V Informe, el último

Aserto No. 147, octubre 2015

Luis Javier Valero Flores

Obligado por una prescripción médica, el Gobernador César Duarte envió al Secretario de Gobierno, Mario Trevizo, a presentar el V Informe de su gobierno al Congreso del Estado.

El acto masivo, que en la práctica, ante los ojos de la mayoría, es el verdadero informe, deberá esperar a su rehabilitación; si sucede, deberá ser a principios de noviembre, por lo menos.

No estuvo presente, pues, al momento apoteósico de los gobernantes mexicanos, el V Informe, el último en la plenitud del poder, el que sirve para efectuar un balance del total del gobierno, que poco cambiará en el curso del último año, en parte por la designación del candidato de su partido, las elecciones y a que el centro del poder cambiará en junio del próximo año, mes en el que deberá consensuar con el gobernador electo (a) el presupuesto para el año 2017.

No sólo es un gobierno de agudos contrastes, el de Duarte ha sido un gobierno que intentó y realizó cosas destacadísimas, como la de la cobertura completa en la educación media superior y superior, la construcción de una vasta infraestructura de salud, de las carreteras de acceso a las cabeceras municipales y la de dos centenas de establecimientos educativos de educación media superior.

Puede ufanarse de haber resuelto el problema de Pensiones Civiles del Estado; de haber contribuido a la obtención de 792 mil empleos formales, de que el crecimiento económico es el mayor en el país y de haber abatido sensiblemente las cifras de homicidios en lo general, y de ejecuciones en lo particular.

En todos esos aspectos habrá, hay, indudables e innumerables aspectos negativos, o atenuantes del triunfalismo con el que se presentan en estos días a los chihuahuenses a través de los mensajes en los medios de comunicación. 

Una certidumbre deja su gobierno: La de las enormes expectativas al momento de su triunfo electoral y el enorme desencanto en vastas franjas de la población, generado por los numerosos errores y defectos de su forma de ejercer el gobierno.

La deuda pública que heredará a los sucesores es cuantiosa; convenimos en que está dentro de lo manejable para las finanzas estatales, pero su crecimiento es desmesurado, pasó de los poco más de 12 mil millones de pesos en septiembre de 2010, a más de 45 mmdp al cierre de 2015, incluida, en ambos casos, la deuda generada por el Fideicomiso Carretero, casi 4 veces en cinco años.

Es de tal magnitud que ocupa el primer lugar nacional, en proporción al PIB y la población. Aun la de los bonos carreteros tiene un elevado ingrediente: Está pactada a 30 años, esto es, durante ese lapso el gobierno de Chihuahua no podrá acceder al peaje obtenido, sólo a los remanentes, fruto del aumento de usuarios de la red carretera.

Pero si este aspecto le generó serios quebrantos en la calificación ciudadana, el tema de su riqueza personal es aún más criticado por la ciudadanía. 

La denuncia presentada por Jaime García Chávez -no resuelta aún- que lo acusó de haberse enriquecido súbitamente, tanto, que lo puso en la inminencia de convertirse en fuerte accionista de Unión Progreso, socavó seriamente su credibilidad y fortaleció los insistentes rumores de ser comprador casi compulsivo de ranchos ganaderos y huertas nogaleras, así como de farmacias y hoteles.

Luego, su desatino al declarar que “a lo macho” no se había fijado cuando firmó el contrato con la institución crediticia vino a ratificar, ante los ojos de la mayoría de los chihuahuenses, que su riqueza era cuestionable.

Para salir al frente de tales acusaciones, prometió que haría pública su declaración patrimonial, al igual que el Presidente Peña. No lo ha hecho.

Si bien todos los gobernadores priistas gobiernan de manera semejante, especialmente en el poco respeto guardado a la división de poderes, el ballezano burló todos los límites conocidos hasta ahora. 

No hay una sola rendija en este aspecto. La subordinación del Poder Legislativo y del Judicial es total. No hay margen a la duda, menos si se recuerda el episodio mediante el cual se “oxigenó” al Poder Judicial. Varios de sus ahora integrantes sólo tienen como antecedente válido para ser miembros del Pleno, haber sido subordinados o amigos del titular del Poder Ejecutivo.

