El "Congreso más plural" de México

El Diario, 19 de julio de 2015
Luis Javier Valero Flores
La definición que da título a la presente colaboración es de la autoría del Diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Fernando Reyes. Sus opiniones acerca de la nueva legislación electoral (tanto la reforma constitucional, como la ley electoral, reglamentaria de la primera) son contrarias a las manifestadas por los dirigentes de su partido en los ámbitos nacional y estatal y, también, de dos de los más destacados protagonistas de las elecciones del pasado mes de junio, Jaime Rodríguez (El Bronco de Nuevo León) y Enrique Alfaro, el nuevo alcalde de Guadalajara, postulado por su partido, quienes suscribieron un convenio político para reforzar sus tareas y el despertar ciudadano.
El lunes anterior, el Congreso local aprobó la ley electoral, lo hizo cuando aún no concluía el proceso constitucional de aprobación de las reformas que le daban origen a la norma electoral. Poco le importó a la "pluralidad" del Poder Legislativo local violar un procedimiento legal de la aprobación de una nueva legislación. El procedimiento aún no concluía pues aún el cabildo juarense no la votaba.
Puede ser una objeción menor, salvable legalmente, pero lo aprobado por el Congreso de Chihuahua es, sin duda, la reforma electoral más regresiva de cuántas se hayan aprobado en esta materia recientemente, en todo el país.
Los "candados" a las candidaturas independientes, elevados sustancialmente, no sólo en lo referente a los impedimentos a quienes hayan sido miembros de los partidos en los últimos 3 años antes de su postulación, sino en los múltiples requisitos que deben cumplir quienes aspiren a aquella categoría harán casi imposible la aparición de estas nuevas categorías de las aspiraciones ciudadanas.
Más aún, son una invaluable dosis de oxígeno a las estructuras partidarias mexicanas, todas impregnadas de muy elevadas dosis de autoritarismo, intolerancia y antidemocracia interna.
Son una nueva manera de impedirle a la ciudadanía la posibilidad de acceder a los cargos públicos pues reforzarán a las "mafias" internas de los partidos, los cuales, con la excepción del PAN, en algunas posiciones y ahora para elegir al presidente del comité nacional, recurren al voto universal, directo y secreto de sus militantes para que se dirima quién debe representarlos.
Poco se ha destacado, pero la mayor parte de la carga de los tribunales electorales la aportan los juicios de los militantes de los partidos, quejándose de los procedimientos de sus organizaciones partidarias para elegir dirigentes y candidatos.
No en balde, 3 de los 4 más destacados candidatos independientes, triunfadores en las elecciones del 7 de junio fueron militantes del PRI y del PAN. Ese fue el caso de El Bronco (PRI), Manuel Clouthier y Alfonso Martínez (PAN).
Pero lo realizado por la mayoría parlamentaria chihuahuense va más allá, limita exageradamente el tiempo para obtener las firmas de los ciudadanos que respaldan las candidaturas independientes, hasta el extremo de que en los municipios "pequeños" la cuota se eleva al ¡10% del padrón electoral!, en un deleznable esfuerzo por impedir que ahí, en los municipios con menor población, se les desgrane la estructura partidaria a través de candidaturas independientes, procedentes de militantes contrarios a los grupos de dirección partidaria.
En el colmo, impusieron, a los candidatos independientes, más trabas que al registro de nuevos partidos políticos pues a aquellos les piden firmas de ciudadanos, por ¡Sección electoral! en porcentajes muy elevados, no contemplados para los partidos políticos.
¡Ah, y además, se les exige registrar una asociación civil! Para que se les pueda fiscalizar los gastos como si fueran partido político.
Claro que los legisladores saben de las dificultades para obtener dicho registro y más en los municipios con menor acceso a las herramientas del registro.
¿Quiénes podrían cumplir los requisitos exigidos por la nueva legislación? Sólo los militantes partidarios con una indudable simpatía interna, los ciudadanos de las poblaciones más pequeñas (o de los distritos con una población más compacta) y quienes cuenten con los apoyos de los más poderosos económicamente.
