“Emparejaron” el piso

El Diario, 15 de noviembre de 2015

Luis Javier Valero Flores

Eran muchos los acontecimientos y más las coincidencias. Una muy frecuente pregunta de los más conocedores corría frenética en las tertulias de los chihuahuenses, especialmente los de la capital: ¿Hasta cuándo frenarán, desde la ciudad de México, al grupo gobernante en Chihuahua, en su pretensión de evitar a como dé lugar la posibilidad de que el ex alcalde Marco Adán Quezada pueda contender por la candidatura del PRI al Gobierno de Chihuahua?

¿Hasta cuándo?

No pueden ser meras coincidencias el arribo del sonorense -de un grupo abiertamente distinto al del ex delegado del Comité Nacional del PRI en Chihuahua, Julián Luzanilla- Manlio Fabio Beltrones; el nombramiento del ex gobernador poblano, Melquíades Morales, como delegado regional de la misma instancia, el de José Luis Flores Méndez, como delegado priista en Chihuahua; luego, el nombramiento de Luzanilla como representante del Gobierno de Chihuahua en el DF. 

Luzanilla, semanas atrás, había invitado a una reunión en la Casa de Gobierno a quienes consideró como los únicos aspirantes a la candidatura de su partido.

Su nombramiento en el gobierno estatal denotó claramente la buena relación con el Gobernador César Duarte y, por consecuencia, su imposibilidad a actuar imparcialmente en el proceso designatorio del candidato.

Y mientras todos los aspirantes priistas realizaban actividades políticas encaminadas a obtener más puntos en las encuestas, Quezada se defendía, primero, del intento de la inhabilitación política que pretendía realizar la mayoría del Congreso del Estado y en la semana que termina, del intento de encarcelarlo; ambas acusaciones por el accidente del Aero Show del 2013.

No, no estaba el piso parejo, como lo solicitaba. No soy albañil, le respondió el Gobernador Duarte.

Bueno, pues tal parece que en otros lugares y otras instancias sí se dedican a emparejar los pisos políticos, por lo menos los del interior del partido gobernante en Chihuahua y el país, el PRI.

Porque a la luz de la paupérrima argumentación esgrimida por el agente del Ministerio Público para retirar la solicitud de vinculación a proceso que hizo a Quezada y varios de los ex funcionarios municipales de la administración 2010-2013, -Fernando Rodríguez García, Idelfonso Sepúlveda Márquez, Alfonso Prieto Prieto, Horacio Flores Chávez y Juan Manuel Fuentecillas Noriega- sólo hay lugar para la especulación anterior.

Nada de lo que se ha hecho hasta ahora, desde el poder en cuanto a Quezada, tiene que ver con la aplicación de la justicia en el accidente; ha sido usado exclusivamente con fines políticos y así ha sido resuelto, por lo menos hasta el momento, en cuanto a Marco Adán Quezada.

Patético. El agente del MP, Irving Anchondo Valdez, (no se preocupe, abogado, con los años puede llegar hasta Procurador de Justicia de alguna entidad, el régimen paga bien; puede tardarse, pero paga) arguyó que había obtenido “nuevos elementos de investigación posterior a la audiencia de formulación de imputación” que reestructuran “la teoría del caso” y que debe estudiarlas más detenidamente, en “busca -dijo- del máximo respeto a las personas que sean imputadas”, por lo que retiraba la solicitud de vinculación a proceso de los señalados.

Dejemos atrás la preocupación, nos pidió el Fiscal General, Jorge González Nicolás, no se le está, -dijo- dando carpetazo al caso, la carpeta de investigación sigue abierta.

¿Más coincidencias?

La defensa de Quezada pidió y obtuvo que varios funcionarios del ayuntamiento de Chihuahua, los relacionados con las adquisiciones y licitaciones, fuesen incluidos como testigos, con la excepción del alcalde Javier Garfio, al que el juez excluyó de esa lista, para que declararan acerca de los mecanismos con los que han invertido recursos públicos municipales en la celebración de diversos eventos promovidos por la presidencia municipal, que se ha hecho del mismo modo que lo hiciera la administración municipal de Quezada y demostrar que no es ilegal, y si lo es, bueno, pues todos los funcionarios municipales y estatales que han aprobado la entrega de recursos económicos, con ese mecanismo, debieran ser señalados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y denunciados como ahora lo están los arriba mencionados.

