Nuevo impuesto Un pellizco a las fabulosas ganancias mineras

Aserto 118, 5 de mayo de 2013 Luis Javier Valero Flores A fines de abril (Apro, 26/IV/13), la Cámara de Diputados aprobó un nuevo impuesto a los empresarios mineros, por el que deberán pagar 5% de sus utilidades por concepto de derechos; de esos recursos, 30% irán al fondo federal de participaciones para las entidades y el resto, 70%, a estados y municipios en que se desarrolle esta industria. Tales recursos deberán utilizarse en obras como rellenos sanitarios o centros escolares, pero nunca para infraestructura, pues esas obras tienen que desarrollarse con recursos de la Federación o de los estados. Aprobada por la mayoría de los diputados federales, sólo la fracción parlamentaria del PAN, al justificar su voto en contra, esbozó algunas líneas por las cuales podría, y debería no aprobarse. Marcos Vargas Aguilar, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, argumentó “que la forma de calcular y, por tanto, de cubrir los derechos para la explotación y aprovechamiento de los minerales en el subsuelo, no es acorde ni corresponde a la generación de riqueza que obtienen los titulares de una concesión minera, por lo que se considera que el Estado no está obteniendo una retribución justa por el aprovechamiento de los recursos no renovables de la nación que se encuentran en explotación”. De los recursos obtenidos, el 70% se destinará al Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE), el valor de lo producido podría dar una idea de los montos que recibirían las entidades. Así, Sonora encabezaría tal lista pues su producción representa el 27% del valor de la producción minera del país, seguido de Zacatecas, con 24%; Chihuahua, con 11%; Coahuila, con 9%; Durango, con 6%, y San Luis Potosí, con 5 por ciento. (Nota de Alejandro Salmón A., El Diario, 27 de abril de 2013). La depredación causada por las empresas mineras, particularmente las canadienses que explotan el oro, ha causado infinidad de conflictos entre los grupos de propietarios de las tierras y las empresas, al interior de las comunidades y entre una parte de los habitantes de esos terrenos y las autoridades de todos los niveles. El común denominador ha sido la permanente negativa de las empresas a ceder alguna parte de sus fabulosas ganancias y la entrega de unas cuantas migajas de las extraordinarias utilidades obtenidas, y las que obtendrán a lo largo de unos cuantos años de explotación. Así, el columnista de El Heraldo de Chihuahua, César Augusto Gutiérrez Fierro (21/X/09) sostenía que “Un cálculo aproximado de las ganancias anuales netas de estas minas (las de Ocampo y Huizopa, Madera) son de 12 mil millones de dólares…”. En aquel entonces sugería que se creara un impuesto del 8% “sobre las utilidades netas de las liquidaciones de fundición o facturación de compraventa de primera mano, de los metales preciosos extraídos de los fundos, cuando ya se encuentren en producción comercial”, y calculaba que si el municipio recibiera la cuarta parte de ese impuesto podría recibir alrededor de 10 millones de dólares de la mina Huizopa. Y es que la producción anual de las minas instaladas en Ocampo y Huizopa es de alrededor de cinco millones de equivalentes de onza de oro y 40 millones de onzas de plata. (Ibídem, El Heraldo de Chihuahua, 11/X/09). Otro aspecto es el de los costos de producción, los que, por los mecanismos de extracción, continuamente van a la baja, no así el precio del oro (con la excepción de unas semanas atrás en las que bajó ligeramente). De este modo, las mineras “Gold Corp, New Gold, Alamos Gold, Capital Gold Gammon Gold registraron costos de extracción de oro en México de entre 454 y 372 dólares por onza extraída, al cierre del tercer trimestre de 2010. Las cifras representan una reducción de costos de entre 2 y hasta 50 dólares, en el caso de Gold Corp, New Gold y Gammon Gold, con respecto a los costos de extracción que