Fallo histórico

Aserto, Diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
A más de ocho años del macabro descubrimiento de los cadáveres de ocho mujeres en el ya mundialmente famoso lote baldío conocido como “campo algodonero” de Juárez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita al sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), culpó al “Estado mexicano de violentar los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal al no investigar adecuadamente y violar la no discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las víctimas”.
La resolución del principal organismo derechohumanista del continente no abarca al total de las víctimas, se refiere exclusivamente a la desaparición y posterior asesinato de Herrera, de 15 años, Claudia González, de 20, y Berenice Ramos, de 17. Sus cuerpos aparecieron, junto a los de otras cinco mujeres, el 5 de noviembre de 2001 en el "campo algodonero”.
“La Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones, pero también concluyó que muchas de ellas no se subsanaron en la segunda etapa”, cita el fallo emitido el 16 de noviembre. “El Tribunal concluyó que en el presente caso existía impunidad y que esa impunidad es causa y a la vez consecuencia de la serie de homicidios de mujeres por razones de género que ha sido acreditada en el presente caso”, asientan los seis magistrados de la Corte.
La Corte ordenó a México pagar 145 mil 500 dólares a los parientes de Herrera, 134 mil a los de González y 140 mil 500 a los de Ramos por conceptos de indemnización, reparaciones, gastos procesales y otros. Además, las autoridades deberán investigar adecuadamente los casos, efectuar un acto público para las víctimas, erigir un monumento en su memoria y crear un sitio electrónico, en un plazo de seis meses, con la base de datos de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en el estado de Chihuahua.
La Corte consideró que el Estado está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. “Los tres homicidios por razones de género del presente caso ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer", dice la resolución.
Es un fallo histórico, no sólo le ordena al Estado Mexicano procurar la justicia para las víctimas y sus familiares, sino que desvela el cúmulo de irregularidades cometidas por autoridades de los tres niveles, fundamentalmente de las estatales y municipales y le da un sonoro mentís a quienes acusaron a los más diversos organismos derechohumanistas locales y nacionales empeñados en denunciar las tropelías cometidas en torno a los feminicidios, de medrar alrededor de un asunto que las autoridades intentaron por todos los medios minimizar.
La resolución remata estableciendo que el caso del Campo Algodonero concluirá cuando el Estado cumpla con las disposiciones enumeradas en la sentencia.