fincárseles cargos que lo podrían llevar a la destitución.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF