Reforma penal inaceptable

El Diario, 12 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
El día de ayer -seguramente- la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados habrá discutido y aprobado un dictamen sobre reformas al Código Federal de Procedimientos Penales en el que, básicamente, se permitirán detenciones sin orden de aprehensión, incluso para delitos graves, constituyéndose, de aprobarse en el pleno de dicho organismo legislativo, en uno de los peores retrocesos en materia de legislación penal en la historia del país.
Lo peor es que las dos principales fuerzas políticas nacionales están coincidiendo en tales propósitos -PRI y PAN- en lo que puede ser el inicio de una contrarreforma en todos los ámbitos de la vida política y social de México pues al grito de combatir al crimen organizado y a la delincuencia común, desatada no por carencias en materia legislativa penal, están poniendo las bases para la creación de un estado policiaco, del mismo modo que lo intentó hacer George W. Bush en los Estados Unidos a raíz del ataque a las Torres Gemelas y de las guerras en Irak y Afganistán -creadas para satisfacer las necesidades económicas de la industria bélica norteamericana, cuyos principales ejecutivos se encontraban en posiciones claves de ese gobierno- y que, por desgracia, logró avanzar, permitiendo, a partir de entonces, serias violaciones a los derechos humanos y las garantías constitucionales hasta entonces vigentes en el vecino país.
Del mismo modo, el dueto PRI-PAN, incapaces de afrontar la creciente ola delictiva en México, solo atinan a endurecer el marco legal penal vigente, como medida, dicen, para desalentar la comisión de delitos, como si hiciera falta modificarlo para mejorar la procuración de justicia.
Esa no es la solución, se los han -hemos- dicho en todos los tonos, todas las voces críticas (por analíticas) del país, todos los especialistas y hemos advertido del peligro de sentar las bases de un régimen policiaco, fincado en la hegemonía de las fuerzas armadas, que ahora se hacen cargo de las tareas policiacas en la mayor parte de las entidades mayormente sometidas a la ola delictiva y a la guerra de los cárteles de las drogas.
Y es que priistas y panistas le apuestan a un fenómeno: A la desesperación de la gente por la falta de control de la delincuencia, lo que genera, de inmediato, una corriente de simpatía ciudadana hacia el incremento de las penas -que los maten, o los refundan en la cárcel, es la expresión más frecuente al abordar este tipo de temas- sin ver que tales reformas se convertirán, ni siquiera debemos ir muy lejos, en francos limitantes para la sociedad mexicana y en claros instrumentos para que las fuerzas del Estado se conviertan en verdaderos represores de la ciudadanía, así como en aliados incondicionales del crimen organizado.
Porque las causas del incremento delictivo no se encuentran en la falta de un adecuado marco legal, bastaría con que se aprehendieran a los delincuentes y les aplicaran las sanciones vigentes hasta antes del 2007 y, por supuesto, aplicando una política social que impulsara el desarrollo social, para que hubiésemos abortado el estallido criminal que, por supuesto, tiene un factor criminógeno, pero que encontró un excelente caldo de cultivo en una sociedad depauperizada, con salvajes índices de desempleo y con una brutal pérdida del poder adquisitivo -lo calcula el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM en un 42% en lo que va del sexenio de Felipe Calderón- y en una desorbitada decisión gubernamental de lanzarse a "combatir" al crimen organizado a partir de diciembre de 2006, sin más estrategia que -voy pa'lante y no me muevo-.
Mas aún, y eso no se ha evaluado adecuadamente, sobre todo por los gobiernos norteamericanos, tan preocupados por la ola violenta en México, el importantísimo factor que constituye el hecho de haber casi cerrado la frontera al cruce de inmigrantes -que en el sexenio de Fox promedió medio millón anual- y que en el actual sexenio ha sido abatido brutalmente, lo que ha llevado a cientos de miles de jóvenes a no tener expectativa alguna, ya ni siquiera la migración "al otro lado", y estar sujetos a todas las proposiciones que generen alguna mínima ganancia, en un país -el suyo- que no es capaz de ofrecerles opción alguna.
Ahora aprobarán una ley que le permitirá a las fuerzas policiacas -igual que lo hace ahora, pero que era penado por la legislación- detener prácticamente a todos los que deseen, y acusarlos de cualquier tipo de delitos. Asentar lo anterior no tiene nada de extraordinario, durante años -décadas- esa fue la forma en que se actuaba, de ahí que muchos impulsamos la reforma penal que desaparecía la declaración como reina de las acusaciones, y que, por tanto, tenía la intención de erradicar la tortura como medio para arrancar las declaraciones autoinculpatorias.
Así, gracias a que unos están a punto de irse del gobierno y a que otros están acariciando la idea de llegar, y sueñan con un esquema policiaco a modo, muchas de las demandas de paz y justicia de los mexicanos se irán al baúl de los sueños durante un rato.
Pero no existe el destino manifiesto, deben existir reservas democráticas en el seno de la sociedad mexicana -y de los partidos- para impedir tales retrocesos.