Intolerancia eclesial

El Diario, 8 de mayo de 2014

Luis Javier Valero Flores

Dos hechos, aparentemente lejanos y no relacionados entre sí, ilustran, primero, cuán lejos nos encontramos de contar con instituciones clericales capaces de asimilar la gran diversidad de la sociedad moderna, la existencia de un conjunto de normas y regulaciones por encima de ellas y, segundo, la increíble intolerancia que generan.

Al acudir a declarar ante el Comité de la Organización Naciones Unidas sobre la Tortura, el embajador del Vaticano, el arzobispo Silvano Tomasi, “admitió que la Iglesia católica protegió en el pasado a sacerdotes que abusaron de menores, pero dijo que abandonó la práctica hace años, debido a que comprendió mejor el asunto (sic)”. (Nota de agencias, La Jornada, 7/V/14).

Previamente, el Comité de la ONU le había pedido al Vaticano que se aplique un sistema de investigación permanente para poner fin a lo que denominó “clima de impunidad” dentro de la Iglesia Católica.

Tomasi informó, como parte de las acciones emprendidas por El Vaticano, que 884 clérigos habían sido destituidos del ministerio sacerdotal por “acusaciones creíbles de casos graves de pederastia clerical” y otros dos mil 572 sacerdotes responsables de haber cometido delitos de pedofilia se les había impuesto el “castigo canónico” de retirarse a observar una vida de penitencia y oración tal como lo exigen las leyes de la Iglesia católica. (Nota de El Diario, 6/V/14).

Más aún, reconoció que del 2004 a la fecha el Tribunal Clerical había recibido tres mil 420 “acusaciones creíbles” de clérigos que cometieron abuso sexual a menores de 18 años, sin embargo, a los críticos de la Iglesia Católica por estas prácticas los llamó a que ““no deberían quedarse fosilizados en el pasado” ahora que, dijo, la actitud de la iglesia “es diferente”.

Pero al ser cuestionado acerca del porqué esos sacerdotes no fueron derivados a las instancias judiciales de los países en que se habían cometido esos delitos, afirmó que “la Santa Sede no puede tener jurisdicción sobre todos los crímenes cometidos por los católicos en otros países”. (Nota de El Diario).

Argumentaciones que le dan la razón a los diversos grupos multinacionales, representantes de víctimas de abusos sexuales, quienes arguyen que tales medidas generan más impunidad pues los sacerdotes, en lugar de ser sancionados como debiera ser, conforme a las legislaciones locales, simplemente son cambiados de adscripción, algo que en México se ha denunciado constantemente.

El colmo. Interrogado por el mismo Comité de la ONU, acerca de un anterior embajador del Vaticano acusado de abusos sexuales en República Dominicana, Tomasi informó “que el arzobispo Jozef Wesolowski sería juzgado en el Vaticano” y que la tardanza en enjuiciarlo se debía a que no habían llegado “todos los documentos necesarios”. Ajá.

¿Y por qué enjuiciarlo por las leyes del Vaticano si el delito lo cometió en Dominicana? La Iglesia puede condenarlo hasta la excomunión, pero el clérigo debe responder ante la sociedad que fue ultrajada.

Ya encarrerados en las preguntas ¿Por qué el obispo de Guerrero amenaza con la excomunión al Gobernador de esa entidad, si envía la propuesta de despenalizar el aborto, y a los pederastas no los castigan, aunque sea eso, con la misma medida?

¡Ah, porque hay dos varas!

Y el otro caso, sensiblemente menor en trascendencia, pero igualmente ilustrativo de la intolerancia de los grupos religiosos, es el de la congregación “Luz del Mundo”, a quien le ordenó el gobierno municipal suspendiera la “pinta” que realizan en la sierra de Juárez (los más altos cerros aledaños al antiguo Paso del Norte), debido a que violan el reglamento de ecología municipal. La vocera de la congregación, Sonia Pedroza, alegó tener un permiso y que sus “representantes jurídicos” se harían cargo. (Nota de Alejandra Gómez, El Diario, 6/V/14).

Y todo porque los feligreses de esa iglesia pretenden fijar en los cerros la leyenda “50 años de su apostolado S.J.F”, sin llegar a comprender que el entorno es propiedad de la comunidad, que hace años se aprobó una legislación que impide efectuar ese tipo de prácticas religiosas, que en su ciudad habitan personas que no comparten sus creencias y que deberán ser respetadas, tanto como deben ser respetadas las de los congregados en la “Luz del Mundo”, que los límites entre unos y otros los fijamos a través del entramado legal vigente. Y que la tolerancia debería ser el principal rasgo de quienes sostienen tales creencias, pensamos otros.

Más aún, ante esta práctica y otras, cada vez más ostensibles, de hacer de la vía pública el escenario de sus manifestaciones religiosas, se opone el sentido común que les dice que tales actos, de demostración de su fé religiosa, de su convicción en la existencia de un ser supremo debieran ser, estrictamente, del ámbito privado.

¿Para qué hacer tan grandes manifestaciones religiosas? ¿Para que las veamos los otros, los demás? ¿No bastaría con que fueran observadas por el ser supremo en que creen?

Y los otros, los que violan los más elementales derechos de los niños ¿Por qué se niegan a aceptar la ley de los hombres, si ya violaron la de dios? ¿O es que a ésta última no le temen y sí a la de los mortales?

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