Final borrascoso

Editorial, Aserto 156, julio 2016

El fin del sexenio de César Duarte ha sometido a la entidad a una verdadera crisis política, además de la económica; a su vez, el violento enfrentamiento ocurrido en las puertas de Palacio de Gobierno reflejó el enorme rechazo popular hacia la actual administración estatal, así como las distintas vertientes opositoras existentes en el Chihuahua de nuestros días.

Sometido a una durísima crítica, por el ahora gobernador electo, Javier Corral, el gobierno de César Duarte decidió impugnar la elección a gobernador, lo que concitó aún más la indignación popular, la que se acrecentó con la aprobación de una nueva bursatilización de los peajes carreteros, en lo que son, más allá de las declaraciones y del intercambio epistolar entre Duarte y Corral, en el que se notificaron acerca de lo integrantes de las respectivas comisiones de entrega-recepción, evidencias palmarias de la continuación del largo y crudo enfrentamiento político entre el mandatario saliente y el entrante.

En medio de esa controversia, el paro de choferes del transporte urbano de Chihuahua vino a confirmar la ineficiencia y el descuido del gobierno de César Duarte en este asunto, fundamental para la vida de los chihuahuenses, independientemente de si fueran usuarios del servicio, o no; la vida de la ciudad se desarrolla, literalmente, a través de los camiones del transporte urbano, haciendo que la frase más importante de la toma de posesión de Duarte -el poder es para poder y no, para no poder- quedara hecha añicos.

No pudo con el pulpo camionero.

Pero si no pudo con los concesionarios, el manejo de las finanzas públicas será el rasgo emblemático de su administración. Anualmente tuvo un déficit que se solventó, o con deuda directa, o hipotecando los ingresos futuros del peaje carretero, hasta por 25 años.

Así, una encomiable gestión, la de César Duarte al obtener que el presidente Peña Nieto aprobara entregarle al gobierno de Chihuahua por 30 años la concesión sobre los tramos carreteros federales, se convirtió en el mecanismo para sufragar el déficit presupuestal de alrededor de 6 mil millones de pesos anuales, a base de bursatilizar los ingresos del peaje de estas carreteras, además de las estatales.

Pero no se puede endeudar permanentemente para solventar los gastos. 

Y ese es el verdadero problema, que el gobierno de Chihuahua presupuestó, año con año, gastar más dinero que sus ingresos y puso al tope la capacidad de endeudamiento de la entidad, por lo que se refiere a la deuda directa (que se ampara con las participaciones federales), además de adquirir compromisos, ú obligaciones financieras sobre los ingresos propios, de casi 20 mil millones de pesos, que eso son los bonos carreteros, cuyo monto creció abruptamente al aprobarse un nuevo financiamiento de 6 mil millones de pesos, en contra de la opinión de la primera fuerza política en la entidad, que ya no es el PRI, partido que actuó como si lo fuera, como si la elección del 5 de junio, reflejo de la voluntad mayoritaria, no se hubiera dado.

Ese es el verdadero fondo del principal problema político existente en Chihuahua hoy, el que la administración saliente no actúa con la percepción de lo sucedido en esa elección y, por consiguiente, toma determinaciones que van más allá del término de su gestión cuyas consecuencias se convierten en conflictos sociales.

Si el problema financiero del estado es tan serio como para requerir la aprobación de un monto de esas dimensiones, entonces lo procedente era que los equipos del gobierno saliente y el entrante, juntos, analizaran el problema y que, sin afectar facultades legales, tomaran la determinación que fuera la siguiente administración la que resolviera si accedía a ese nuevo financiamiento.

Y, además, que se transparentara claramente en que se emplearían esos recursos, algo que fue una exigencia ciudadana a lo largo del sexenio, que termina en medio del rechazo popular, quizá más extendido que en la fecha de las elecciones.

Triste final.