La subordinación del Poder Legislativo supera todo lo vivido a lo largo de los últimos 20 años en Chihuahua, nunca había sido tan absoluta.

Hasta en el tratamiento a su partido, el PRI, hubo excesos que ofendieron a muchos de sus integrantes. No sólo por el enfrentamiento, a lo largo del sexenio, con el grupo de Los Baeza, que alcanzó su momento culminante con las acusaciones de que Reyes Baeza y Cristian Rodallegas desviaron 3 mmdp, procedentes de partidas federales, al gasto corriente, razón por la que debieran estar en la cárcel, dijo.

Enmarcada, tal declaración, en medio del proceso del Aero Show, que pretende inhabilitar políticamente al más adelantado de los baecistas en la carrera al gobierno, el ex alcalde Marco Adán Quezada.

Quizá otro momento emblemático de su “personal forma de gobernar” fue la designación de las consejeras del Ichitaip. Después de que el Poder Judicial de la Federación le enmendó la plana al Congreso del Estado, por las irregularidades en el proceso de elección, fueron elegidas las mismas candidatas que habían sido impugnadas, entre otras cosas, una de ellas, por haber obtenido el último lugar, reprobatorio, del examen de conocimientos; y la otra, por no haber obtenido calificación superior al 7. Fueron los últimos lugares del examen. A pesar de ello, en dos ocasiones la mayoría congresal votó por ellas, “como dijo el señor gobernador”, diría la diputada priista, Elvira González, sorprendida por el reportero Cesar Ibarra.

Pero en este incidente, y en otros semejantes, por aquello de que no se respetaron las regulaciones, ya sea para designar, o para destituir funcionarios, el Gobierno de Chihuahua y en particular el Congreso, debieron ser reconvenidos seriamente por el Poder Judicial Federal.

Debieron aceptar las resoluciones de éste en la destitución de los jueces del Tribunal Oral que exoneró a Jaime Barraza, supuesto asesino de Ruby Frayre; en la destitución de un magistrado, de unos actuarios de Juárez, la de las consejeras del Ichitaip y el Gobierno de Chihuahua perdió sendos amparos en la construcción del aeropuerto de Creel, en la disputa con los concesionarios del Vive Bus, en la construcción del gasoducto y hasta en la legislación sobre las candidaturas independientes.

Los abucheos

Atrás había quedado la aplastante victoria sobre el panista Carlos Borruel al lograr una ventaja de 16.4% sobre el ex alcalde, el mayor mayor diferencial de votos jamás alcanzado por candidato alguno en la era de la plena competencia electoral.

César Duarte ganó en 59 municipios y no perdió en ninguno de los más poblados de la entidad.

“Quiero pasar a la historia como el gobernador que puso orden en Chihuahua", dijo Duarte en su toma de posesión, ante una concurrencia de más de 50 mil personas. 

Al acto asistieron casi la totalidad de los gobernadores priístas, la dirigencia nacional en pleno, los coordinadores parlamentarios, del Senado y la Cámara de Diputados, infinidad de diputados y senadores, numerosísimos invitados de las agrupaciones afines al PRI. En ese ambiente, predominantemente priísta, los más ovacionados fueron Duarte, el ex gobernador Reyes Baeza y el gobernador mexiquense, el adelantado en la carrera presidencial, Enrique Peña Nieto.

Tres años después, en la ceremonia del Grito de Independencia, una buena parte de la multitud lo abucheaba, después del intento de mover el mausoleo del Gral. Villa y de la remodelación del balcón en Palacio de Gobierno.

Previamente, en varios actos había ocurrido lo mismo. Todo, en medio de la más fuerte oleada de rumores sobre su enriquecimiento, la que jamás pudo ser neutralizada por la publicidad oficial, que adoleció, en el sexenio, de una adecuada política de comunicación social, a pesar de que Article 19 reportó que César Duarte gastó en 4 años 2 mil 125 millones 892 mil pesos en publicidad oficial.

