El cuento de nunca acabar

El Diario, 27 de marzo de 2016
Luis Javier Valero Flores
El titular del periódico, si no revelara un drama, podría ser hasta caricaturesco: "Caen con armas y droga, los liberan… y los matan". (Nota de Staff, El Diario de Juárez, 24/III/16).
Es sólo un ejemplo, pero uno más, y que, como casi todos, termina en tragedia; además, revela las oscuras coincidencias mediante las cuales un grupo de delincuentes ejecuta la orden de eliminar a alguno, o a varios de sus contrincantes, ex secuaces, rivales de amores o de negocios, o del "personal" que cometió alguna falta, según la percepción de los grupos criminales y que, casualmente, se encuentran en el lugar en el que caen fatalmente.
"Dos hombres fueron baleados la noche del pasado martes a un lado del Hospital General de Zona 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), minutos después que salieron de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), a donde fueron consignados por autoridades estatales horas antes al ser arrestados con armas y drogas. De las tres personas, dos fallecieron, mientras que el otro logró escapar corriendo del lugar, dijeron testigos. La agresión ocurrió cerca de las 10:40 PM". (Ibídem).
Al detenerlos, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) les encontró mariguana, una pistola, un revólver y un fusil de asalto R-15 de uso exclusivo del Ejército.
En el lugar fallecieron Moisés Abraham Rosales Gutiérrez y Miguel Ángel Peña Peña. Sobrevivió José Manuel Zamarripa Gardea; habían sido liberados por un agente del  Ministerio Público de la Federación porque "determinó que la portación de armas de fuego y traer droga no son delitos graves. Tampoco les fijó fianza...". (Ibídem).
La liberación obedeció a que, según esto, tales hechos no son constitutivos de delitos graves. Lo peor es que, de acuerdo con la información proporcionada por la PGR, después de realizarles "un peritaje a las armas" y no encontrarles antecedentes penales, fueron liberados.
La coincidencia fatal y la pregunta inquietante es la misma ¿Cómo supieron los asesinos que los detenidos serían liberados en una hora absolutamente inusual, para ultimarlos a unos pasos de la PGR y que, además, -más aspectos inesperados- estaban esperando un camión de transporte urbano para trasladarse a sus domicilios?
Cuesta trabajo creer en tantas coincidencias.
Por doquier aparecen las contradicciones, la primera, la liberación de los detenidos  bajo supuestas nuevas regulaciones, a pesar de que las víctimas fatales "ya habían sido detenidos como 'carjackers' en el 2009 y en el 2015" y, como ahora en posesión ilegal de armas de fuego y  por traer mariguana.
Más. El reporte de la FGE no establece la fecha de la detención, pero sí dijeron -seguramente de motu proprio- pertenecer "a una pandilla antagónica (sic) que tiene presencia en esta ciudad fronteriza... ”. (Ibídem).
Las contradicciones crecen, en número e importancia. Mientras que la FGE informó inicialmente "que las armas aseguradas fueron enviadas a los laboratorios de balística forense", para verificar "si fueron utilizadas en homicidios en esta ciudad o en los municipios de Guadalupe y Praxedis", funcionarios de la dependencia notificaron al periódico que tanto los detenidos como las "evidencias" fueron entregados casi de manera inmediata a la PGR.
En tanto ésta informó que sí les hizo tales peritajes y no encontró antecedentes, ni en las armas, ni de los detenidos ¿Será?
Ahora bien, se alega la puesta en vigor de nuevas regulaciones, las del sistema de justicia penal en el ámbito federal, para que los detenidos obtuvieran prontamente su liberación; el problema es que tal cosa ocurría, también, con el antiguo; igual liberaban, en horas, a los detenidos, en circunstancias similares a las abordadas el día de hoy.
Sin embargo, el Código penal sí establece la posibilidad de establecer la prisión preventiva bajo determinadas circunstancias, semejantes a las relatadas, siempre y cuando el Ministerio Público Federal se hubiese atenido a los delitos supuestamente cometidos por los detenidos, entre los cuales se ubican la portación de armas "que no se usan para fines recreativos", el acopio de armas (no sólo el de portación), así como el formar parte de "una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir", delito que la autoridad investigadora no tendría mayores obstáculos para fincárselo a los detenidos (por supuesto, si fueran culpables, por lo cual se harían acreedores a una sanción de cinco a diez años), además de la comisión de delitos en "pandilla", definida en la misma regulación, como la "reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito".
Es decir, si no existiesen tantas "coincidencias", estos supuestos delincuentes estarían, en el peor de los casos, detenidos y sujetos a investigación -probablemente vivos- y de ser culpables se le habría causado un quebranto a las bandas del crimen organizado y, por añadidura, la disminución de los riesgos para la sociedad en virtud de que se trataba de hombres supuestamente armados, según la FGE.
En el caso contrario, si nos atenemos a las declaraciones de sus familiares, (que algo deben tener de razón, en virtud de que las víctimas esperaban un camión urbano ¿Pues qué no formaban parte de uno de los cárteles presentes en la ciudad? ¿Dónde, pues, sus compañeros? ¿Y porqué los familiares no fueron avisados de su liberación?) entonces se reintegrarían a sus actividades, en esta hipótesis, de carácter lícito.
Detenerse tanto en un asunto, aparentemente tan sin importancia, o de una importancia menor, según sean las concepciones de cada uno de los lectores (hay por ahí uno de los comentaristas del chat de El Diario, que se congratuló de los asesinatos bajo las palabras de "qué bueno, tres lacras menos") implica detenerse en la urgente necesidad de la tan llevada y traída "colaboración" entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidos los funcionarios de los tres poderes, algo que en el caso de la entidad es un asunto totalmente inexistente, pues si el abordado fuera un caso único no habría mayor preocupación, por desgracia ocurre lo contrario y pasan los años sin que cambie tal situación ¿Dónde los acuerdos para que se investiguen hechos como el ahora relatado, símil de otros casos, también con consecuencias negativas y de proporciones mayores?
¿Dónde los resultados de los exámenes de confianza del personal de la PGR y de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, adscritos a Chihuahua? ¿Dónde las bases de datos de los miles y miles de detenidos a lo largo, solamente, de la última década?
La clase política mexicana le apostó a la estrategia elaborada por los círculos del poder de EU para combatir el tráfico de drogas, pero ha sido absolutamente incapaz de afrontarlo con eficacia, en parte por la enorme corrupción imperante en el mundo oficial, pero, fundamentalmente, porque no hay posibilidad alguna de éxito en el combate violento a tan redituable y degradante negocio.
El problema es que -parodiando a aquel viejo líder petrolero, que acuñó la frase para referirse a Pemex- si se hunde la seguridad pública en el país, nos hundimos todos.