registraron dichas mineras en el País durante el mismo periodo de 2009. Esto les significaría ganancias superiores a 400 por ciento, con un precio internacional del metal de mil 350 dólares por onza. (Nota de Karla Rodríguez, Reforma, 10 de febrero de 2011). Si estas cifras fueran ciertas, podrían medirse, de manera muy aproximada a la realidad, las utilidades obtenidas por estos consorcios, dado que la extracción es la etapa más costosa de la producción del metal, y que podría calcularse en alrededor de 600 dólares el costo de producción del oro, lo que dejaría una ganancia aproximada, por onza, de 750 dólares. Tan solo dos minas de las instaladas en Chihuahua produjeron anualmente 5 millones de onzas de oro, lo que arrojaría utilidades netas de 3 mil 750 millones de dólares. Sobre estas cifras deberá calcularse el nuevo impuesto -el 5% sobre las utilidades- lo que significaría que la Secretaría de Hacienda recibiría, por la explotación de estas minas, aproximadamente 187 millones 500 mil dólares, poco más de 2 mil 300 millones de pesos, el 70% de los cuales pasarían al Gobierno de Chihuahua y a los municipios de Ocampo y Madera. Es decir, ¡Poco más de mil 600 millones de pesos! Por supuesto que las cifras anteriores deberán mesurarse, pues ante la creación del nuevo impuesto, las empresas mineras realizarán todas las maniobras necesarias para acrecentar artificialmente sus costos, aunque por la conformación de su capital, todas cotizan en la Bolsa de Valores, deberemos contar con que están obligadas a mostrar de manera realista sus estados de cuenta, así como las utilidades reales obtenidas. Y es que la explotación de los recursos nacionales es más que salvaje. En Ocampo, los ejidatarios vendieron a peso el metro cuadrado de una tierra que vale, literalmente, oro. La empresa canadiense Gammon Lake pagará 2.6 millones de dólares por las tierras del Ejido Nombre de Dios. Además, les entregará a los ejidatarios 17 millones de pesos por la madera derribada en las casi 800 hectáreas que hoy ocupan las instalaciones y el área de explotación de la mina. Total, para los dueños de tierra, algo así como 4.2 millones de dólares. A cambio, la empresa obtendrá 3 mil 100 millones de dólares por la explotación de la mina durante 50 años, y de acuerdo con las regulaciones -antes de la creación del impuesto del 5%- las empresas mineras debían pagar solamente cuotas de entre $5.80 y 111 pesos por hectárea cada semestre por la explotación minera. El negocio para las empresas es redondo. Once minas de oro ubicadas en territorio mexicano tienen valuadas sus reservas totales en 86 mil millones de dólares. Ocho de ellas son propiedad de seis empresas canadienses y controlan el 70% de la producción del metal amarillo en el país. (LJVF , El Diario, 29 de julio de 2007). De las ocho minas canadienses, tres de ellas se encuentran en territorio chihuahuense: La de Dolores, en el pueblo de Huizopa, municipio de Madera, operada por Minefinders, con una reserva de 5 mil 219 millones de dólares; la Ocampo, ubicada en el municipio del mismo nombre, operada por Gammon Gold y con una reserva calculada en 2 mil 826 millones de dólares; y El Sauzal, operada por Goldcorp, con una reserva de 730 millones de dólares. (Nota de emeequis, 13/VI/11). Según los canadienses la empresa había invertido 195 millones de dólares en Dolores dentro del Ejido de Huizopa. Inversión que adquiere su verdadero significado si la confrontamos con el hecho de que en tan solo tres meses de producción de la mina Dolores, la empresa Minefinders informó a la Bolsa de Valores de Nueva York que su producción de oro aumentó 65 por ciento durante el segundo trimestre del año (2009), debido al inicio de actividades de su mina Dolores, en Chihuahua, en la cual obtuvo 23 mil 366 onzas, con un valor de 420 millones 588 mil pesos, equivalentes a 35 millones 49 mil dólares ¡Sólo en el primer trimestre de producción! (Nota de Excélsior, 7/VII/09). Vistas así las magnitudes de la irracional explotación de las minas ubicadas en Chihuahua, resulta más estrujante recrear las frases de quien ocupaba, en el sexenio anterior, la Secretaría de Desarrollo Industrial, Martha Lara, quien dijo que “... para el estado, la verdadera riqueza está en el empleo, y los metales que extraen las minas, es algo secundario...”