Los rumores le achacaron a Duarte la compra de un sinnúmero de ranchos ganaderos y nogaleros; del más importante de los hoteles capitalinos; amén de las acusaciones de un creciente despilfarro gubernamental y del desmesurado crecimiento de la deuda pública del estado.

Un factor, despreciado por los responsables de la imagen del gobernante, es el hecho de que se percibe un creciente despilfarro en los actos y festejos personales del gobernante.

Luego seguirían los episodios de la fiesta de su cumpleaños, con la participación de varios artistas, encabezados por Juan Gabriel; el “homenaje” a éste, realizado por los gobiernos de Chihuahua y Michoacán.

Las inercias populares estaban echadas a andar. Luego de los primeros incidentes, casi no hubo acto masivo -de los celebrados en la capital del estado- en el que las protestas, el rechazo y los gritos en el que no estuvieran presentes. De ese modo ocurrió en el desfile del 16 de septiembre; en la inauguración del Festival de Chihuahua, en la del festival del Aero Show, un día antes de la tragedia, y luego en varios eventos de noviembre, hasta llegar al acto del encendido del árbol de Navidad del 2013.

Tales muestras de repudio encontraron eco en las mediciones demoscópicas. La encuesta de la empresa Confirme, contratada por El Diario (Juárez) arrojó que los habitantes de esta frontera le otorgaron un bajo 5.3 de calificación. (Nota de la redacción, 1/X/14). 

La aceptación a la forma de gobernar de César Duarte tuvo una caída semejante. En 2011, el 73.5% de los encuestados mostraba acuerdo, en 2012 aumentó al 76.6, para luego bajar en 2013 al 70.7 y caer en 2014 al 52.4%.

La seguridad pública y Marisela

La seguridad pública es, junto a la cobertura educativa y la economía, el tema que más luce el Gobernador Duarte.

Ciertamente, los índices criminales han disminuido sensiblemente, pero la mayoría de ellos no regresa a los niveles previos a la oleada criminal del 2008-2011; la impunidad es enorme, sólo 3 de cada 10 asesinatos se resolvieron en 2013, “Durante este periodo, los tribunales de Garantía únicamente resolvieron la situación jurídica de 136 acusados del delito de homicidio de los 485 que se registraron en la ciudad”, de acuerdo con los datos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). (Nota del Staff, Con información de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario de Juárez, 19/I/14).

Ocupa lugar central en estas preocupaciones el caso de Marisela Escobedo, asesinada frente al Palacio de Gobierno, en el curso de una protesta por el asesinato de su hija, Ruby Frayre.

“Mátenme frente a Palacio para vergüenza del gobierno”, habría dicho premonitoriamente. Todo, porque realizó lo que todo un aparato de procuración de justicia no pudo -no quiso- efectuar: Ubicar y detener a quien pensaba pudiera ser el responsable del asesinato de su hija. Murió bajo las balas a pesar de la “discreta” protección de la Fiscalía General del Estado.

A raíz del asesinato de Escobedo, los jueces que exoneraron al presunto responsable de la muerte de Ruby Frayre, hija de Marisela, fueron destituidos fast track, en una deplorable demostración de sometimiento de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia a los dictados del titular del Poder Ejecutivo.

Pero la secuela de estos dos asesinatos revelan cuán lejos nos encontramos de la correcta aplicación de la justicia. Todos los relacionados -o casi todos- con ellos han perecido, incluso los dos señalados de ser los autores del crimen.

Las ejecuciones

En el año 2011 Juárez dejó de ser la ciudad más violenta del mundo y pasó al lugar 19. Sin embargo, en el mismo año, Parral se ubicó en el lugar 32. Juárez pasó de una tasa de 229 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2010, a 56 en 2012, según informó José Antonio Sánchez Ortega. (Nota de Martha Elba Figueroa, El Diario, 7/II/13).

Juárez había ocupado el primer lugar en 2008, 2009 y 2010. En tanto, la ciudad de Chihuahua presentó una tasa de 43.49 homicidios por cada cien mil habitantes, al ocurrir 367 homicidios durante el año 2012.

Significa, de acuerdo con estas cifras, que la tasa de homicidios pasó de 123 por cada 100 mil habitantes, en 2011, a 61 en 2012.

