“La ha tomado muy en contra mía”

Mega Radio 860, Juárez. 19 de octubre de 2015

Luis Javier Valero Flores

El juez Décimo de Distrito otorgó, de manera definitiva, el amparo de la justicia federal al ex alcalde chihuahuense y aspirante al gobierno, Marco Adán Quezada. 

Le ordenó al Congreso del Estado no establecer sanción alguna en contra de aquel por el accidente del Aero Show del 5 de octubre de 2013, hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto; cosa que ocurrirá, en cualquier sentido, más allá de marzo del próximo año.

El juez le dio la razón al equipo de Quezada. Había alegado persecución política  en su contra e interferencia de poderes para hacerlo.

La resolución se da cuando el ex alcalde juarense, Héctor “Teto” Murguía, callado durante largas semanas, aprovechó las preguntas de los reporteros para decir a su modo, muy a su modo, que también aspira.

Aparentemente exasperado por las preguntas, se descartó como aspirante a la alcaldía de Juárez, como premio de consolación, y la soltó: “-Usted lo que ve analícelo, piénselo, y diga… ¿no? Teto quiere ser gobernador ó no, Teto sí quiere ser gobernador… que no sea yo quien decida; voy a dejar que usted especule. Hay un dicho que dice que si se mueve como pato, camina como pato, grazna como pato, es pato el hijo de su tiznada madre”.

Y develó el gran apoyo recibido por el gobernador Duarte en ese sentido pues, dijo, su cargo en el gabinete del ballezano le permitió “interiorizarse” de todo el Estado y estar en contacto con los presidentes municipales “para poder estar revisando las necesidades de cada lugar”. ¡Ahí nomás!

Todo lo anterior tiene como telón de fondo el amparo otorgado a Quezada, al que un buen número de priistas -y una parte importante de la población más interesada en la vida política- sienten como el que más simpatías tiene en la sociedad. Hecho reforzado por la inesperada declaración del diputado federal panista, Juan Blanco, que lo declaró como el que va adelante en las encuestas.

Lo resuelto por el juez del Décimo Distrito es una auténtica bomba política. Denuncian -y el juez acepta- la existencia de un acuerdo que implicaba ejecutar “diversas acciones” para determinar su inhabilitación, “ya sea a través de un procedimiento simulado en el Congreso o de un proceso penal, violentándose con ello los principios de división de poderes, justicia completa e imparcial, legalidad, seguridad y debido proceso”.

Lo que tenía como objeto, “no investigar si acaso incurrí o no en responsabilidad, sino inhabilitarlo.

La ilegalidad de la pretendida inhabilitación se sustenta en se viola la imparcialidad de los juzgadores.

Los abogados de Quezada alegaron, para obtener el amparo, que aún en el caso de obtener una sentencia favorable, sería tarde para hacer posible su derecho a ser votado, por lo que los denunciados lograrían su propósito, es decir, sacarlo de la actividad política, así fuera unos meses, los necesarios, en tanto los partidos (y el suyo incluido) abrirían y cerrarían los períodos de registro de precandidaturas y de candidaturas.

La denuncia en contra del gobernador Duarte es directa, Marco Quezada dice que “por razones que no conozco éste (el gobernador) la ha tomado muy en contra mía, al grado de usar y abusar del derecho y sus relaciones políticas para destruir uno de mis objetivos de  proyecto de vida que es participar en el próximo proceso electoral en el año 2016”.

Así, el Congreso del Estado le ordenó al Auditor Superior del Estado que iniciara las denuncias correspondientes, “y éste denunció ante el Congreso del Estado” a Marco Quezada, “por presuntas causas de responsabilidad administrativa”.

¿Cómo es que no se dieron cuenta que quien pidió la denuncia sería el que juzgaría?

La orden a la Auditoría Superior del Estado (ASE) de hacer la denuncia  debió hacerla la Comisión de Fiscalización del Congreso, no el Pleno, pues al hacerlo quedó como juez y parte en el proceso.

Por si fuera poco, antes, en noviembre de 2014, la Comisión fiscalizadora “concluyó que se carecía de elementos objetivos para fincar responsabilidades administrativas”, al referido Quezada.

Así, si no se presentan más eventualidades, el cuauhtemense está en condiciones de competir, en su partido, por el Gobierno de Chihuahua.

A menos que el grupo gobernante pretenda estimular la confrontación y allanarle el camino a la oposición.