Mega Radio Juárez, 8 de febrero de 2016
Luis Javier Valero Flores
La campaña electoral apenas inicia, -será una guerra- y tendremos oportunidad de comentar todos sus aspectos, partiendo de la idea que será novedosa, por innumerables nuevos factores presentes en ella, pero, aprovechando que se trata de renovar el total de los puestos de elección popular, incluidos el del Poder Ejecutivo, será necesario detenernos en una de las heridas que más dolió en la larga sangrienta noche homicida de los años anteriores, algo que deberemos enfatizar, a contrapelo de las versiones oficiales, no se ha ido y no se irá pues es producto del tráfico de drogas y el combate violento desplegado contra él.
Hace seis años un salvaje comando del crimen organizado arremetió contra un grupo de jóvenes que se divertían, en medio de una de las numerosas colonias juarenses en las que la pobreza campea y a la que los juarenses se enfrentan y aprenden a compaginar con alegría y optimismo a pesar de todo.
La masacre de Villas de Salvárcar se convirtió en uno de los símbolos emblemáticos de la barbarie sufrida por los chihuahuenses y sirvió para que se realizara uno de los ejercicios más memorables en la relación de los mandatarios y la sociedad.
Felipe Calderón aceptó debatir con representantes de la sociedad civil juarense y con los padres de las víctimas. Cientos de discursos después y de innumerables promesas se aterrizaron algunos acuerdos, en todos los aspectos de la vida política, económica y social del antiguo Paso del Norte.
En el lapso transcurrido amainó la ola homicida y el nuevo gobierno se ufanó de haber controlado la incidencia delictiva, gracias, sostiene férreamente, a las políticas gubernamentales y al mejoramiento del nuevo sistema de justicia penal, a tal grado que ahora, Chihuahua, es punta de lanza en los sistemas de justicia oral en todas las materias; sin embargo, con motivo de la última visita presidencial de Enrique Peña Nieto, los representantes de 20 de las 25 familias agraviadas, padres de algunas de las víctimas ellos mismos, le enviaron una carta al presidente, que no pudieron entregarle en mano porque para los gobernantes los únicos representantes de la sociedad civil juarense siguen siendo los empresarios.
Así es, en las dos últimas visitas presidenciales quienes han hablado a nombre de la sociedad han sido, únicamente, los representes empresariales.
Bueno, pues en la carta evidencian que los resultados en la aplicación de justicia son desastrosos.
No necesita explicaciones, duelen sus términos y lo que traslucen:
“…
LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO.
Hoy viene otra vez a Ciudad Juárez, hace un año le planteamos personalmente, la necesidad de hacer justicia para nuestros hijos, esposos, padres, hermanos que murieron y fueron lesionados el 30 de enero del 2010.
Ha sido un año de trámites interminables y ninguna autoridad inferior a usted ha resuelto el asunto.
EL GOBERNADOR DEL ESTADO se niega a firmar la ley de víctimas YA APROBADA por el Congreso del Estado.
LA PGR se niega a investigar el crimen como un acto de delincuencia organizada, aún a pesar de que el líder de La Línea (brazo armado del cártel de Juárez) así lo aceptó.
LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS (de la Segob), se niega a reconocer que somos víctimas de la delincuencia organizada, y sostiene que fue un crimen menor.
LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS mantiene congelada la solicitud de auxilio que le hicimos desde julio del 2015, ni siquiera han tomado el acuerdo de trámite.
SEÑOR PRESIDENTE, seguimos esperando justicia, rezando todos los días en la casa donde murieron nuestros seres queridos un día para cada muerto.
¿USTED PUDIERA HACERNOS JUSTICIA?
Representantes comunes de 20 de las 25 familias afectadas:
Alonso Encinas; Luz María Dávila”.
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