Tales cifras esconden, a su vez, el infanticidio: 120 de las víctimas tenían de cero a 10 años y 2 mil 105 contaban entre 11 a 20 años de edad.

El total de homicidios asciende, en el período 2008-2011, a 16 mil 980, pero de ellos “sólo” 9 mil 976 son del móvil de delincuencia organizada, es decir, que a pesar de no estar en guerra, los chihuahuenses no involucrados en ella, asesinaron a 7 mil 4 personas.

Además, son de llamar la atención las cifras de los asesinatos de mujeres. Las relacionadas con la delincuencia organizada ascienden, en el período 2008-2011 a 761, pero el total de mujeres asesinadas asciende a 1,238, casi medio millar (477) que, por lo menos en las estadísticas oficiales, no estaban relacionadas con la disputa de los cárteles de las drogas, lo que eleva infinitamente la tasa de feminicidios en el estado, a niveles que ni siquiera en la peor de las rachas habíamos tenido.

Pero esas son las cifras de la oleada violenta, los homicidios disminuyeron a niveles superiores a los del 2007, pero inferiores a los del 2008; además, en el mes de septiembre de este año, por primera vez se presentaron menos homicidios -en un mes- que desde antes del 2007, con graves episodios, sobre todo en los municipios serranos; hechos que nos recuerdan, una y otra vez, la ubicación geográfica de la entidad en el mapa del tráfico de drogas, hecho que no puede ser soslayado.

Falta comprobar que las cifras a la baja obedezcan al conjunto de acciones gubernamentales, o se deban a la dinámica de quienes se disputan el territorio para traficar estupefacientes.

A lo largo del sexenio, el Gobernador Duarte insistió en que su administración fue la responsable de la recuperación de la seguridad pública, base para ofrecerle la confianza y certidumbres necesarias a los inversionistas.

Sin embargo, en un trabajo publicado en noviembre de 2012, con numerosas fuentes pudimos sustentar que, por lo menos, existen elementos para dudar de tal afirmación.

El artículo de marras, intitulado “¿La operación limpieza ya terminó en Chihuahua?” lo reproducimos en esta misma edición. En él se recogen diversas informaciones proporcionadas por WikiLeaks sobre comentarios internos de la agencia Stratfor.

Ciertamente, algunas acciones gubernamentales del ámbito local tienen un impacto directo, y otro indirecto, en la disminución de tales índices; acciones como la de la cobertura total en la educación, los diversos programas sociales y la construcción de infraestructura deportiva y social; el fortalecimiento del grupo antisecuestros, la mejoría en las acciones de inteligencia en el combate a la extorsión, a los grupos de asaltantes a los comercios, los de los robos de vehículos, etc., pero, salvo las estrictamente de combate a los grupos delincuenciales del orden común, las otras tienen un efecto mediato y/o de muy largo plazo, y que no necesariamente se reflejan en la disminución de muchos de los delitos, pues ninguna de ellas tiene un efecto inmediato en la comisión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y menos cuando la disminución es tan abrupta.

La inseguridad en la sierra y los feminicidios

¿Qué hicieron los gobiernos de los últimos años ante la desaparición de las policías municipales y el crecimiento de la inseguridad en la sierra, cosa que no amainó, al contrario, los eventos siguen repitiéndose cotidianamente?

Poca cosa. Mandar a pequeños grupos de elementos de la desaparecida Cipol, o de la Policía Única Acreditable y unos cuantos destacamentos militares cada que ocurre un hecho conmocionador, pero ninguna política permanente, efectiva para cambiar la realidad de la sierra.

En Julio del 2013 se decía “Según el recuento efectuado por el diario Reforma (24/VII/13), en los últimos dos meses han sido ejecutadas más de 40 personas en La Tarahumara”. La nota hace un recuento de los ejecutados, según la información ofrecida por la FGE, en los municipios de Guadalupe y Calvo, Madera, Balleza, Bocoyna y Moris, 41 en total.

Peor fue el tema de los cadáveres de mujeres que se acumularon en el Semefo de Juárez. Duraron años ahí antes de ser entregados a sus familiares que incansables las buscaron.

