Rumbo a la crisis institucional

Editorial, Aserto 129, abril de 2014

Al reelegir a las consejeras del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip), Alma Rosa Armendáriz Sigala y a María Nancy Martínez Cuevas y a sus siete suplentes, el Congreso del Estado se puso en ruta a la crisis institucional más grave que haya sufrido la entidad en las últimas décadas.

Solo algún suceso inesperado podrá evitarlo, el abogado Rodolfo Leyva, quien obtuvo la protección de la justicia federal, al alegar que lo habían discriminado para ocupar una de las titularidades de ese órgano, al momento de elaborar la postura editorial de ASERTO, se preparaba para impugnar la decisión del Poder Legislativo de Chihuahua. No descartaba ninguna de las vías jurídicas para echar abajo tan deplorable determinación.

Lo increíble, en el largo recuento del “perfil del puesto” y de los merecimientos de los aspirantes a ocupar esas posiciones, contenido en el dictamen elaborado por la Junta de Coordinación Parlamentaria, se privilegió que los aspirantes hubiesen ocupado un lugar en la administración pública, y mientras más puestos y más años, mejor.

En el colmo, ese fue el argumento para contrastar los curriculum de las reelectas con el del quejoso (Rodolfo Leyva).

En el largo recuento de las cosas agraviantes a la vigencia del derecho al acceso a la información pública y la transparencia en el ejercicio de la administración pública, ésta será una de las principales.

En un país -y una entidad- en la que la cultura predominante en los funcionarios es la de la secrecía, la discrecionalidad, el patrimonialismo, la subordinación y la opacidad; rasgos, todos, que la nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública pretendía -pretende- erradicar, es un contrasentido que se privilegie para ocupar esas posiciones a quienes más tiempo se hayan desempeñado en la función pública.

Se yergue como una siniestra realidad, como la verdadera explicación de la reelección de las consejeras el verdadero tobogán en que se encuentra la transparencia en Chihuahua. De 139 recursos de revisión presentados por los ciudadanos ante el Ichitaip, en 135 el órgano “garante” de la transparencia falló a favor de las dependencias gubernamentales.

El dictamen elaborado, y aprobado por una mayoría conformada solo por el PRI y el PVEM, es un compendio de fallas y maniobras para eludir lo sentenciado, es un verdadero monumento a la impreparación y a la falta de argumentos jurídicos para evitar el cumplimiento de la sentencia, se llevarán una verdadera sorpresa pues el desapego al texto elaborado por el juez Ignacio Cuenca Zamora, Octavo de Distrito, es verdaderamente descomunal, muy probablemente recibirán la notificación de que serán acusados de desacato a una orden judicial, a una sentencia de amparo.

Las consecuencias pueden ser verdaderamente trascendentales, el Poder Judicial de la Federación, previsiblemente, determinará en tal sentido y, por tanto, los diputados que votaron por la reelección de las consejeras, todos los presentes, con la excepción de los del PAN, es decir, los del PRI y sus partidos satélites, entre los cuales se deberá ubicar al PVEM, PANAL y los del denominado bloque “de izquierda”, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, pueden recibir sanciones de carácter penal y administrativo, además de ser removidos de los puestos.

Si el proceso jurídico consecuente a la elección de las consejeras mantiene una ruta, diríamos normal, es muy probable que el partido gobernante en Chihuahua enfrente el proceso electoral del 2015, el de las diputaciones federales, con sus diputados locales titulares removidos, en medio de una crisis institucional… y una crisis política sin precedente; le habrán abierto el camino para que el PAN se alce como la única oposición político-electoral en la entidad. 

A menos que el nuevo partido de izquierda, Morena, lograra colocarse en tal posición. 

Se ve difícil.