Responsabilidad empresarial

El Diario, 15 de septiembre de 2011
Luis Javier Valero Flores
"Las empresas no están en condiciones económicas ni financieras para soportar una ampliación del periodo de lactancia de las madres trabajadoras de seis meses y hasta un año, señaló ayer el director de la Coparmex-Chihuahua, Alejandro de la Rocha”. De esa manera consignó el reportero Manuel Quezada (El Diario-Chihuahua, 14/IX/11) la postura de la agrupación empresarial más fuertemente ligada a las posturas de Acción Nacional, la Coparmex, ante la propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, empresarios, sindicatos y el Gobierno del Estado en el sentido de buscar que “la mujer embarazada tenga derecho a una incapacidad de seis meses a un año con goce de sueldo y demás prestaciones de ley, con tal de que pueda pasar más tiempo con sus hijos y redunde en una mejor sociedad”.

Tal propuesta fue emitida en el curso de la firma de un acuerdo, signado un día antes por el secretario del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Fidel Pérez Romero y el director general del DIF estatal, Gerardo Villegas Madriles, con la presencia, como testigos de honor, de la presidenta del DIF estatal, Bertha Gómez de Duarte; el secretario general de la CTM, Doroteo Zapata García; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ramiro Arroyos Piñón; el secretario de Fomento Social, Fernando Uriarte; y el presidente de la CEDH, José Luis Armendáriz González, con “el fin de sentar las bases de colaboración para vigilar y supervisar el buen desarrollo de los menores y las mujeres trabajadoras protegiendo los derechos especiales que la ley les confiere”.

Deslindándose, y deslindando totalmente al organismo empresarial que dirige, De la Rocha consideró que una propuesta como esa “llevaría a la quiebra al Seguro Social”.

Todo mundo coincide en que un factor esencial para el fortalecimiento de los índices delictivos y la degradación social es el abandono parental de los niños, y no solamente del padre, sino, sobre todo, de la madre.

Sin ella, o con escaso tiempo para la educación de los hijos, disminuyen, por ejemplo, los índices de escolaridad, como lo demostró una encuesta realizada hace tres años por la UNAM sobre sus estudiantes, en la que encontraron una relación directa entre el grado de escolaridad de la madre y el estudiante: a mayor escolaridad de aquella, mayor la de los hijos. Por desgracia no ocurre así en el caso de los papás.

Lo mismo ocurre con otros muy numerosos factores, de ahí que la aparición de un gran empleador de la mano de obra femenina, como lo fue desde el inicio la industria maquiladora de exportación, haya generado graves y luengas distorsiones sociales pues trastocó seriamente la vida familiar y los tradicionales roles existentes en ella.

Por lo que, apostarle al resarcimiento de tales ausencias, y más aun, superarlas, en el sentido de otorgarle a los niños y jóvenes más opciones de educación, capacitación y calor humano, afectivo, es esencial para el fortalecimiento democrático de la sociedad.

Como en ninguna otra actividad, la que relatamos está impregnada de una fortísima responsabilidad empresarial; no se puede creer que con la sola creación de empleos se contribuya al mejoramiento de la sociedad, se requiere de un mayor compromiso para afrontar las consecuencias sociales de una política económica y más la adoptada por gobernantes y empresarios durante las últimas cuatro décadas en Chihuahua, factor central de la génesis de la tragedia por la que pasamos.

Catastrofista, el directivo empresarial “expuso que le gustaría ver de dónde saca el dinero el Seguro Social para pagar un año de incapacidad y que de 45 días antes y después del embarazo se pase a 52 semanas; sería una opción que terminaría por liquidarlo”.

¿De veras una medida de esa magnitud nos llevaría a tal situación?

¿Por qué no comparar el costo de ella con lo gastado en cinco años de “guerra” contra los cárteles –465 mil millones de pesos, más los 135 mil millones propuestos por Felipe Calderón para 2012– y los magros y cruentos resultados obtenidos?

¿A poco no sería más productivo socialmente invertirlos en la gente y no para matarla? Crear empleos, construir casas, escuelas, guarderías, centros de rehabilitación, propiciar una mayor cohesión familiar y social es, por mucho, más altamente rentable que la compra de pistolas, patrullas y policías, de ahí la sensación de complacencia ante propuestas como la efectuada por Pérez Romero, y la desazón causada por la postura empresarial.