Fue tan insultante el tratamiento que obligaron al Gobernador Duarte y al alcalde Héctor Murguía a sostener un doloroso y ríspido encuentro en la vía pública, luego de la realización de “La Caminata por la Vida y Justicia”, efectuada entre Juárez y Chihuahua.

Eran dantescas las peticiones: La entrega inmediata de los restos óseos humanos que existen en el Semefo de Ciudad Juárez; respuestas claras y específicas ante expertos en la materia a las madres que han solicitado la segunda opinión del dictamen de ADN que lleve a la certeza de la identificación genética hecha por el Estado de Chihuahua y respuestas a sus cuestionamientos.

Por otra parte, a pesar de que mas de 70 abogados fueron asesinados entre 2008 a 2015, los organismos de abogados que reclaman tal masacre aún están a la espera de ser recibidos por el mandatario.

Además, durante el sexenio se puso en marcha una verdadera contrarreforma en materia penal al desaparecer los tribunales orales colegiados  para convertirlos en Tribunales unitarios, así como el de ofrecer diversas entradas a las declaraciones no obtenidas ante la autoridad correspondiente. En el primer asunto, la argumentación de los hoy magistrados, Jorge Ramírez y Gabriel Sepúlveda, entonces legisladores priistas, muy cercanos al gobernador Duarte, fue que de esa manera se recuperaba la tradición de contar con un solo juez en los juicios.

La economía

Desde el punto de vista económico, dos son los hechos que presumen quienes gobiernan Chihuahua: La obtención de más de 100 mil empleos en el gobierno actual y, como producto de lo anterior, que Chihuahua se colocara como la entidad lideresa en el abatimiento del empleo informal.

Se trata, sin duda, de buenas noticias pero que evidencian, por otro lado, el agotamiento de un modelo que nos llevó, entre otros factores, a la situación por la que atravesamos, de fines del 2007 al 2011, y cuyas consecuencias abarcarán infinidad de años.

La actual administración estatal pregona, eufórica, el haber alcanzado diversas cifras en el mejoramiento de la situación económica de la entidad; ahora hablan del casi empleo total (existe un desempleo del 3.5%); del crecimiento sin igual en la generación de empleos, del abatimiento de la informalidad (Chihuahua ocupa, ya, el primer lugar nacional en ese rubro) y de la real disminución de la inseguridad pública.

Del total de los empleos formales, la mitad se encuentran en Juárez. 

No faltan a la verdad. Al cierre de septiembre del 2015 la entidad contaba con alrededor de 792 mil empleos (todas las cifras están basadas en los reportes del IMSS), sin embargo, confrontadas con otras cifras lo que ahora vivimos, es como si simplemente regresáramos al punto en que nos encontrábamos a fines del 2007.

Tener empleo no basta, la calidad de los salarios es fundamental. 

Da pavor, cerca de 7 de cada 10 trabajadores ubican sus ingresos entre uno y tres salarios mínimos, esto es, los que están en este extremo, que obtienen apenas un poco más de 6 mil pesos mensuales.

Educación

A pesar de que el 41% (25 mil 232 millones de pesos) del presupuesto de egresos del 2014 se destinó a la educación, Chihuahua no ha logrado elevar su calidad educativa: Chihuahua ocupó el número 25 en educación secundaria y 22 en primarias de entre las 32 entidades de la república, según el Índice de Desempeño Educativo Incluyente (IDEI); además, ocupa el número 21 en profesionalización docente y el número 30 en participación de los padres de familia en los procesos escolares y/o educativos.

Deuda pública

En cuanto a la deuda pública, si se admite el total de los compromisos, Chihuahua tiene el más alto indicador de deuda relacionada con el Producto Interno Bruto (PIB), 9% de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La primera ocasión en que, formalmente, el gobierno de Chihuahua admitió la existencia de la deuda fue en enero del 2013. Informó que ascendía 19 mil 992 millones de pesos (mmdp), sin contar la deuda de los municipios y otros, lo que la lleva a 22 mil 552 mdp, hoy asciende a 45 mmdp, tomando en cuenta los que recientemente fueron aprobados, de deuda directa, en lugar de que fueran al fideicomiso carretero.

