¿Descriminalizar el consumo?

El Diario, 25 de febrero de 2016

Luis Javier Valero Flores

¡Valiente postura, la del Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, la de descriminalizar el consumo de mariguana!

Dijo que se requiere de una legislación que deje de perseguir a los usuarios de la hierba para detener a los delincuentes que lucran con este fenómeno. Tal aseveración la realizó en la inauguración del Segundo Foro Nacional para el uso de la Mariguana, efectuado en Juárez el martes anterior. (Nota de Martín Orquiz, El Diario,  24/II/16).

Que alguien le avise que tal cosa ya es una realidad, desde hace mucho tiempo; que le digan que en México no es un delito ser consumidor de drogas, que lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue la aprobación a la producción, es decir, al cultivo, de la mariguana para uso LÚDICO (perdón por las mayúsculas) personal, que prohibirlo coarta los derechos de los ciudadanos.

Lo que está a discusión no es si se puede permitir el uso medicinal de tal sustancia (aunque también, así de atrasados en esta materia nos encontramos) sino, el de si le damos un giro completo al modo de afrontar la lucha contra las adicciones, pues en el último medio siglo el acento se ha puesto en el combate violento al tráfico de drogas, en la detención de los delincuentes dedicados al trasiego de ellas y a las actividades violentas en aras de preservar el negocio y, en dejar de lado la atención a los adictos al consumo de drogas y a la prevención, que en la práctica es inexistente.

Las cifras son de espanto, Osorio Chong afirmó que de cada 10 reos, 6 están recluidos por la comisión de delitos “contra la salud”, como eufemísticamente se denominan los delitos del tráfico de drogas.

La evidencia empírica revela que después de 50 años de la aplicación de la política prohibitiva y punitiva, asumida por los organismos internacionales, a presión del gobierno de los Estados Unidos, ha demostrado contundentemente su fracaso, dijo Rubén Aguilar.

Después de ese tiempo lo que tenemos son sociedades devastadas, el tejido social severamente degradado las instituciones relacionadas con la procuración y aplicación de la justicia gravemente dañadas por la infiltración criminal; un inmenso ejército de empobrecidos jóvenes involucrados en el tráfico de drogas, muchos de ellos adictos; inmensos recursos públicos perdidos, destinados al combate de los narcotraficantes; la eclosión de una gran variedad de delitos relacionados con el trasiego de las drogas, la pérdida  del control gubernamental, no sólo en vastas zonas del país, sino sobre las mismas dependencias, incluidos, por supuesto, la mayor parte de los cuerpos policiacos.

Y a pesar de todo ello, -por ejemplo, en el sexenio anterior, el de la guerra contra las drogas, el gobierno federal empleó poco más de 700 mil millones de pesos en el sostenimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública-, el número de muertos rebasó los 100 mil en el sexenio; el consumo de drogas se elevó marginalmente, bajaron los precios de la cocaína en las calles de las ciudades norteamericanas y medio país se vio envuelto en la vorágine de la violencia, la muerte y el dolor.

Así, ¿Si empleamos una millonada en combatir a los cárteles, en tratar de evitar que trafiquen con la droga y en el camino nos pervierten a las instituciones, matan a miles, envician a otros más, desarticulan a la sociedad y, de paso, se enriquecen, ellos, los mercaderes de la muerte, y las empresas dedicadas a la producción y comercio de armas, qué caso tiene continuar con tal política de combate? ¿Por qué no cambiar el sentido de la “guerra”?

¿Por qué no legalizar el tráfico de drogas, hacer un padrón de adictos, establecer un programa nacional de rehabilitación, realizar una gran batida de prevención y suministrar la droga a quien la necesite?

Varias cosas son seguras, en primer lugar, los índices de violencia disminuirán drásticamente, empezará una lenta recuperación de las instituciones, disminuiremos las dimensiones de los cuerpos de seguridad pública -con lo que ahorraremos cuantiosos recursos presupuestarios- y los recursos podrán reorientarse a la construcción de un tejido social acorde a las necesidades de la sociedad moderna mexicana, orientados especialmente a las zonas más conflictivas de los centros urbanos.

Es decir, podríamos dedicarles más recursos a los “ejércitos” de paz, que a los ejércitos -estos sí de verdad- de la guerra y la muerte que hoy tenemos.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF