Síganle la pista al dinero

El Diario, 6 de diciembre de 2009
Luis Javier Valero Flores
La noticia, dada a conocer por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro, de haber detectado a 10 empresas mexicanas, seis de ellas ubicadas en el estado de Chihuahua, como parte de una presunta red de lavado de dinero perteneciente al Cártel de los Beltrán Leyva, vino a poner de relieve, sin que, quizá, fuese el propósito, el fracaso de la “guerra” de Felipe Calderón en contra del narcotráfico.
El gobierno estadounidense informó que congeló los activos en territorio estadounidense de 22 individuos y 10 compañías vinculadas al que cataloga como uno de los cárteles de droga más violentos del país.
Las empresas chihuahuenses señaladas son Servicio Aéreo Leo López, Grupo Santa Chihuahua, Representaciones Intur, Estudios y Proyectos Integrales del Norte, PV Star y Comercializadora Itaka, vinculadas con el empresario Leopoldo Antonio López Grayeb, como presunto operador de dicho cártel.
La inclusión de las empresas vinculadas al empresario chihuahuense implica que todos los bienes y cuentas de su propiedad en los EEUU serán congelados y, además, se les prohibió a los ciudadanos norteamericanos tener trato comercial con ellos.
La diversidad de las empresas presuntamente vinculadas con la “organización Beltrán Leyva” es amplísima, se trata de compañías relacionadas con la transportación de marítimos y aéreos; distribuidores de compañías de electrónicos; negocios de importación y exportación de productos para la salud; consultorías y servicios de hospitalidad. La lista implica a empresas establecidas en Sinaloa, Chiapas, Baja California, Jalisco, Sonora, Estado de México, el Distrito Federal y por supuesto, Chihuahua.
Pueden, o no, equivocarse los gobernantes norteamericanos en cuanto al empresario chihuahuense ahora señalado, lo cierto es que tal noticia abre la coyuntura para rediscutir públicamente las orientaciones, sustento, alcance y logros de la Operación México, que en cada entidad adquirió el rimbombante nombre de Operación Conjunta equis.
En cualquiera de los dos escenarios generados, o por la denominación, o por el carácter específico del fenómeno que ahoga al país en sangre, cualquier estratega de medio pelo les restregaría a los responsables de las operaciones en contra del crimen organizado, en su modalidad del tráfico de drogas (y que ya no se restringe a éste) la falta de acciones destinadas a romper la columna vertebral de las bandas criminales.
No deberá olvidarse que el consumo de drogas, además de ser, evidentemente, un problema de salud pública es, por encima de todas las facetas, un asunto de negocios, de pesos y centavos, y más aquellos que éstos.
Pues bien, dice una máxima de la ciencia penal que en la comisión de un delito se debe seguir la pista del dinero ¿Eso hacen los estrategas de la operación Chihuahua, o los de Hacienda?
Más aún, y abordando el asunto por el lado de la denominación que Calderón decidió usar para obtener una mayor legitimación de su gobierno (según dicen Jorge Castañeda y Rubén Aguilar en su libro “Narco, la guerra fallida”, que comentaremos antes del último día del año), es decir, asumir que en realidad estamos en guerra en contra del narcotráfico, la estrategia adoptada para enfrentarla es para llorar.
En una batalla, o una guerra, además de buscar derrotar al ejército contrario por la vía de ganarle en el campo de batalla, en las confrontaciones directas, es parte esencial tratar de cortarle la línea de abastecimiento, para que ya no lo abastezcan, de ninguna de las cosas necesarias para continuar en la guerra.
Y en este aspecto el dinero ocupa el lugar central de cualquier operación de los cuerpos de seguridad emprendida en contra de las bandas del tráfico de drogas. Al comparar la operación realizada por el gobierno norteamericano en contra de las empresas presuntamente vinculadas con el Cártel de los Beltrán Leyva y las emprendidas en nuestro país, salta a la vista la distinta calidad.
Si los barones mexicanos de la droga conservan prácticamente intactos los circuitos de su dinero, de nada servirá que los cuerpos de seguridad aprehendan a cientos, a miles de jóvenes encargados de la venta al menudeo de las drogas, del traslado de la droga y/o del dinero a los Estados Unidos, de la ejecución de los sicarios de los cárteles contrarios, o que los enfrentamientos entre ellos produzcan, como es el caso, a más de 16 mil ejecuciones en el presente sexenio, si los circuitos de la conservación y reproducción del dinero se conservan intactos.
Las fuerzas policíacas y militares en México han aprehendido a miles de personas, los penales están a reventar de jóvenes acusados de pertenecer, o trabajar para alguno de los cárteles pero ¿Cuántas empresas, de las poderosas, han sido desmanteladas? ¿Cuántas cuentas bancarias, propiedad de los jefes del tráfico de drogas, han sido congeladas?
