Campo algodonero, como fantasmas

El Diario, 15 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
A más de ocho años del macabro descubrimiento de los cadáveres de ocho mujeres en el ya mundialmente famoso lote baldío conocido como “campo algodonero” de Juárez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita al sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), culpó al “Estado mexicano de violentar los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal al no investigar adecuadamente y violar la no discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las víctimas”.
Pero la resolución del principal organismo derechohumanista del continente no abarca al total de las víctimas, se refiere exclusivamente a la desaparición y posterior asesinato de Herrera, de 15 años, Claudia González, de 20, y Berenice Ramos, de 17. Sus cuerpos aparecieron, junto a los de otras cinco mujeres, el 5 de noviembre de 2001 en el "campo algodonero”.
“La Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones, pero también concluyó que muchas de ellas no se subsanaron en la segunda etapa”, cita el fallo emitido el 16 de noviembre. “El Tribunal concluyó que en el presente caso existía impunidad y que esa impunidad es causa y a la vez consecuencia de la serie de homicidios de mujeres por razones de género que ha sido acreditada en el presente caso”, asientan los seis magistrados de la Corte.
La Corte ordenó a México pagar 145 mil 500 dólares a los parientes de Herrera, 134 mil a los de González y 140 mil 500 a los de Ramos por conceptos de indemnización, reparaciones, gastos procesales y otros. Además, las autoridades deberán investigar adecuadamente los casos, efectuar un acto público para las víctimas, erigir un monumento en su memoria y crear un sitio electrónico con la información personal de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en el estado de Chihuahua.
La Corte consideró que el Estado está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. “Los tres homicidios por razones de género del presente caso ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer", dice la resolución.
Enfrentado a sus fantasmas, en un hecho que finalmente le da la razón a los opositores al nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la república, este funcionario deberá ser uno de los receptores de la resolución, además de ser una de las autoridades que originaron las denuncias en contra de los asesinatos y la impunidad prevaleciente en torno a ellos. Cosas de la política mexicana y de su inacabado proceso de transición pues la Corte de San José lo acusó en 1998 de obstruir la investigación. Similar señalamiento emanó en 1999 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ello se suma un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de octubre de 2003, en el cual un grupo de expertos señaló graves irregularidades en el esclarecimiento de esos casos.
Es un fallo histórico, no sólo le ordena al Estado Mexicano procurar la justicia para las víctimas y sus familiares, sino que desvela el cúmulo de irregularidades cometidas por autoridades de los tres niveles, fundamentalmente de las estatales y municipales y le da un sonoro mentís a quienes acusaron a los más diversos organismos derechohumanistas locales y nacionales empeñados en denunciar las tropelías cometidas en torno a los feminicidios, de medrar alrededor de un asunto que las autoridades intentaron por todos los medios minimizar.
Indudablemente que en la tragedia sufrida por cientos de familias juarenses diversos protagonistas y organizaciones se montaron en ella, pero lo que ahora vemos es el resultado de la perseverancia de los familiares de algunas de las víctimas y de algunas agrupaciones interesadas de buena fé en la defensa de los derechos humanos, y especialmente los de las mujeres.
Aprender de tal tragedia, de la resolución de la CIDH es imperante para todos, pero fundamentalmente para los gobernantes y funcionarios encargados de la procuración y aplicación de justicia en Chihuahua.
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