Tribunales unitarios, preocupante sumisión

El Diario, 18 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
Estamos de manteles largos, El Diario-edición Juárez, ha –hemos– recibido el premio anual María Moors Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia, apenas por debajo de los Pulitzer en Estados Unidos, justamente recibido por el trabajo realizado por el colectivo que hace posible la aparición diaria de nuestro periódico, más en las actuales condiciones, y a su indeclinable decisión de informar con veracidad y celeridad de lo acontecido en el antiguo Paso del Norte.

Lo sucedido en el Congreso del Estado en la sesión extraordinaria, celebrada para dar cauce a distintos asuntos, especialmente para aprobar la iniciativa presentada apenas el 10 de agosto pasado por el Gobernador del Estado, César Duarte, para modificar el número de integrantes de los tribunales de juicios orales, para pasar de tres a un juez, es motivo suficiente para despertar honda, muy honda preocupación.

No sólo fue aprobada en tiempo récord sino que, al igual que otros asuntos planteados por el actual titular del Poder Ejecutivo, se aprobó sin la consulta debida a la sociedad, ni la presentación de un debate, el día de la sesión, que pudiese convencer a los ciudadanos comunes y corrientes de las bondades de la medida propuesta.

Más aún, develó la enorme incuria de los legisladores; no tienen problema, basta con que trabajen los de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, y ya. El debate del jueves dio paso a la pena ajena. Ante los señalamientos y propuesta del panista Alejandro Pérez Cuéllar –que se regresara a comisiones para dar pie a un auténtico debate, a escuchar a los abogados, a los jueces, a los académicos, etc.– la respuesta del PRI fue acusarlo que no se había presentado a la última reunión de la Comisión de Justicia.

Ante el señalamiento del también panista Héctor Ortiz que la última propuesta de dictamen había llegado ¡a las 11.06 horas del día, ya cuando se había iniciado el pleno del Congreso y de que sólo se había celebrado una reunión de la Comisión de Justicia, encargada de procesar la propuesta de Duarte –apenas dos días antes de su aprobación– las respuestas de los priístas Jorge Ramírez y Gabriel Sepúlveda fueron, respectivamente, la de recordar que la propuesta tenía como efecto positivo reducir los jueces de tres a uno en los juicios orales (Híjole, no sabíamos en qué consistía la reforma), y el segundo, en remacharnos que la tradición era la de contar con un solo juez, “como los jueces de distrito”, cosa que ya sabíamos todos los presentes.

Ortiz detalló una serie de estadísticas, aparecidas en el portal del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), que demostraban, en su opinión, no necesitarse la reforma pues la carga de trabajo mostrada así lo evidencia.

No hubo debate, los diputados priístas no nos pudieron revelar las investigaciones de campo realizadas, informar de las opiniones de tales y cuales especialistas, o abogados, o jueces, o colegios de abogados que hubiesen expresado su aquiescencia a la reforma, nada.

La solidez de la propuesta de los diputados del PAN fue ratificada por los alegatos de los legisladores del PRI: No hubo consulta para aprobar tal remiendo.

Y es que, tan solo por mencionar un ejemplo, días atrás, el juez Carlos Martínez García escribió (“Reflexionar la reforma”, El Diario-Chihuahua, 9/IX/11), que las modificaciones legales se han hecho sin evaluar adecuadamente lo existente, ni tomar en cuenta más opiniones para analizar lo propuesto. Enumera una serie de argumentos hasta hoy no rebatidos por nadie y tan contundentes que resulta extremadamente útil trascribirlos, dice:

“… no es verdad que el número de jueces que integran los tribunales de juicio oral haya tenido algún incremento: actualmente somos los mismos jueces que hace años iniciamos con la función de juzgar. Quienes sí han visto incrementado su número de manera más que significativa son los jueces de Garantía del Distrito Morelos, incluso por encima de los jueces de Ciudad Juárez, que se afirma tienen una mayor carga de trabajo ¿Alguien podría explicar la razón?... contrario a esa falacia, desde enero de este año 3 jueces de los 6 que integramos el tribunal de juicio oral en la capital fuimos enviados ‘provisionalmente’ a Ciudad Juárez para suplir a los que renunciaron como consecuencia del desenlace del ‘caso Rubí’. De tal forma que en Chihuahua el tribunal oral sufrió una disminución del 50%, con la consiguiente afectación en la celebración de juicios y el surgimiento del rezago; mientras que en Ciudad Juárez hasta la fecha no se han ocupado las 3 plazas que dejaron vacantes los renunciantes… Interesante sería saber: por qué no se ha hecho pese a esta precaria situación; qué ha pasado con los salarios que debían devengar los renunciantes; y, si se cuenta con el recurso, por qué no se designa a sus sustitutos. ¿Cuál es la explicación?”.

Desnuda otra afirmación lanzada por infinidad de actores. Afirma que “no es verdad que cada tribunal o terna de jueces sólo conozca de un asunto al mes. Quien así lo afirma únicamente revela ignorancia, irresponsabilidad o deliberado ánimo de mentir. La experiencia en los dos distritos con mayor carga de trabajo en el estado (Bravos, en Ciudad Juárez; Morelos, en la capital) demuestra que, cuando el Ministerio Público es diligente en su trabajo, pueden concluirse 3 y hasta 4 juicios en un mes”.

Luego devela las razones de la duración de las distintas etapas, y funciones realizadas por los tribunales de juicios orales y las efectuadas por los jueces de garantía “pues mientras en juicio (oral) se desahoga la totalidad de las pruebas de las partes, cuyo estudio exhaustivo debe abordarse en la sentencia, que requiere un tiempo razonable para su redacción, en las audiencias preliminares sólo excepcionalmente se recibe prueba… Que el tiempo que se lleva cada uno de los juicios, justo por lo anterior, no es algo que determinemos los jueces, sino que depende casi por completo del número de pruebas y de la capacidad y celeridad con que las desahoguen las partes, principalmente el Ministerio Público”.

Finalmente, esgrime un argumento hasta ahora no revelado ni siquiera por la presidencia del STJ que debiera ofrecerle a la sociedad los alegatos necesarios para que ésta normara su opinión. Martínez García asevera que no es cierto “que los jueces de Garantía operen como jueces unitarios o unipersonales, pues desde hace meses en Chihuahua y en Ciudad Juárez se nombró y asignó a cada uno de ellos un ‘secretario’ que les ‘proyecta’ o redacta sus resoluciones (órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, autos de vinculación, sentencias de procedimiento abreviado). Lo que en la práctica los convierte en juzgados binarios, es decir compuestos por dos ‘juzgadores’, y casi los equipara a los tribunales colegiados de juicio. ¿No se afirma que basta un solo resolutor?”.

No sólo critica el juez Carlos Martínez García, también propuso las medidas que podrían ayudar a resolver el problema; nadie lo escuchó, nadie lo debatió, como debía ser en un asunto tan trascendente. Propuso que “con tan sólo designar una terna más para el tribunal de juicio oral de la ciudad fronteriza, a fin de que sean 4, y una más para el de la capital, para que cuente con 3, prácticamente se alcanzaría la capacidad que demanda el número de asuntos y comenzaría a abatirse el rezago, ya que ese incremento permitiría al primero conocer anualmente cerca de 130 juicios y alrededor de 100 juicios al segundo. Esto, sin considerar el auxilio que esporádicamente podrían proporcionar los jueces foráneos, como ya se hace en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Chihuahua…”.

Nadie lo refutó. Apenas el abogado Gerardo Cortinas Murra lo hizo en dos colaboraciones para El Diario, pero sin establecer un debate sobre el tema.

Y si nos faltaran argumentos para asentar que no se hizo la consulta adecuada a la sociedad, ni a los agrupamientos más especializados que podrían aportar opiniones e investigaciones, basta con señalar que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua, una de las agrupaciones con mayor antigüedad (y en la que abundan los abogados militantes del PRI, partido al que pertenecen los integrantes de la mayoría parlamentaria) “señaló que la aprobación de la iniciativa para crear los tribunales unitarios de juicio oral será un paso definitivo en la transición hacia el antiguo modelo para la impartición de la justicia en el ámbito de lo penal”.