Mientras no se destruyan los circuitos financieros del narcotráfico, siempre habrá cientos, miles de jóvenes dispuestos a ser contratados por los jefes de los cárteles. Por los resultados pareciera que ninguna autoridad mexicana le sigue el rastro al dinero, o que ningún estratega militar está empeñado en cortarle las líneas de abastecimiento al ejército contrario.
Sirva, sólo para comparar, el episodio de la detención de los hermanos Arriola, a quienes se les señaló (con base en información –por puritita casualidad- de las autoridades norteamericanas) una serie de empresas y cuentas bancarias que fueron congeladas en virtud de considerarlas parte de los circuitos financieros de los presuntos traficantes de drogas.
Por supuesto que enfrentar tal modalidad en contra del narco implica, y muy seriamente, afectar los circuitos financieros de los grandes centros económicos y a una cantidad inmensa de empresas, aparentemente desvinculadas del crimen organizado.
No sería, pues, una novedad, saber de la multitud de funcionarios bancarios y propietarios de los mismos implicados, así como el número de empresas aparentemente sanas en sus finanzas y que en conformación fueron provistas en su momento por las sumas necesarias para iniciar sus operaciones.
Y ese aspecto es central en tal combate pues según registros de la Office of National Drug Control Policy, en 1999 54% de la cocaína hacia EU pasaba por México y Centroamérica, y 43% se trasladaba por el corredor del Caribe. En 2006, la misma agencia estimó que 90% del tráfico hacia los EU es por México y éste se distribuye de la siguiente manera: 66% por el Pacífico mexicano, menos de 1% por Centroamérica y 24% por la península de Yucatán. (Datos contenidos en un estudio de Abraham Hernández Arellano, Investigador y Coordinador del Departamento de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac).
Un análisis elaborado con base en los datos públicos de las Naciones Unidas, la encuesta de consumo de drogas en EU, y reportes de aseguramiento de la PGR permiten establecer que en México existe una oferta de aproximadamente 102 toneladas de cocaína al año. Así, el investigador estimó que el gobierno mexicano, de enero del 2008 a agosto del mismo año, interceptó solo 9.5% (10.746 toneladas) de la cocaína que pasa por el país y que, además, al analizar los precios al mayoreo y menudeo publicados regularmente por la DEA, el Departamento de Justicia, así como la ONU en el World Drug Report, resultó que el precio de la cocaína en el mercado al mayoreo y menudeo en Colombia, México y Estados Unidos en los últimos 2 años ha permanecido sin grandes cambios ¿Y la guerra de Calderón, entonces para qué ha servido?
De acuerdo con el estudio citado, un gramo de cocaína (procedente de Colombia), vendido al menudeo en Estados Unidos, puede generar utilidades hasta de 93 dólares. Si así fuera, resultaría que los narcos mexicanos estarían participando de un negocio que equivaldría, aproximadamente, a poco más de 9 mil 500 millones de dólares al año, cifra que coincidentemente empata con los $10 mil millones de dólares estimados por el gobierno en el lavado de dinero en nuestro país.
Años después, en 2007, la oficina de la DEA en El Paso aseguró que el narcotráfico de drogas en México generaba alrededor de 12 mil millones de dólares anuales, equivalentes a 156 mil millones de pesos.
De ese tamaño es el problema al que ahora se pretende enfrentar con más policías, más pistolas y más patrullas, mientras los circuitos financieros del crimen organizado permanecen prácticamente intactos y la demanda, así como la oferta de estupefacientes, permanecen en los mismos niveles de los años anteriores. Sí, porque, de acuerdo con todas las estimaciones oficiales norteamericanas, el número de consumidores allá no disminuye y la producción de hoja de coca en Colombia ha pasado de 4.7 toneladas por hectárea a 7.3. (Según la misma obra de Castañeda y Aguilar).
Así, pueden las autoridades pasarse toda la vida (ni modo, así decía mi abuelita) presentándonos todos los días a un nuevo grupo de presuntos multisicarios que nada pasará mientras las redes, circuitos y estructura financiera del crimen organizado no sean destruidos y en tanto seguirán apoderándose de cada vez mayores porciones de la sociedad, hasta llegar, como ya sucede en varias regiones, a gobernar abiertamente, o por lo menos, marcarle el ritmo a la vida de numerosas poblaciones o influir poderosamente en la economía de otras… y si una fuerza tiene la hegemonía económica, ya lo sabemos, hasta mi abuelita lo sabía, no hay poder que se le enfrente ¿Será ese el caso?