Espejismos y voluntad política

El Diario, 29 de mayo de 2014
Luis Javier Valero Flores
Muchas cosas podrán hacerse en materia de seguridad pública, pueden lanzarse mil y una estrategias para combatir al crimen organizado, a los narcotraficantes, incluso podría impulsarse la estrategia global de combate al crimen organizado propuesta por Edgardo Buscaglia, -el analista más destacado en esta materia- pero lo que no podrá cambiar es el hecho cardinal de que nuestro territorio, especialmente Juárez y el Valle de Juárez, colindan con el principal mercado de drogas en el mundo.
Ahí se encuentran buena parte de nuestras desgracias (y fortunas para otros).
Se podrán vanagloriar, las autoridades de todos los niveles, de los alcances en materia de coordinación, de avances en la preservación de la seguridad pública,  de los nuevos esquemas funcionales de las agrupaciones policiacas, del crecimiento de los presupuestos destinados a esta materia y hasta de los montos crecientes destinados al desarrollo social, pero mientras persistan las condiciones actuales, en el número y calidad de empleos, de niveles salariales, de consumidores de drogas y de la elevada impunidad existente, las guerras de los cárteles de las drogas encontrarán terreno fértil.
Seguiremos convertidos en campo de batalla de ellos y de las deficientes acciones gubernamentales para combatirlos; y nuestra sociedad se verá inmersa en tales formas culturales y rezagos sociales. El resultante, paradójico, será que los “buenos” de la sociedad se convierten en los más vulnerables de la sociedad. Ahí radica la diferencia entre un asesinato y otro, no porque el abogado César Cordero no gozara de innumerables cualidades destacables, sino porque el protagonismo alcanzado por su colega, Salvador Urbina Quiroz, lo había convertido en una de las voces más respetadas (y escuchadas -ojalá-) de la sociedad juarense, merced a sus posturas, siempre en defensa de los intereses comunitarios y en la crítica hacia los gobernantes.
Por eso son más dolorosas y sensibles muertes como la suya.
Apenas al inicio de la semana, uno de los reportajes centrales de la revista Proceso (En Juárez, paz pactada… pero viene un “limpia”, Proceso No. 1960) ponía en el centro de la discusión que la disminución en el número de homicidios podría tener como explicación la dinámica de los cárteles de la droga, más que las políticas gubernamentales.
Semanas atrás, la publicación ADN (Abril 15, 2014) publicaba que, de acuerdo con un estudio elaborado por “Justice in México” y la Universidad de San Diego (“Drug Violence in Mexico: Data and Analysis Through 2013”), la “significativa” disminución en el número de homicidios en México durante 2013 “se atribuye a los cambios que se están generando en la dinámica entre el narcotráfico y el crimen organizado”.
¿Cómo desconocer que la ola homicida en Juárez 2008-2011 esté generando, aún, los “picos” en el número que hoy se presentan y que no exista una estrategia para combatir tales secuelas, la fincada en las acciones comúnmente denominadas de “inteligencia”?
Más aún, que ante el espeluznante número de profesionales del derecho victimados a lo largo de esos años -alrededor de 70- no se advierta una actitud de comprensión y de aceptación al auxilio permanentemente ofrecidos por todas las agrupaciones de abogados existentes en la entidad.
De ahí las contundentes expresiones de repudio y rechazo de todos ellas, como las del comunicado firmado por Miriam Anel Ornelas Chavira, presidenta del Colegio de Abogados Lic. Benito Juárez García y de Jesús Eduardo Mariscal Ojeda, presidente de La Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez: “… nuestra sociedad civil no puede estar más a merced de criminales desalmados que impunemente derraman la sangre de sus hijos más valiosos y alertamos a la comunidad jurídica para que extremen precauciones de seguridad personal en espera de una respuesta positiva de nuestras autoridades para no caer en el espantoso terror que creíamos superado… Queremos conocer qué es lo que sabe la autoridad investigadora, vamos a exigir que hagan su trabajo”.
O como las del presidente del Consejo Estatal de Colegios de Abogados, David Óscar Castrejón Rivas, quien advierte que “el gobernador nos ha ignorado”, quien ha solicitado una audiencia, -desde junio del 2012- con el gobernador César Duarte para mostrar su inconformidad, preocupado porque en tan “sólo en el mes de mayo, tres abogados han sido asesinados en el Estado de Chihuahua”.
Ante estos y otros señalamientos, el gobernador Duarte afirmó que “El propio embajador de los Estados Unidos en México, Anthony Wayne y personajes destacados a nivel internacional como Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí reconocen en los foros más importantes del mundo los avances que registra Juárez en la recuperación de la seguridad, mientras que algunos hablan mal de esta ciudad, eso es lo incongruente”.
“Pasan muchas semanas sin que el tema sea la inseguridad”, dijo. Y enseguida hizo un recuento de los avances en materia de seguridad pública: “Juárez tenía el 20 por ciento de los autos robados y de los homicidios de la República Mexicana y ahora no aparecemos en esa estadística”, que se ha “detonado el relanzamiento económico y la promoción de las fortalezas del estado y a la par de poner orden con la reestructuración de las corporaciones policíacas y de impartición de justicia, así como lograr la certificación de los centros penitenciarios”.
A su vez, Alba Herlinda Flores Domínguez, presidenta del Colegio de Abogados de Chihuahua, A.C., señaló que “… ya rebasamos los 60 homicidios de jurisconsultos colegiados y los escasos esclarecimientos son por excepción y no por regla; muchas cosas en las instituciones responsables de la procuración y prevención de los delitos no funcionan y éste es un buen momento para que se elimine lo que no sirve y se despida a quien simplemente no puede”.
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