Diego, la extradición vergonzante

El Diario, 10 de abril de 2012
Luis Javier Valero Flores
La detención y extradición de José Antonio Acosta Hernández “El Diego”, es uno de los casos más vergonzosos de la aplicación de justicia de la actual administración federal, en la que está involucrado, por desgracia también, una parte del Poder Judicial Federal.
Acusado de ser el autor de la masacre de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar y la detonación de un coche-bomba en la zona Centro de la ciudad, así como del asesinato de otros 13 jóvenes en una vivienda de Horizontes del Sur, del homicidio de 19 personas en el centro de rehabilitación “Fe y Vida” de la capital del estado, además de ordenar el homicidio de Sandra Ivonne Salas García, subprocuradora de Asuntos Internos de la Procuraduría de Justicia estatal, entre otros, entre ellos, el del ser el autor intelectual del asesinato del reportero Armando Rodríguez Carreón “El Choco” y, sobre todo, de los asesinatos de Lesley Ann Enríquez, empleada del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, así como de su esposo Arthur Redelfs, oficial de la Cárcel del Condado de El Paso, y de Jorge Salcido Ceniceros, marido de otra empleada consular, así como de otros 1,500 asesinatos, delitos, todos, cometidos en territorio nacional, por los cuales debió ser procesado en nuestro país, y después, una vez cumplida la sentencia -si es que podría cumplirla- y satisfechos los requisitos de la extradición, ser enviados al país vecino.
Nada de eso ocurrió, al contrario, en la peor de las opacidades, el gobierno ocultó, primero, la forma en que fue detenido, luego, la manera en que sería procesado, en un vergonzoso episodio en el que los dos niveles de gobierno -el federal y el estatal- se arrojaron lo que parecía una papa caliente, y finalmente, al tiempo que la justicia federal, por fin, quien se haría cargo del procesamiento de quien fuera considerado uno de los peores criminales del país, nos venimos a enterar que ya había sido "extraditado" a Estados Unidos, con lo cual, como bien lo asentó la columna de El Diario "Los reporteros" el domingo anterior, se volvió imposible de cumplir la aplicación de justicia en los casos señalados líneas arriba.
Y debemos decirlo enfáticamente, todos los crímenes por los cuales es procesado en Estados Unidos fueron cometidos en territorio nacional, inlcuidos los de los funcionarios consulares norteamericanos. Bonitos nos veríamos si los asesinatos cometidos en nuestro país, en contra de nacionales de otros países, resolviéramos que fueran juzgados en sus respectivas naciones (nomás por preguntar ¿Por qué no hacen lo mismo, por ejemplo, con la francesa Florence Cassez, y la juzgan allá, en Francia, por los delitos cometidos en México? ¡Ah, pero es que no se trata de una norteamericana, o de un mexicano que haya cometido delitos en contra de ciudadanos norteamericanos!) ¡Qué triste situación, que un gobierno nacional ceda tan amplias franjas de soberanía nacional, demostrando, en los hechos, que solo obedece, cual títere, los mandatos de un gobierno ajeno al nuestro, y con ello, evidencia que la estrategia aplicada en México no fue elaborada en nuestro país.
Peor aún, al igual que las autoridades mexicanas, las norteamericanas tienen como única evidencia de la comisión de los delitos cometidos presuntamente por Acosta Hernández, solamente sus declaraciones, las que, en un juicio imparcial darían pie a su liberación, por eso se lo llevaron, para que no gozara de la posibilidad de defenderse y demostrar que varias de las acusaciones fueron realizadas solamente para publicitar, malamente, los supuestos éxitos de la "guerra" de Felipe Calderón en contra del narcotráfico.
Ahora está peor, la actual administración entrega a Estados Unidos a los presuntos delincuentes para impedir que se sepa la verdad y se aplique la justicia, tan buscada por cientos, miles de agraviados. Nada de eso importa para una administración que perdió, no solo la brújula sino, también, la vergüenza.