Vive Bus

A principios de marzo de 2011, Duarte anunció la iniciativa de crear un fideicomiso para reforzar -"vitalizar- el transporte público urbano, sobre todo de las ciudades de Chihuahua y Juárez.

El Nuevo Sistema de Transporte de Chihuahua tuvo un costo superior a los mil 200 millones de pesos, de los cuales el municipio de la capital aportó 250 millones. Para la compra de los autobuses, informó el Gobierno del Estado en su momento -ahora ya sabemos que no fue, merced a la demanda de juicio político en contra del gobernante, presentada por los concesionarios del transporte urbano-, el gobierno estatal recurrió al Banco Mundial, que destinó 40 millones de dólares que servirían para la adquisición de 84 en la capital y de 85 en el antiguo Paso del Norte. Y aún prevalecen los problemas. No se ha resuelto el problema del transporte urbano de la capital.

Las pifias y las ocurrencias

Innumerables. Un aspecto de la actual administración fue la presentación de distintas iniciativas o propuestas que más bien parecían la “ocurrencia” del momento, que reales propuestas para subsanar problemas reales. Una de ellas fue la propuesta del gobernador para incorporar, a los jóvenes que no demostraran estar inscritos en alguna institución educativa oficial, ni desempeñar trabajo formal, al Servicio Militar Nacional y eventualmente al Ejército Mexicano.

Otra fue la de la gubernatura de dos años. Quizá no era una ocurrencia, pero por la manera en que la presentaron, como una conversación en el desarrollo de la fiesta de cumpleaños del Gobernador Duarte, sí parecía.

Otro de los puntos positivos de la administración fue el de la resolución del problema de los carros “chuecos”, pero que se convirtió en un filón de oro para los diorigentes de la CNC y la Unión Campesina Democrática, designadas para levantar un precenso de los vehículos “chuecos”, con un costo de 150 pesos. A los meses, aprobada la propuesta de Duarte por Hacienda federal, los propietarios debieron obtener otro documento de esas organizaciones, con un costo cercano a los 500 pesos, como requisito cuasi oficial para obtener el registro de sus vehículos.

La oposición panista

Pero en toda la ruta del actual gobierno, un factor ha incidido seriamente, la ausencia, en varios momentos, de la oposición. La de los partidos de izquierda desapareció, se sumaron alegremente, desde la campaña, al proyecto duartista y la del PAN tuvo momentos de verdadera sumisión, particularmente en lo referente a la aprobación de los primeros paquetes de la deuda carretera, en la aprobación de un nuevo impuesto sobre el uso de vehículo, ahora municipal, encubierto del eufemismo de contribución extraordinaria para inversión e infraestructura, lo que fue una verdadera bofetada de la clase política -toda- a la sociedad chihuahuense.

Lo mismo ocurrió con la elección del auditor, a fines de diciembre del 2011. La designación de Jesús Esparza como auditor superior del Estado fue una verdadera derrota para la sociedad chihuahuense pues era -es- uno de los hombres más cercanos al gobernador Duarte.

Si tal designación es deplorable, más lo es la conducta del Partido de Acción Nacional, que votó a favor del ahora ungido y cuyo líder congresal en ese momento, Héctor Ortiz, argumentó como válido, para votar a favor, el hecho de que “sería de las confianzas del Gobernador del Estado”.

Ortiz luego declararía que “estaba arrepentido”.

El modo duartista de hacer política

El evento masivo, con motivo del I Informe, se constituyó en una flagrante violación a la norma electoral, al adherirse, César Duarte, a la aspiración presidencial de Enrique Peña Nieto: “Agradezco especialmente a nuestro amigo Enrique Peña Nieto... Te reconocemos como un político que supo encabezar en el Estado de México un gobierno innovador y eficaz. Ahora, sin duda, es referente y modelo para fijar el rumbo y los nuevos derroteros del país. Gracias Enrique, por acompañarnos, Chihuahua le apuesta sin titubeos al proyecto que tú encabezas”.

El acto masivo con motivo del II Informe fue otro exceso en aras de la búsqueda de una posición en el gobierno federal. 

