Tentaciones electoreras

El Diario, 17 de junio de 2010
Luis Javier Valero
Llueve la metralla sobre Chihuahua, caen miles de víctimas, inocentes y no, los índices delictivos por las nubes; los asaltos a comercios, casas habitación y robos de autos a mano armada, crecen sin parar, así como la extorsión, los secuestros y el temor.
Ese es el Chihuahua de hoy, el mismo que no acaba de reponerse de la masacre cometida en la capital del estado, y ayer ya teníamos la correspondiente a Juárez. Ante tan tétrica situación, a los candidatos, a todos, sólo se les ocurre, como excelsa “oferta” electoral, incrementar la severidad de las penas a los delincuentes.
Dentro de tal esquema, la principal discusión desatada en la campaña ha sido la discusión acerca de la creación o no de la policía única y de la fiscalía general, como si tales aspectos de la procuración y aplicación de justicia fuesen las causas centrales de la gravísima crisis de inseguridad pública existente en Chihuahua.
A dos semanas y media de las elecciones, y justamente cuando las cifras de ejecuciones tienden a superar las de los años precedentes, es menester reflexionar acerca de las propuestas y posturas de los candidatos del PRI y del PAN.
Agradezcan que el PRD chihuahuense es una fuerza menor y ofreció –en lo general– candidaturas de bajo perfil, muy alejadas de la imagen de un partido de izquierda, de lo contrario, sería una opción muy seria para miles de ciudadanos y podría haber disputado el triunfo en distintos lugares de la entidad pues su discurso –enjuiciar a panistas y priistas por igual, en la responsabilidad de lo que ahora sufrimos– hubiese calado profundamente en la población.
No es una novedad asentar que cuando arrecian más las crisis –de todo tipo– las tendencias conservadoras prevalecen en la población. Así, ante el incremento delictivo, las opiniones generalizadas son la imposición de la pena de muerte, la cadena perpetua y en general, incrementar la severidad de las penas.
No falta razón, uno de los primeros impulsos, eco de las edades más primitivas, ante una agresión, es el de la venganza, de ahí que muchos deudos de los homicidios tengan como primera reacción el deseo de que sea ejecutado el autor de tal acción.
Visto desde el punto de vista personal podría justificarse, desde el societario no. La administración pública está obligada a prevenir tales acciones delictivas para bajar las cifras delictivas y está demostrado que la mayor severidad de las penas, incluida la pena de muerte, no incide en la disminución de los delitos e incrementa grandemente las tentaciones revanchistas.
Pueden entenderse, así, las motivaciones personales, la ira de miles de deudos y de ciudadanos, enervados por tanto crimen, pero no en los candidatos.
No se justifican, entonces, esos afanes oportunistas de querer congraciarse con el electorado, y si éste pide pena de muerte a los extorsionadores, ¡Ah, po’s proponerla como asunto central de la campaña! Y si la opinión de muchos es que se les imponga cadena perpetua ¡Ah po’s entonces lanzar la propuesta!
¡Todo en aras de ganar la votación!
Pero ¿En dónde está el diagnóstico efectuado por los equipos de los candidatos que nos demuestre que la elevación de las penas conlleva a la inhibición del delito?
¿Nos imaginamos a los sicarios razonando que el ejecutar a una persona los puede llevar a pasar más tiempo en la cárcel?
Más allá de tal discusión, lo más deseable sería escuchar a los candidatos, convertidos en Hombres de Estado, ponerse de acuerdo en la coordinación de las acciones de las agrupaciones bajo su mando, en la elaboración de estrategias de inteligencia para cortarles el suministro a las bandas criminales. Todo ello –y más– bajo la premisa, que todos se comprometieran a no lucrar en un asunto que tanto duele a los chihuahuenses.
¿De veras creen que acusando al gobierno del signo político contrario les generará más votos? ¿O que acusando a los otros de irresponsabilidad en este tema les restará votos a sus adversarios?
Ojalá alguien les diga que la población los acusa a todos por igual… y quizá no, quizá pueda continuarse la tendencia del 2009, la del voto de castigo al partido de Calderón, por identificarlo como el mayor responsable de la ola delictiva.