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El Diario, 27 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
La petición del Colegio de Abogados de Chihuahua, organización presidida por el abogado Oscar Castrejón, dirigida al gobernador César Duarte, en la que le solicita vete la más reciente de las reformas al sistema de justicia penal desató una vertiente, en absoluto novedosa y que viene a demostrar la falta de trabajo en la construcción de consensos para efectuar tales reformas. Y ya no planteemos consenso, sino una contundente mayoría, el problema es que ni una ni otra.

La petición es simple y contundente: “En días pasados nos enteramos de que el H. Congreso del Estado aprobó reformas al Código de Procedimientos Penales, con objeto de modificar la integración del Jurado de Juicios Orales, de tres a que sea sólo uno quien resuelva el juicio oral. Dicha reforma se realizó sin la consulta y consenso a los órganos técnicos de la sociedad, como son los Colegios y Barras de Abogados.

En tal virtud, dicha reforma carece de la autoridad moral que debe imperar en toda Ley que se pretenda aplicar al pueblo, por ello, le pedimos formalmente VETE dicha reforma, para que no se publique en el Periódico Oficial, hasta que exista la consulta y opinión de la sociedad”.

Al día siguiente, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Mario Trevizo Salazar, expresó su rechazo a tal petición pues tal postura, dijo, es “inviable” por no existir el “sustento suficiente”, es decir, que el no haber consultado a las agrupaciones de abogados no es suficiente para vetar la ley.

No obstante lo anterior, un día más tarde, y en vísperas de una reunión estatal, el Presidente de la Federación Estatal de Colegios de Abogados, Héctor González Mocken, dio a conocer la existencia de diversas posturas, encontradas, dijo, en el seno de las agrupaciones de abogados acerca de tales reformas pues unos opinaban a favor de tales reformas y otros, lo contrario y que se tomaría la opinión de todas para emitir una sola pues algunos opinan que le dará celeridad a los procesos judiciales y aducen un mayor riesgo para los jueces.

Pero más allá de las posturas acerca de esa reforma, González Mocken ratificó lo expresado por Castrejón: “Si bien es cierto no hubo una consulta sobre este tema, sí se informó a la sociedad que se estaba enviando esta iniciativa al Congreso, y aunque no hubo ningún foro o consulta con el gremio de los abogados, existen varias corrientes que no coinciden con este reforma”.

Ese hecho por sí solo es suficiente para levantar carretadas de preocupación pues podría admitirse –en el colmo de los extremos– que no se consultara a la sociedad, –no sería la primera vez– pero de ahí a que escuchemos la misma queja en voz de los dirigentes de las agrupaciones de los profesionistas más directamente involucrados en esa materia, sí que es para expresar una tajante oposición a tales mecanismos de gobernar.

Voces semejantes escuchamos en el pasado reciente, cuando se aprobó el nuevo sistema de justicia penal, y también la misma queja: No se consultó a los colegios y barras de abogados, decían, para aprobar una reforma que, paradójicamente, es de donde emergen los funcionarios públicos de esa rama, y los litigantes de tales asuntos.

Por lo menos una cosa positiva se pudo alcanzar. El domingo, como conclusión de su reunión, la Federación Chihuahuense de Colegios de Abogados informó que se firmará un convenio de colaboración con el Poder Legislativo, “a fin de brindar el apoyo necesario y los argumentos legales precisos en cada una de las leyes presentadas y discutidas en el pleno”.

Veremos, dijo el minusválido visual.

PD.- Una pregunta al Fiscal General: ¿Cómo está eso de que ya bajaron 79 por ciento los homicidios en Juárez? La Opción.com publica diariamente un recuento y dice que en 2010 se presentaron en Juárez 2 mil 514 ejecuciones. En lo que va de este año, hasta el domingo, van mil 492. Si hacemos una proyección anual, significaría que este año se presentarían alrededor de 2 mil 55 muertes por esta causa, esto es, que el año anterior se presentaron 6.88 homicidios por día y en 2011, hasta ahora, 5.63.

¿Cómo compaginar tales cifras con la disminución informada por el fiscal del ¡casi 80 por ciento?