Respeto irrestricto a los derechos de todos

Editorial

Aserto 144, julio 2015

Luego de una intensísima campaña, lanzada por infinidad de organizaciones de la extrema derecha y con la participación -por primera vez después de muchos años- de sacerdotes católicos y ministros religiosos, el Congreso del Estado de Chihuahua decidió postergar la discusión y la aprobación, en la legislación correspondiente, acerca de los matrimonios homosexuales, los llamados matrimonios igualitarios.

En el curso de esa campaña se cometieron numerosas violaciones al orden legal establecido en materia de discriminación por razones de preferencias sexuales. Lo menos que se les dijo a quienes pretenden vincular sus vidas legalmente, es que son contrarios al orden natural.

Imposible no deplorar los tiempos a los que nos pretenden regresar los ímpetus fundamentalistas, imposible dejar de criticar la ilegal intervención de los ministros religiosos, al manifestarse públicamente exigiéndole al Poder Legislativo de Chihuahua que deje de acatar la ley, sólo porque ellos y sus seguidores quieren que una parte de la sociedad se comporte del modo que sus convicciones religiosas les mandan; imposible no deplorar que los legisladores (y el grupo gobernante, todo) sean tan extremadamente sensibles a las presiones de sus obispos, en contraposición, por ejemplo, a las reiteradas peticiones del gremio de los abogados dirigidas al Gobernador Duarte a fin de que les conceda una audiencia

Los ministros religiosos son los guías espirituales de los agremiados a sus iglesias, pero no lo son del total de la población y los asuntos derivados de sus creencias religiosas son del ámbito personal,  a cual más de respetables, como el resto de las convicciones religiosas y políticas.

Se supone que ellos velarían por los asuntos del cielo, es decir, los que tienen que ver con su paz espiritual, pero aquí discutimos los de la sociedad y su entorno.

Todos los creyentes deberían entender que nos hemos dado un marco legal para normar las relaciones y comportamientos de todos: Católicos, protestantes, cristianos, musulmanes, judíos, librepensadores, ateos, mormones, etc.

Ese marco legal impide que las creencias religiosas de unos se impongan sobre la vida de los demás.

Hace mucho tiempo que decretamos la creación del Estado laico, precisamente para hacer que asuntos como el del matrimonio de homosexuales -y otros muchos asuntos- fuera un asunto visto desde la óptica de los ciudadanos y no de los creyentes.

Ahora resulta, en esa concepción fundamentalista, que legalizar el matrimonio homosexual es un atentado “contra la familia”, pero, ¿Contra cuál?

No, de ninguna manera respetar los derechos de los demás es un retroceso. De ninguna manera se puede aceptar que en el nombre de Dios se permitan prácticas discriminatorias y hasta persecutorias.

Hipócritamente dicen, sí los respeto, mucho ¡¡¡¡Pero que no le llamen a su unión matrimonio!!!! ¡¡¡Eso es antinatural!!!!, claman las voces del pasado que, por desgracia, no se han ido.

Es correcto, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ordena al Poder Legislativo de Chihuahua que legisle para decretar que el matrimonio debe celebrarse entre dos personas y no, como ahora dice el articulado respectivo en la ley, que es la unión entre un hombre y una mujer.

Cuando la SCJN estableció que son inconstitucionales los artículos del Código Civil -de todo el país- que señalen que el matrimonio es para la procreación, está señalando claramente que todos los funcionarios públicos están obligados a respetar tal ordenamiento, so pena de dar origen a demandas económicas y/o sanciones, hasta penales, a los funcionarios que se nieguen a casar a las personas que decidan hacerlo con otra del mismo sexo.

Pueden no legislar al respecto, pero llegará un momento en que deberán hacerlo, por más que la más alta jerarquía clerical se oponga. El gobierno estatal deberá matrimoniar a quienes se lo soliciten, o será denunciado por violar la ley.

Así, en la sociedad chihuahuense existirán -existen-, en la realidad y con todos sus derechos vigentes, prácticamente todos los tipos de familia que la ley permite y que forman parte de la vida moderna, la del siglo XXI.