Simples afanes recaudatorios

El Diario, 22 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
Cuando creemos –porque nos hacen creer– que ya superamos la etapa más sombría de la historia reciente de Chihuahua, nuevamente aparece el chicotazo de la violencia, cada vez más cercano y bestial.

El asesinato de quince personas el viernes por la noche en el Bar “Colorado” de la capital del Estado, y entre ellas a nuestros compañeros Javier Moya Muñoz y Héctor Javier Salinas Aguirre es, nuevamente, un severo llamado de atención, no sólo a las autoridades sino a la sociedad chihuahuense toda, de que la ola de violencia no se ha ido de nosotros y hace víctimas de manera indiscriminada; que cualquiera puede caer ante la capacidad de fuego de los señores de la muerte.

Podremos escuchar cientos de discursos del mundo oficial –con decenas de condolencias– pero lo único cierto es que la impunidad es el rasgo principal de la época que nos tocó vivir. La realidad es terca, bestial, extremadamente violenta y cruel.

Contra todos los discursos, en las calles de Chihuahua siguen circulando quienes no tienen respeto por ningún parámetro de las sociedades modernas, no tienen temor de nada; son ellos los dueños de vidas y obras; desprecian a las autoridades, se burlan de las más elementales normas de convivencia humana, sólo piensan en sus negocios, han perdido la noción primaria del ser humano –aquella, consistente en que para poder sobrevivir era necesario vivir en sociedad– y, como todos los tiranos de todas las épocas, piensan que su ley es la única valedera.

Se equivocan, ellos y sus cómplices de afuera y adentro del mundo gubernamental, los chihuahuenses sabremos sobreponernos a quienes han hecho del delito su modus vivendi. Al decir esto, no nos referimos solamente a quienes cometen los bestiales asesinatos como el que ahora repudiamos enérgicamente sino también, y sobre todo, a quienes los ordenan, los financian, los alientan y a quienes tienen la obligación legal de combatirlos y nos arrojan, en lugar de resultados, información para que nuestra percepción cambie y lleguemos a creer que la crisis de seguridad pública ya se superó.

Porque da lo mismo si un compañero nuestro es ejecutado afuera de su domicilio, o si es en el interior de un bar, o en el local de su medio de comunicación. Igual sucede con los activistas sociales, ocurre lo mismo si es ejecutado en las calles de Nuevo Casas Grandes o a las puertas de Palacio de Gobierno, es decir, como les ha ocurrido a la abrumadora mayoría de quienes han caído en esta oleada homicida, abatidos por las balas asesinas: Nunca se sabe quiénes los asesinaron, ni quiénes ordenaron hacerlo.

Y mucho menos sus autores pagan por sus crímenes.

Como en todos los casos, no solamente porque entre las víctimas del episodio presente se encuentran periodistas, la exigencia es recurrente: Justicia.

Es tan impactante la masacre del Bar Colorado que hace aparecer como frívolo, o de poca monta el tema seleccionado para comentarlo hoy.

En medio de la “tormenta perfecta”, esto es, de una severa crisis económica y una no menos aguda crisis de seguridad pública, y cuando, justamente, para enfrentar los efectos de ambas, los más variados sectores de la sociedad juarense –y también, aunque más moderadamente, la chihuahuense– le han solicitado reiteradamente al gobierno federal se declare una emergencia fiscal en Juárez, el grupo gobernante ha resuelto encaminar sus esfuerzos a incrementar, a como dé lugar, los ingresos públicos a partir de la creación de nuevos impuestos o contribuciones especiales.

Las declaraciones de varios de los protagonistas más importantes del grupo hegemónico actual nos llaman a no preocuparnos, que sólo se cobrará el nuevo impuesto a los propietarios de lotes baldíos o de grandes extensiones de tierras que se vean beneficiadas por la construcción de alguna obra que conlleve el aumento de la plusvalía de los terrenos, el problema estriba en que tales explicaciones no tienen sustento en el texto de la reforma aprobada por el Congreso del Estado.

Héctor Arcelús, secretario del ayuntamiento juarense, dijo que “esos casos son exclusivamente para un gran inversionista que tiene grandes propiedades y que se ve beneficiado por una obra pública; entonces ahí sí tendríamos el derecho de buscar capitalizar algún recurso para el Municipio”.

Alejandro Domínguez, presidente del Congreso del estado: “Es una facultad que se da a los ayuntamientos para ir en contra de aquéllos quienes están especulando con la tierra”.

Igual lo dijo Marco Adán Quezada, alcalde de la capital: “Quienes pagan su parte de pavimentación quedan exentos de la Contribución Especial ya que ésta sólo se cobrará a los propietarios de lotes baldíos y de grandes extensiones de terreno que son beneficiados con la obra”.

El problema es que el texto de la reforma no dice nada de lo que arguyen:

“Artículo 166.- La contribución especial sobre obras en materia de urbanización, se pagará de conformidad con lo que se establezca en la autorización del Congreso del Estado para la derrama del costo de las obras, previa presentación por parte de los Ayuntamientos. Se entiende por obras de urbanización las relativas a:

I. Apertura y mejoramiento de las vías públicas; la seguridad del tránsito de vehículos y peatones y la construcción de plazas, jardines, parques y campos deportivos.

II. Pavimentación, repavimentación, reciclado, riego de sello y obras complementarias.

Ill. Banquetas, guarniciones y drenaje pluvial de las vías públicas.

IV. Instalaciones de alumbrado público.

V. Cualquier tipo de obra pública orientada a la integración, conservación, mejoramiento y crecimiento de las poblaciones del Municipio.

El crédito fiscal a cargo de cada beneficiario será calculado de manera equitativa, con base en las dimensiones y/o valor económico del inmueble objeto de la mejora, según lo determine la autorización del Congreso del Estado, de conformidad con lo presentado por el Ayuntamiento.

En todo caso, el importe líquido a cargo del contribuyente no podrá ser mayor al cincuenta por ciento de la plusvalía adquirida a consecuencia de la obra de urbanización”.

¿Dónde, dónde aparecen las propiedades citadas por los defensores de la nueva contribución? ¿Dónde se encuentra el texto de la ley que nos diga que ahora la autoridad municipal les cobrará a los propietarios de las grandes extensiones de tierra, de aquellos beneficiados de las grandes obras viales a construir en el futuro?

No está en la ley, lo que ahí aparece es la espada de Damocles. A cualquier propietario le podrán aumentar las contribuciones por la construcción de, por ejemplo, un parque público a una cuadra de su casa, o por la construcción de un distribuidor vial cercano a su propiedad. Por cualquier obra.

Más aún, como lo señalan distintos especialistas, esta nueva contribución implica una triple tributación porque se grava lo mismo que con el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Predial, de acuerdo con el fiscalista Alejandro Enríquez-Mariscal, socio del despacho de abogados BéndiksenLaw, quien, además, sostiene que no se le “puede cobrar a la población un gravamen por una ganancia que quizá no se dé nunca”. (Nota de Martín Coronado, El Diario, 19/IV/12)

Además, de darse el caso, como lo han sostenido los alcaldes de Juárez y Chihuahua, que a los “pobres no se les cobraría”, se violaría el principio de inequidad, pues “si no se le cobra el impuesto a los pobres o a las colonias marginadas, se está haciendo una distinción entre los ciudadanos que la ley no permite, al menos en la materia tributaria”. (Ibídem).

¿Para qué estirar tanto la cuerda?