El formato del discurso sobre los aspectos más relevantes de los actos de gobierno del año informado, fue alternado con una alegoría de cada uno de los invitados especiales asistentes dio la impresión de la pretensión de mostrar la capacidad del gobernante para tejer relaciones con el resto de sus compañeros en el poder, incluidos los del círculo más cercano al peñanietismo.

En el anuncio de quienes serían los candidatos a las alcaldías de Juárez y Chihuahua en las elecciones del 2013, el exceso fue inconmensurable. 

Para informar del “destape” de Enrique Serrano, para la alcaldía de Juárez, Duarte dijo, ante pregunta de los reporteros que “… Se me va la mano derecha del Congreso, pero la tendré en Juárez”.

Enseguida encabezó una fiesta, que empezó en el desayuno y continuó hasta la comida, incluidos los mariachis, en la que pidió que los únicos cantantes fueran Javier Garfio, Jorge Ramírez y Ricardo Orviz, aprovechando el mariachi. Luego serían candidatos de Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias.

En tanto la fiesta se desarrollaba, la administración estatal enviaba un comunicado citando a los medios a una conferencia de prensa a celebrar en el hangar de Gobierno del Estado.

Ahí dio a conocer que el ingeniero Garfio le había solicitado licencia en el gabinete para buscar el registro como precandidato de su partido a la Alcaldía de Chihuahua.

No fue lo único novedoso en esas elecciones. Concretó la alianza con el PRD, la primera, y hasta la fecha, la única realizada por este partido con el PRI. Del mismo modo, la designación del hasta entonces uno de los panistas más aguerridos, Miguel Jurado, a la alcaldía de Parral, postulado por el PT y el PRI.

Ya a principios del 2013 crecía la sensación de rechazo creciente a la figura del gobernador, el Vive Bus, en la capital del estado, se había constituido en un autentico dolor de cabeza, no sólo para los gobernantes, sino para la población.

El resultado de las elecciones intermedias de 2013 pudo dar origen a la interpretación de que la mayoría de los votantes que acudieron a las urnas le refrendaron su apoyo al Gobernador Duarte, ante ello, éste tenía un paquete mayor en sus manos; debería gobernar sin más limitante que sus propias convicciones y capacidades, pues aunque el grupo de diputados panistas se comportara con inteligencia y se convirtiera en el contrapeso que necesita un gobernante como Duarte, su fuerza en el Congreso no bastaría, a menos que desde la sociedad hubiera surgido un ánimo vigilante, fiscalizador y participativo para imponer los controles que toda sociedad democrática le impone a sus gobernantes.

Ahí estaba la disyuntiva, o se ejercía el gobierno abriéndolo a la participación de la sociedad, escuchando a las variadas y distintas voces existentes en el Estado Grande, y llevando a sus amigos en el corazón, y sólo a los muy capaces en la administración, o ejercería un gobierno sin más límites que los que personalmente se impusiera, con todas sus consecuencias.

Los excesos se extendieron a casi todo el ámbito social y político. Se atrevió a hablar a nombre de toda la sociedad para encomendarla a sus santos y devociones religiosas, en una flagrante violación al marco jurídico existente y en todos sus discursos hizo uso de otra violación del mismo tipo, al lanzar su frase de que “el cielo bendiga a Chihuahua”.

Otro episodio emblemático fue el del enfrentamiento con la agrupación Unión Ciudadana, nacida al influjo de la denuncia penal en contra del Gobernador. Cuestionado ríspidamente por el senador panista Javier Corral, en el curso de una comparecencia en el Senado, Duarte acusó a los hermanos del senador de ser delincuentes y, junto con el legislador, favorecer “los intereses del grupo criminal asentado en Juárez” (el Cártel de Juárez, nombre con el que los chihuahuenses conocemos al grupo criminal y que el mandatario no se atrevió a llamar por su nombre) y lo acusó, “por esas mismas razones, descalificar el trabajo que los chihuahuenses hemos realizado en materia de seguridad pública”.

Por supuesto que habrá muchos más aspectos, calificados positiva o negativamente, no abordados ahora, pero seguramente aquí se encuentran muchos de los temas que más llamaron la atención de los chihuahuenses.