. (Nota de Lourdes Díaz, El Diario, 2/VII/10). Y es que la elevación del precio del oro, (a consecuencia, entre otros factores, a la gravísima inestabilidad financiera, que colocó al metal como la única mercancía que conserva su valor, o lo aumenta, frente a los vaivenes de las monedas “fuertes”) no sólo motivó a las empresas canadienses, también a un buen número de chihuahuenses, en la sierra, que se dieron a la tarea de recolectar tierra, en cubetas con “alta ley” del metal ya que obtenían, en 2011, más de 600 pesos por cada cubeta. Llegó a ser de tal éxito económico que “… las autoridades estatales en la materia, Alberto Chretín, secretario de Economía, y Luís Alba, director de Minería, corroboraron que incluso los niveles delictivos de dichas zonas han prácticamente desaparecido con las ganancias obtenidas por la venta rica en metales”. (Nota de Jesús Manuel Ruiz, El Heraldo de Chihuahua, 20/VIII/11). Pero, por lo menos hasta ahora, sí se cuenta con cifras cercanas a la realidad de la extracción de los metales preciosos en la entidad. En el periodo 2006-2010 el volumen de la producción minera se incrementó cerca de 60% y el valor de la misma en alrededor de 75%, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Economía. “En dicho periodo, alrededor de 84 mil millones de pesos redituó la producción minera estatal, y de ese monto 66 por ciento correspondió a oro y plata. Las cifras oficiales indican que en el periodo citado la producción de oro se incrementó casi mil 600 por ciento y la de plata 120 por ciento”. ¿Dónde quedaron esos 84 mil millones de pesos de producción minera en Chihuahua? Simple: en las alforjas de empresas privadas nacionales y extranjeras como en el caso de Grupo México de Germán Larrea (consentido de los gobiernos panistas), Mine Finders, Agnico Eagle Mines, Coeur d’Alene Mines, Gold Corp., Gammon Lake, Glamis Gold, Agnico Eagle Mines, Panamerican Goldfields, Gammon Gold y Jinchuan Group (de capital chino). (LJVF, El Diario, 29/I/12). Un ejemplo de la rapacidad con la que actúan en nuestro territorio -y de la protección que muy frecuentemente reciben de las dependencias gubernamentales- es el más reciente de los conflictos, el de Benito Juárez, del municipio de Buenaventura, que ya arrojó el asesinato de dos de los más prestigiados líderes de la comunidad, Ismael Solorio y Manuela Solís, además del ambiente de enfrentamiento desatado entre la población. El último episodio es el de que la empresa minera ha demandado a los líderes de la comunidad y de El Barzón por robo, despojo y daños por 40 millones de dólares, pues, dice la empresa, saquearon 700 cajas con muestras de minerales de un terreno que rentaba Mag Silver y su filial mexicana Minera Cascabel, materiales que hasta la fecha se encuentran a un lado de los terrenos del ejido. A la luz de tales informaciones, y de las que, seguramente, se ocultan en los archivos de las empresas mineras, si bien es bien -o debería ser- recibida la noticia del nuevo impuesto, sorprende su cuantía pues legitima el saqueo voraz de los recursos naturales propiedad de los mexicanos, porque si éstos pueden obtener el metal con cubetas ¿Por qué no contar con una instancia gubernamental que financiara -o cofinanciara- la creación de empresas extractoras de oro, y no solamente pensar en que los propietarios de la tierra, como se ha dicho recientemente, se conviertan en socios de empresas turísticas? Está bien la explotación turística de nuestras tierras ¿Pero por qué tienen que ser empresarios extranjeros los que se lleven la tajada del león?