¿Cuáles otros elementos de investigación va a encontrar el agente del MP si la base de la acusación es la auditoría sobre el Aero Show, realizada por la ASE, y la cual muy difícilmente puede aportar nuevos elementos para incriminar a los ahora “desvinculados”?

¿Qué determinó, o quién, o quienes resolvieron el cese del proceso penal en contra de Marco Adán Quezada?

Lo sabremos al paso de los días. No es difícil aventurar hipótesis, dada la extrema calma con la que los defensores y el mismo Quezada recibieron la declaratoria del MP.

Más allá de lo que entusiastas promotores de la candidatura de Quezada pregonan -que tiene cifras extraordinariamente altas en las preferencias electorales, que para el escribiente tienen algo de razón, de acuerdo a la personal percepción, aunque pareciera que el ex alcalde juarense, Héctor Murguía se encuentra en un no muy lejano segundo lugar-, lo cierto es que la desvinculación a proceso, realizada por un agente del MP, luego de meses de reiterados intentos por obstruir las posibilidades electorales de Quezada, choca frontalmente. 

La explicación no deberíamos buscarla en el ámbito de la aplicación de justicia, sino en el de la política. 

Seguramente tienen algo de razón los dirigentes del PAN chihuahuense, cuando dicen que, de acuerdo con sus propias encuestas, se encuentran entre 5 o 6 puntos abajo en las preferencias electorales respecto del PRI, lo que es una gran ventaja para los blanquiazules, pues tradicionalmente arrancan las campañas electorales con hasta 20 puntos de desventaja; ir sólo con la diferencia mencionada indica que los priistas tienen -tendrán- serios problemas electorales.

Y eso sí explica a cabalidad la resolución de la Fiscalía General del viernes anterior, en relación con el ex alcalde capitalino. No debe haber asuntos que enturbien la “unidad” priista y éste, vaya que era un enorme problema. 

A semanas de arrancar la campaña electoral, podía -puede- convertirse en el factor que precipite el triunfo hacia cualquiera de los dos partidos que se disputan el poder en Chihuahua hace más de 30 años.

De ahí la sobriedad de MAQ; sabe de lo que fue necesario realizar -a todos los niveles- para llegar al punto del viernes, pues a pesar de lo que sostengan en público sus abogados, no habrá un nuevo episodio jurídico en su contra, por lo menos en los próximos meses, pues la correlación de fuerzas rumbo a las elecciones se ha hecho presente.

Así, lejos de la aplicación de la justicia para las víctimas y la sociedad chihuahuense, el accidente del Aero Show puede convertirse en otro de los asuntos pendientes de las actuales administraciones -municipal y estatal- pues no ha habido, hasta ahora, una discusión (jurídica) real sobre las responsabilidades de cada uno de los funcionarios involucrados, ni sobre la dimensión de esas responsabilidades; no se ha esclarecido el asunto del seguro del espectáculo y hay un inexplicable retraso en la aplicación de las indemnizaciones a las víctimas, amén de la falta de la reparación -integral- del daño causado, tal y como lo señaló la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al agravio causado a la sociedad con el accidente, se sumaron el del uso político, el del manejo faccioso de las instituciones, el del retraso en la aplicación de la justicia y el ahondamiento del dolor causado a un centenar de familias chihuahuenses.

En aras de las elecciones, una parte de la clase política local ahora pretende que todo eso forme parte del pasado. De ninguna manera, las siguientes administraciones, la estatal y la municipal, así como la nueva legislatura, habrán de darle debido cumplimiento a las demandas de justicia de víctimas y sociedad, en uno de los peores accidentes sufridos por los chihuahuenses y el que, con toda seguridad, ha sido el que ha recibido el peor tratamiento por parte de la autoridad.

Aún falta el proceso electoral, en él, con toda seguridad, el accidente ocupará parte central del discurso de la oposición; que lo traten bien, que actúen consecuentemente, luego, cuando forman parte del gobierno, en el poder, o en la oposición, es lo menos que les podemos exigir.

Si lo hacen solamente para obtener tajadas políticas, le agregarán descrédito, mayor al que ya tienen frente a un buen porcentaje de la sociedad.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF