¿Las municipales, únicas corruptas?

El Diario, 4 de febrero de 2016

Luis Javier Valero Flores

En otra fase más del agudo proceso de centralización vivido en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) le solicitó a los senadores la creación de 32 policías estatales “únicas” y la desaparición de mil 800 corporaciones municipales, para “tener mayor eficacia contra el crimen y reducir riesgos de corrupción”, como afirmó en la presentación el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, en su calidad de Presidente de la Conago. (Nota de Alonso Urrutia y Víctor Ballinas, La Jornada, 2/II/16).

El principal argumento esgrimido por los gobernadores es que ‘‘es mejor fortalecer, robustecer, apoyar a 32 policías estatales, que tratar de recomponer o reconstruir más de mil 800 corporaciones municipales, varias de ellas, la mayoría, con dificultades económicas, de formación, de certificación y desde luego en la aplicación de los exámenes de confianza’’, además de que, dijo, con la policía estatal única ‘‘vamos a quitar presiones a los alcaldes, a los directores de policías locales, que, si bien no podemos generalizar, en muchas ocasiones se ven presionados por el crimen organizado’’.

En un giro inesperado, por aquello de que el gobierno de Peña Nieto resolvió desaparecer mediáticamente el asunto de la inseguridad, el Gobernador César Duarte, quien preside la Comisión de Seguridad de la Conago, afirmó que por el momento de inseguridad que vive el país es necesario quitarle a los municipios la facultad de poseer sus propios cuerpos policíacos y que, a lo sumo se les podría dejar funciones ‘‘de orden administrativo’’, para aplicar los bandos de buen gobierno o para asumir el control de los vendedores ambulantes. (Ídem).

Adelantó que de avanzar la propuesta algunos de los elementos municipales podrían, si pasaran los filtros de confianza, integrarse a la nueva policía estatal.

Sin embargo, desde el momento de la presentación, el coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera y el de los perredistas, Miguel Barbosa, expresaron su oposición a tal iniciativa pues, dijeron, atenta contra la soberanía municipal. (Nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 3/II/16).

Luego, los senadores perredistas presentaron una iniciativa que en lugar de desaparecer las policías municipales "rediseña" el sistema policial mexicano, poniendo el acento en la calidad de las corporaciones.

Asumir que sólo las policías municipales son corruptas y que por ahí es donde se debería empezar el combate a la corrupción para mejorar los índices de seguridad es un completo desatino. Barbosa puso de ejemplo que de los más de 38 mil agentes policiacos "que no pasaron los exámenes de confianza, 55 por ciento eran estatales". (Ibidem).

Otro argumento de peso es el expuesto por el senador, Javier Lozano, quien afirmó que "no queremos dejar el mando único en la policía estatal de Veracruz o Tamaulipas’’.

O el de Manuel Bartlet, quien opinó que desaparecer las policías municipales es “el camino a la militarización’’, algo que el Presidente Peña pretende, de alguna manera, al pretender crear la regulación para que los cuerpos militares puedan asumir, constitucionalmente, las tareas policiacas, algo que los jefes militares han perseguido afanosamente desde el sexenio de Calderón.

Sin embargo, y sin tener conexión, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, durante la reunión del Consejo de Seguridad sobre los desaparecidos en México, -que, de acuerdo con cifras oficiales son más de 26 mil personas- señaló que las autoridades mexicanas permanecen “sentadas” ante “pistas clave” o pierden “evidencias cruciales” ante las familias que acudieron a denunciar los miles de casos de desaparecidos ocurridos en los últimos años.

”La falta de investigaciones apropiadas no sólo daña a la familia, también manda un mensaje a los responsables de que pueden continuar desapareciendo gente”, denunció la embajadora. (Nota de Redacción Aristegui Noticias, 28/I/16).

El problema no está, pues, sólo en las policías municipales, sino, también en los aparatos de procuración de justicia y que, si siguiéramos la tónica aplicada, entonces deberíamos centralizar, también, las procuradurías de los estados.

No parece ser el camino.