Vive Bus, discusión impostergable

Aserto 118, 5 de mayo de 2013 Editorial ¿Quién podría, válidamente, oponerse a la puesta en funcionamiento de un sistema de transporte urbano moderno, funcional, eficiente, rápido, limpio y, además, con servicios de internet, calefacción y aire acondicionado? Nadie. Por otro lado ¿Qué inversionista podría oponerse a crear una empresa -propia- en la cual en lo único que invertiría sería en la parte móvil y nada en el local, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones de su negocio? Echada para adelante, la actual administración estatal pretende terminar la instalación de los nuevos sistemas de transporte urbano en las dos principales urbes de la entidad. El Nuevo Sistema de Transporte de Chihuahua tuvo un costo superior a los mil 200 millones de pesos, de los cuales el municipio de la capital aportó 250 millones, 160 de los cuales se les heredarán, como deuda, a la siguiente administración municipal. Para la compra de los autobuses, el gobierno estatal recurrió al Banco Mundial, que destinó 40 millones de dólares que servirían para la adquisición de 84 en la capital y de 85 en el antiguo Paso del Norte. Ahora bien, suponemos que los concesionarios son quienes habrán de pagar la compra de los autobuses y que el gobierno actuó como aval del financiamiento otorgado por el Banco Mundial, cuya tasa y plazos del pago no se han hecho del conocimiento público. Porque de lo contrario estaríamos ante una situación verdaderamente escandalosa. ¿Cómo podremos explicar racionalmente -en términos de finanzas públicas sanas- que el gobierno realice las obras necesarias para que una empresa desarrolle sus funciones, sin que le exija, si las financió, la devolución a las arcas públicas de la inversión realizada? El 11 de febrero, anunciaron la conformación de la empresa integradora que operará el “Vive Bus”, con el nombre de “Coordinadora de Transporte Colectivo de la Ciudad de Chihuahua”, bajo la presidencia del secretario general de Permisionarios Unidos, Armando Méndez Villalobos e integrado por 528 concesionarios del transporte urbano. El nuevo sistema de transporte urbano tiene más el perfil de un servicio prestado por una instancia gubernamental, como se hace en la mayor parte de las urbes modernas del mundo, que el de una empresa privada. ¿Cómo se puede explicar que el gobierno realice una inversión multimillonaria, para entregarle un negocio, de pingües ganancias, a un reducido grupo de empresarios que han gozado de los favores gubernamentales de manera escandalosa a lo largo de décadas? ¿Y que, además, se comprometa a otra instancia gubernamental a mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la empresa? El transporte urbano es una área que, necesariamente, el Estado debe asumir; no por otra razón lo establece de esa manera el ordenamiento constitucional. Durante semanas, los habitantes de Chihuahua debieron soportar el caos en el centro de la ciudad. Si a la sociedad se le hubiera dicho que tales obras eran generadas para otorgarle a los concesionarios del transporte urbano mejores condiciones para que siguieran obteniendo, y aumentando, sus utilidades (sí, claro, con la prestación del servicio, que, ya sabemos, lo otorgan gracias a su elevado espíritu benefactor) probablemente la irritación ante el retraso de las mismas hubiese sido mayor. Hoy, ante la posibilidad cierta de contar con un mejor sistema de transporte ¿Por qué no discutir si tal servicio deba ser de la estricta competencia de la administración pública, y no de un abigarrado grupo de empresarios que, la verdad, no pueden argüir que le han prestado a los chihuahuenses un buen servicio de transporte urbano?