¡Valiente legislación!
Es una legislación para impedir las candidaturas independientes, que fortalece a las dirigencias partidistas, a las formas más autoritarias del gobierno y a las capas más enriquecidas de la población; por si fuera poco, le pone trabas prohibitivas al derecho a ser votados y nos regresa a un pasado previo al de la década de los 40's.
Y de ratificar su resolución, la Suprema Corte de Justicia le dará un cerrojazo al intento de "ciudadanizar" a las estructuras de gobierno y convalidará la "prohibición", de facto, por democratizar las estructuras partidarias.
Más aún, en el caso de los partidos minoritarios existentes en Chihuahua, por desgracia, profundizaron en la regresión; ahora hasta se enorgullecen de la regresión electoral y hasta se sienten parte de la coalición gubernamental. Son el vivo ejemplo de lo reseñado, líneas arriba, para los partidos en general. Unos más que otros, pero todos "gozan" de los más elevados niveles de autoritarismo; sus dirigencias son "clanes" familiares (con la excepción, por desgracia no honrosa, del PANAL, cuyo liderazgo es del más vivo ejemplo de la antidemocracia sindical) y, por ende, exitosas empresas cuasi familiares, al amparo de los favores gubernamentales.
Para ellos son las reformas referentes a la disminución al 2% de la votación para obtener o mantener el registro electoral; para ellos es la ampliación a 36 diputados, para ellos es la elevación del número de regidores; para ellos es lo referente a la asignación de diputados, en la segunda ronda, a partir del 5% de la votación, y no del 7 como antes.
Y en el colmo del cinismo político, para ellos es la permanencia del tráfico de votos, antes de que se emitan, en un más que evidente fraude a los electores, al aprobar la denominada "transfusión" de votos, mediante la figura de alianza para que los partidos mayores (entiéndase PRI) puedan "ceder" sus votos a los partidos con los que se registraron en coalición, lo que le permitirá, como ahora, mantener con vida artificial a los partidos que, dicen, representan la pluralidad más grande de México.
Eso, y no otra cosa es la realidad existente en el Congreso de Chihuahua. Para nada representan la rica pluralidad de la sociedad chihuahuense, son la élite del poder que concitó, sólo, al 32% de los electores y que, con dificultades, llevará a la mitad a votar el próximo año.
Pero eso no les importa ¿Quién les puede creer que estén preocupados por los bajos niveles de votación? Bueno, sólo a los panistas, porque están en la oposición y quizá porque aún queden arrestos de espíritu democrático en algunos de sus miembros y dirigentes y, probablemente, en los de otros partidos, pero no a las cúpulas dirigentes de los partidos que gobiernan Chihuahua; no forman parte de sus preocupaciones, para compensar esa carencia son las reformas aprobadas.
Un argumento central cruza todos sus alegatos. Dicen que el aumento de diputados plurinominales y regidores obedece a que hay 2 nuevos partidos. Lo dicen basándose en las votaciones obtenidas por Morena y el PES en las recientes elecciones federales. Ambos rebasaron el 5% de la votación y la troika gubernamental cree que rebasarán el 3% en las elecciones locales del próximo año.
De ser así, y de acuerdo con la legislación que derogaron, el partido que quedara en segundo lugar podría quedar subrepresentado en un margen mayor al 8% y entonces los tribunales electorales les podrían quitar diputados y regidores a los partidos que obtuviesen los más bajos porcentajes de votación.
Y como aprobaron que todos los partidos que obtengan el 3% tienen derecho a esos diputados y regidores, entonces la fórmula fue sencilla: Aumentar el número de ellos.
¿Qué harían si otros partidos aparecieran y alcanzaran votaciones válidas para mantener su registro?
¡Y todavía se regodean diciendo que Chihuahua es el "laboratorio" de la democracia en México!